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El operador del mercado eléctrico, XM, confirmó lo que ya se veía venir: ninguna planta generadora se acogió al “menú de corto plazo” establecido en la Resolución CREG 101 066 de 2024.
Este resultado deja en evidencia la desconfianza de la industria frente a la nueva regulación del Gobierno, que busca intervenir los precios de la energía en la bolsa.
Desde diciembre de 2024, los gremios del sector alertaron sobre los riesgos que esta reforma representa para la seguridad energética del país y la viabilidad de futuras inversiones. Según Acolgen, Andesco, Andeg y más gremios del sector eléctrico, la medida pone en riesgo la seguridad energética del país y aumenta el riesgo de racionamientos en los próximos años.
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Pero ¿cuál es el origen del problema? En principio, la reforma de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en 2024 a un nuevo modelo de precios para la generación eléctrica. Tradicionalmente, todas las plantas funcionaban con un único “precio de escasez”, es decir, un valor de referencia que se activaba cuando la oferta de energía era insuficiente. Con la nueva norma, se crearon dos categorías de generadores:
- Plantas de precios bajos: aquellas que operan con recursos renovables o carbón, y que ahora tienen un tope tarifario más reducido (de $945 kWh a $359 kWh).
- Plantas de precios altos: las que dependen de combustibles más costosos, como gas importado o diésel, cuyo precio de escasez se mantiene sin cambios.
El menú de corto plazo introducido en esta resolución era un mecanismo voluntario en el que los generadores podían acogerse a las nuevas tarifas a cambio de ciertos incentivos financieros.
Sin embargo, ninguna planta lo consideró viable.
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El rechazo de la industria no es casualidad. Desde el inicio, gremios como Acolgen, Andesco, Andeg y Naturgas criticaron la medida, argumentando que, en primer lugar, desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación. Con menos incentivos para la contratación a largo plazo, el desarrollo de plantas renovables e hídricas podría estancarse.
Además, pone en riesgo la seguridad energética. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y XM ya han advertido sobre un posible déficit de energía firme para 2026-2027, lo que aumenta el riesgo de racionamientos.
Y elimina la señal de escasez. Este mecanismo ha permitido gestionar los recursos energéticos en épocas de sequía. Sin él, el sistema podría volverse más vulnerable ante fenómenos climáticos extremos como El Niño.
Los gremios calculan que, si no se revisa la normativa, el país podría enfrentar un sistema eléctrico más frágil y con precios inestables en los próximos años.
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¿Qué dijo el Gobierno?
El 20 de febrero de 2025, XM anunció que la nueva fórmula tarifaria comenzará a aplicarse en marzo, asegurando que cuenta con el tiempo necesario para su implementación.
La declaración se dio en respuesta a una advertencia del presidente Gustavo Petro, quien amenazó con intervenir XM si no aplicaba el modelo de la CREG de manera inmediata.
Los gremios del sector reaccionaron pidiendo “mesura y responsabilidad” al Gobierno, ya que consideran que este tipo de decisiones pueden generar efectos adversos en las tarifas y el abastecimiento a largo plazo.
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El impacto en las tarifas y en la inversión en energía
La gran pregunta es qué efecto tendrá esta medida en las facturas de los hogares y en la inversión energética.
Expertos como Ángela María Sarmiento, directora del Centro de Estudios de Energía Renovable y Agua (CEERA), han señalado que la reducción de precios en la bolsa no impactará significativamente las tarifas finales, ya que, por un lado, solo 20 % de la energía consumida en Colombia se negocia en la bolsa, mientras que el resto proviene de contratos de largo plazo.
Y, por otro lado, el precio de la energía representa solo 35 % del costo total de la factura. Otros factores, como los costos de transmisión y distribución, pesan más en el valor final.
Por otro lado, la reducción en las tarifas para las plantas de precios bajos podría hacer inviables proyectos como pequeñas hidroeléctricas y otras renovables, lo que afectaría la diversificación de la matriz energética.
En diciembre, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, advirtió que la aplicación de la nueva regulación dependerá de la decisión de cada generador.
La única forma en que será obligatoria es cuando entren en vigor nuevas asignaciones del cargo por confiabilidad en 2028.
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