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El Gobierno Nacional creó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) como una herramienta para blindar los suelos agrícolas del país. Estas, a grandes rasgos, son zonas donde la producción de alimentos tiene prioridad sobre otras actividades económicas, incluida la minería.
La figura nació con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro y ya hay áreas declaradas en La Guajira, Cundinamarca, Tolima y Antioquia. Pero la forma en que el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) están implementando esas áreas tiene problemas. Eso es lo que advirtió este martes la Contraloría General de la República.
El organismo de control fiscal emitió una “advertencia especial” al Ministerio de Agricultura y a la UPRA por los riesgos evidenciados en la implementación de las APPA y de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), que son las zonas preliminares que anteceden a la declaratoria definitiva de un APPA.
El organismo identificó riesgos de carácter jurídico, fiscal, presupuestal, ambiental, operativo y de gobernanza que, según advirtió, podrían comprometer la consistencia técnica, financiera e institucional del proceso.
Las fallas en las APPA
El organismo de control advirtió que la implementación de las APPA no puede limitarse a expedir actos administrativos ni a delimitar zonas en un mapa. Exige, según la Contraloría, una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los presupuestos sectoriales y los mecanismos de seguimiento.
En materia jurídica, el organismo señaló la falta de procedimientos claros y de coordinación entre las entidades nacionales y los entes territoriales. Esa insuficiencia, advirtió, puede generar incertidumbre sobre la aplicación del debido proceso, la delimitación de las áreas y la armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial.
La Contraloría también llamó la atención sobre la ausencia de una programación clara en el uso del suelo y las actividades productivas. “Las restricciones derivadas de la declaratoria de APPA pueden impactar sectores económicos estratégicos, especialmente actividades como la exploración y explotación minera cuando se desarrollan en territorios delimitados bajo esta figura”, indicó la entidad a través de un comunicado.
Y desde el punto de vista ambiental, el organismo destacó la necesidad de integrar criterios de gestión del riesgo de desastres, cambio climático y protección de ecosistemas.
Omitir todos estos elementos, advirtió la Contraloría, puede llevar a decisiones incompatibles con la realidad del territorio.
Por estos moticos, el organismo instó al Ministerio de Agricultura y a la UPRA a adoptar medidas “inmediatas, coordinadas y técnicamente fundamentadas” para mitigar los riesgos que detalló en su comunicado.
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