Gasoductos se harán por convocatoria pública

A pesar de la anunciada reducción de la oferta de gas natural en el país, que según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) se agudizará en 2023, cuando la demanda a su vez aumentará 3,4%, el Gobierno Nacional alista un decreto para centralizar el desarrollo de la infraestructura del transporte de este combustible sin que dependa de los acuerdos del sector privado.

Según explicó el viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, desde el primer semestre de este año uno de los propósitos de la cartera es generar lineamientos para que se construyan activos de confiabilidad en materias de gas natural. “Hemos observado que en algunas oportunidades, en la medida que las redes de transporte se construyen como resultado de las negociaciones que se dan entre los transportadores y los remitentes, no necesariamente la infraestructura se expande al ritmo que la demanda lo requiere”, advierte. 

Por esta razón, en las próximas semanas entrará en vigencia una norma por medio de la cual el ministerio del ramo podrá llevar a cabo convocatorias públicas para realizar estos desarrollos cuando el Gobierno identifique la necesidad de la construcción de gasoductos para atender la creciente demanda de gas del país. La idea es que en esos procesos se establezcan los montos de las inversiones y se diga quién las hará, pues “todo esto va a la tarifa”, explica Erazo.

Actualmente –aunque la demanda ha tenido un crecimiento paulatino, por ejemplo la de gas natural vehicular creció 10% en los últimos cuatro años, de acuerdo con cifras de Promigás– la implementación de nuevos canales de suministro del gas todavía dependen de las negociaciones entre empresarios en las que se deben garantizar contratos de compra del combustible en el largo plazo, de tal forma que las inversiones sean recuperadas.

“Todo el mundo se queja porque dicen que no hay suficientes tubos para el transporte de gas. Sin embargo, el transportador de gas dice que no hay problema en hacerlos, pero que se requieren contratos de largo plazo que nadie quiere firmar. Hay que dar las señales para que el transportador sea remunerado, porque las cosas no se hacen gratis, no se hacen por amor a la patria. La construcción de ese ensamblaje se realiza de tal forma que todo coincida. Es un tema que estamos trabajando con el Ministerio, pero viene la otra cara de la moneda, la disponibilidad del gas”, manifestó el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Jorge Pinto. 

Para miembros del gremio, como el presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), Eduardo Pizano, la iniciativa no tiene ningún problema siempre y cuando el Gobierno garantice que los ganadores de esas convocatorias públicas van a recuperar su inversión. 

“Nadie quiere correr el riesgo de hacer unas inversiones que después no puedan recuperar. Quien se gana la subasta no creo que quiera asumir el riesgo que no han querido tomar las empresas transportadoras de gas. Mientras la metodología actual no sea resuelta por la Creg no habrá nadie interesado en hacerlo. El problema de las redes que no se han construido no es porque las empresas no dan, sino porque la tasa interna de retorno es negativa”, puntualiza Pizano.

A pesar de la anunciada reducción de la oferta de gas natural en el país, que según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) se agudizará en 2023, cuando la demanda a su vez aumentará 3,4%, el Gobierno Nacional alista un decreto para centralizar el desarrollo de la infraestructura del transporte de este combustible sin que dependa de los acuerdos del sector privado.

Según explicó el viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, desde el primer semestre de este año uno de los propósitos de la cartera es generar lineamientos para que se construyan activos de confiabilidad en materias de gas natural. “Hemos observado que en algunas oportunidades, en la medida que las redes de transporte se construyen como resultado de las negociaciones que se dan entre los transportadores y los remitentes, no necesariamente la infraestructura se expande al ritmo que la demanda lo requiere”, advierte. 

Por esta razón, en las próximas semanas entrará en vigencia una norma por medio de la cual el ministerio del ramo podrá llevar a cabo convocatorias públicas para realizar estos desarrollos cuando el Gobierno identifique la necesidad de la construcción de gasoductos para atender la creciente demanda de gas del país. La idea es que en esos procesos se establezcan los montos de las inversiones y se diga quién las hará, pues “todo esto va a la tarifa”, explica Erazo.

Actualmente –aunque la demanda ha tenido un crecimiento paulatino, por ejemplo la de gas natural vehicular creció 10% en los últimos cuatro años, de acuerdo con cifras de Promigás– la implementación de nuevos canales de suministro del gas todavía dependen de las negociaciones entre empresarios en las que se deben garantizar contratos de compra del combustible en el largo plazo, de tal forma que las inversiones sean recuperadas.

“Todo el mundo se queja porque dicen que no hay suficientes tubos para el transporte de gas. Sin embargo, el transportador de gas dice que no hay problema en hacerlos, pero que se requieren contratos de largo plazo que nadie quiere firmar. Hay que dar las señales para que el transportador sea remunerado, porque las cosas no se hacen gratis, no se hacen por amor a la patria. La construcción de ese ensamblaje se realiza de tal forma que todo coincida. Es un tema que estamos trabajando con el Ministerio, pero viene la otra cara de la moneda, la disponibilidad del gas”, manifestó el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Jorge Pinto. 

Para miembros del gremio, como el presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), Eduardo Pizano, la iniciativa no tiene ningún problema siempre y cuando el Gobierno garantice que los ganadores de esas convocatorias públicas van a recuperar su inversión. 

“Nadie quiere correr el riesgo de hacer unas inversiones que después no puedan recuperar. Quien se gana la subasta no creo que quiera asumir el riesgo que no han querido tomar las empresas transportadoras de gas. Mientras la metodología actual no sea resuelta por la Creg no habrá nadie interesado en hacerlo. El problema de las redes que no se han construido no es porque las empresas no dan, sino porque la tasa interna de retorno es negativa”, puntualiza Pizano.