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Investigaciones, cortocircuitos y una subasta millonaria. Ese es el panorama en el que se moverá el sector de telecomunicaciones en el segundo semestre del año, durante el cual se adjudicarán 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico para masificar la tecnología LTE (conocida como 4G) con la que los colombianos podrán navegar a mayor velocidad.
Es precisamente por este escenario que han surgido reparos en algunos de los actores de la industria y el Gobierno. Todo se circunscribe a la participación o no de Claro en el proceso, el principal operador móvil del país (con el 61,9% de los usuarios y 85% del tráfico de datos, según cifras oficiales) e investigado actualmente por la SIC tras el reporte de varias irregularidades, la cual critican sus competidores por ser un factor que no otorga garantías a la libre competencia.
“Los usuarios no van a tener opciones diferentes a las de hoy en día”, afirma Jorge Andrés Palacio, presidente de Avantel, empresa que busca aumentar su capacidad para sumar nuevos usuarios en el país. Su posición es secundada por Marc Eichmann, presidente de Une, única empresa que presta hoy el servicio de LTE y la cual le hace fuertes críticas a la gestión adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): “Antes de hacer la subasta más importante de la historia, iguale las condiciones que tenemos los jugadores”.
Sin embargo, sus señalamientos también apuntan a la ejecución del plan vive digital (que busca 8,8 millones de conexiones de banda ancha en internet para 2014), en el que han venido trabajando de la mano: “Hasta ahora el Gobierno no ha desembolsado un solo subsidio. Todo el crecimiento del sector se ha logrado gracias a las inversiones de los operadores”.
Las respuestas de Diego Molano, ministro TIC, no se hacen esperar: “La asignación de LTE ha sido un proceso totalmente transparente, en el que hemos defendido tanto los intereses del país como de los ciudadanos, y no los de las empresas”. Así mismo aseguró que su despacho ya expidió una circular en la que se aprueban recursos por $600.000 millones, que tienen como principal destinatario a la empresa antioqueña.