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El Ministerio de Minas y Energía decidió juntar varias bolsas de recursos para el sector energía en un solo fondo y mover desde ahí la expansión del servicio, con el fin de disminuir la brecha en los hogares: más de 1,8 millones de viviendas en Colombia siguen sin acceso a energía eléctrica.
El Decreto 0375 de 2026 pone en marcha Fonenergía, un fondo que concentrará la financiación para llevar luz y gas a zonas donde el mercado nunca llegó o llegó a medias. “El país da un paso decisivo para cerrar las brechas en el acceso a la energía”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al presentar la medida. “Hoy más de 1,8 millones de hogares siguen sin este servicio esencial”.
El fondo no nace de cero. Su creación viene desde la Ley 2099 de 2021 y fue reconfigurada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que ordenó fusionar varios instrumentos existentes bajo una sola bolsa.
El nuevo esquema absorbe mecanismos que venían operando por separado: FAER, FAZNI, PRONE y el Fondo de Gas. Cada uno tenía reglas, tiempos y prioridades distintas. Ahora todo queda bajo una sola estructura que, en papel, promete menos dispersión y más velocidad en la ejecución.
La integración también concentra decisiones. Antes, cada fondo tenía objetivos delimitados y cierta trazabilidad sobre su ejecución. Con la unificación, esa especialización se diluye y la priorización queda sujeta a una sola instancia, lo que puede acelerar proyectos, pero también reducir los contrapesos técnicos que existían entre instrumentos.
La apuesta del Ejecutivo es ordenar la caja. “Con este fondo unificamos recursos, optimizamos la gestión y enfocamos la inversión en llevar energía donde hoy no la hay”, insistió Palma. El objetivo es financiar proyectos de electrificación, gasificación y también la normalización de redes en barrios y zonas rurales, donde el servicio existe de forma precaria o informal.
El decreto define a Fonenergía como un “fondo cuenta especial sin personería jurídica”, administrado por el Ministerio, que decidirá qué proyectos se priorizan y cómo se ejecutan los recursos.
El fondo podrá mezclar dinero de la Nación, aportes territoriales, recursos de empresas de servicios públicos y cooperación internacional. También suma contribuciones del sector eléctrico y de gas que ya existían.
El Gobierno proyecta inversiones cercanas a COP 3,7 billones hasta 2030. El alcance, al menos en esta primera estimación, es más acotado que el problema: unos 300.000 beneficiarios, cerca de 100.000 familias.
Parte de esos recursos provienen de contribuciones que ya pagan los usuarios del sistema eléctrico y de gas, incluidas cargas sobre la energía transportada y comercializada en el mercado mayorista.
El rezago es más amplio
Casi un millón de los hogares sin electricidad están en zonas rurales y más de 843.000 en áreas urbanas. Por ello, el enfoque del Gobierno es intervenir tanto territorios no interconectados como redes urbanas que nunca se formalizaron del todo.
El Decreto también habilita inversiones en acometidas, redes internas y soluciones con fuentes no convencionales, además de permitir atención a emergencias en zonas aisladas.
Los activos que se construyan con estos recursos quedarán inicialmente en cabeza del Ministerio, “en proporción a su aporte”, hasta que sean transferidos a los operadores del servicio. La transferencia posterior a empresas prestadoras será gratuita, señala el Decreto, pero dependerá de condiciones aún por reglamentar en detalle.
El fondo operará con dos subcuentas separadas, una para energía eléctrica y otra para gas. No se podrán cruzar recursos entre ellas. Cada peso tendrá destino marcado, al menos en papel.
En paralelo, se crea un comité de administración dentro del Ministerio, con cinco miembros y capacidad de aprobar o frenar proyectos. Entre ellos, el jefe de la cartera, el viceministro de Energía, el director de Energía Eléctrica, el director de Hidrocarburos y el secretario general. También habrá un equipo técnico encargado de evaluar iniciativas, hacer seguimiento y proyectar ingresos.
No hay participación directa de entes territoriales ni de actores independientes en la toma de decisiones.
Por último, el fondo incorpora un componente climático. Los proyectos que financie podrán registrarse como iniciativas de reducción de emisiones, y los beneficios asociados quedarán en cabeza del Estado.
“Esto no es solo un fondo. Es una apuesta por el cierre de brechas y por la dignidad de millones de colombianos”, afirmó el ministro. “La energía no es un privilegio”.
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