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El terremoto de este lunes tuvo epicentro en San José de Palmar, Chocó, y sus efectos se sintieron también en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, la misma región del Eje Cafetero que en 1999 fue afectada por el temblor. Según Asocapitales, para las 5:30 de esta mañana ya iban 169 personas fallecidas y más de 900 personas heridas.
Ante la emergencia, el gobierno De La Espriella anunció que habilitará subsidios de arriendo para atender a las familias afectadas por la emergencia en Chocó. En este departamento más de 1.300 viviendas resultaron afectadas.
Ante un desastre como este, surge la pregunta: ¿cómo se financia y organiza la reconstrucción de lo que quedó destruido? Colombia ya vivió una situación similar, y la respuesta que dio entonces puede ofrecer pistas de lo que se necesita ahora.
¿Por qué surgió el Forec?
El 25 de enero de 1999, un terremoto impactó el Eje Cafetero. El entonces presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, coordinó la creación del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec). Este fondo estuvo destinado a la reconstrucción de la infraestructura física, social y económica de los municipios afectados.
Fueron dos los sismos que afectaron esta región, abarcando un área aproximada de 1.360 km². El primer terremoto tuvo una magnitud de 6,2 en la escala de Richter y el segundo, que ocurrió cuatro horas después, tuvo una magnitud de 5,8 en la escala de Richter. Hubo 1.185 fallecidos y 8.523 personas heridas alrededor de los 28 municipios afectados en Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle.
En su momento, “los cálculos de la Cepal indicaron que los daños ascendieron a un total de COP 2,79 billones (USD 1.857 millones)”, indica una investigación de Roberto Gutiérrez de la Universidad de los Andes. El costo económico fue crítico: “Los daños ocasionados por el terremoto correspondieron al 35,3% del PIB de los departamentos del Eje Cafetero y al 2,2% del PIB nacional”.
¿Cómo se organizaron los recursos?
Ahora bien, los recursos económicos del Estado destinados a la reconstrucción de municipios y ciudades fueron organizados por el Forec y se gestionaron a través de procedimientos fiduciarios. “Se logró una instancia de control centralizada que permitió establecer presupuestos y planes de inversión en corto tiempo. Este proceso permitió eliminar la dispersión y la atomización de recursos que se dio en Popayán, Armero y Páez”, dijo en su momento para dicha investigación Santiago Camargo, gerente del Forec de una de las zonas de Armenia.
Una de las áreas asignadas por el Forec fue la Unidad de Subsidios, que tuvo que asegurarse de la distribución de estos, garantizando que cada beneficiario tuviera derecho al subsidio. Se aprobaron en total 73.542 subsidios de reparación, 11.350 para la reconstrucción de vivienda y 11.434 para la reubicación de vivienda. En lo que involucra reparación y reconstrucción, cada persona recibió hasta COP 8 millones.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el gobierno seleccionó 28 universidades, cooperativas, grupos cívicos y asociaciones profesionales para administrar las 32 zonas operacionales establecidas para el programa de reconstrucción”.
Estas organizaciones seleccionaron los proyectos de recuperación y las familias que necesitaban vivienda nueva. “También se ocuparon de aplicar métodos administrativos adecuados, mecanismos para promover la participación de los damnificados en la reconstrucción y salvaguardias ambientales. Por último, hicieron un llamado a licitación para empresas constructoras, a las cuales posteriormente se les adjudicaron contratos para las obras de reconstrucción”, afirman.
Ahora, ¿qué tiene que hacer Colombia hoy? Lo que hay que hacer es estar al lado de los que están levantando escombros y “volver a construir una posibilidad de vida”, dice Everardo Murillo en Caracol Radio, experto en gestión de emergencias que participó en la emergencia reciente en Venezuela y también en la del Eje Cafetero de 1999.
“Aquí se requieren instrumentos rápidos para hacerlo bien y hacerlo al lado de la gente para construir confianza”, agrega. Murillo también afirma que se necesitan recursos para contratar personas que puedan acompañar a las familias afectadas y, sobre todo, acompañamiento psicosocial.
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