Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tras la orden que impartió el Consejo de Estado sobre expedir un nuevo decreto, con una cifra transitoria de incremento de salario mínimo, el presidente Gustavo Petro citó a la comisión de concertación de políticas salariales y laborales.
En esta tienen asiento el Gobierno (representado por el Ministerio de Trabajo), centrales obreras (CUT, CGT y CTC) y gremios (ANDI, Acopi, Fenalco y la SAC).
La intención, anunciada en la noche del domingo por el presidente Petro, es buscar un acuerdo que beneficie a trabajadores, empleadores y economía en general. Por esto es que también se contó con la participación del Ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Tras la reunión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que se consiguió una opinión mayoritaria en defender el incremento del 23 % (23,7 % si se tiene en cuenta el ajuste que se le hizo al subsidio de transporte). Es decir, no solo el Gobierno lo considera conveniente, sino también los gremios y las centrales obreras.
“Esta es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Se basa en no generar ni incentivar incertidumbres en el mercado colombiano, toda vez que este ingreso ya ha sido incorporado en las dinámicas empresariales”, aseguró Sanguino.
Fenalco advirtió que este incremento podría implicar una pérdida de más de 700.000 empleos formales. Para mitigar este riesgo, el ministro Ávila aseguró que se buscará la implementación de líneas de crédito con tasas favorables para las micro, pequeñas y medianas empresas; además de refuerzos al programa de fomento para el empleo que tiene el Ministerio del Trabajo.
Ávila también señaló que para el Gobierno el salario vital es un derecho ya adquirido, por lo que resulta inconveniente reversarlo.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en representación del Comando Nacional Unitario, señaló que el decreto expedido por el Gobierno tiene todas las garantías legales, y hoy beneficia directamente a cerca de 3 millones de trabajadores, así como 1,2 millones de pensionados.
A su turno, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, insistió en que esta medida golpea con severidad a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas.
Cuestionó el hecho de que ahora el Gobierno sí esté interesado en ofrecer ayudas a los empresarios, y resaltó que la informalidad se convierte en un reto mayúsculo para el mercado laboral, pues se eleva el umbral para cotizar al sistema de seguridad social.
“En la más reciente encuesta que hicimos, encontramos que el 71 % de las mipymes estaban en proceso de despedir o ya lo habían hecho, mientras que el 8 % ya habían cerrado o están cerrando parcialmente (disminución en puntos de venta)”, concluyó Cabal, al mostrar los impactos que ya estaría generando este salario mínimo.
Aunque esta reunión no era estrictamente necesaria, al Gobierno le pareció adecuado adelantarla, para así incorporar estas opiniones en el decreto que expedirán en los próximos días.
“La conversación fue fluida, respetuosa, franca, tanto del lado de los trabajadores como de los gremios. Cada uno tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones, tanto del auto del Consejo de Estado como de las circunstancias económicas del país”, añadió Sanguino.
El llamado del Consejo de Estado
El alto tribunal aceptó las demandas presentadas, desde diversas organizaciones, contra el decreto que expidió el presidente Petro para el alza del salario mínimo. El argumento principal es que la medida no cumplía con las variables técnicas que establece la Ley 278 de 1996, es decir: inflación proyectada, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
En su lugar, el Gobierno adoptó otra variable, la del salario mínimo vital. Según un estudio adelantado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo que recibían los trabajadores en 2025, se encontraba un 28 % por debajo de lo que deberían recibir para cubrir sus necesidades más básicas, y las de sus familias (que es lo que persigue el salario mínimo vital).
Con base en esa información es que se adoptó el 23 %, pues para el Gobierno, como lo señaló días atrás el ministro Antonio Sanguino, un 28 % de incremento resultaba excesivo.
Aún así, el presidente Gustavo Petro insiste en que un alza del 23 % no solo cuenta con un sustento técnico (que es el mencionado estudio de la OIT) sino jurídico, pues la sentencia C815 de 1999, y el artículo 53 de la Constitución, ordenan la búsqueda de una remuneración mínima, vital y móvil.
El mayor mandatario anunció que acatará la orden del Consejo de Estado, pero que defenderá el incremento del 23 %. Por lo que se espera que vuelva a presentar la misma cifra, pero mejor sustentada.
¿Por qué un aumento de 23 % en el salario mínimo?
Ahora bien, por sorpresivo que haya sido, hay que aclarar que el aumento de 23 % tampoco salió de un sombrero mágico, junto con un conejo y dos zanahorias.
Tanto el presidente Petro como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sustentaron en reiteradas ocasiones que el alza de 23 % provino de un cálculo técnico basado en la recomendación que este año le hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales acerca del llamado “salario vital”, una referencia distinta al salario mínimo legal, ya que mide el ingreso necesario para garantizar el acceso real a la canasta básica familiar.
Según lo explicado por el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, se estableció que como mínimo un adulto debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra llega a los COP 1.288.654. En costos de vivienda (durabilidad, espacio, instalaciones y accesorios), tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de los servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.
Finalmente están los rubros de salud, educación y otros gastos esenciales (transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones). Por persona son COP 154.606, mientras que las otras necesidades del hogar suman COP 827.549.
En suma, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960. Lo que el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras sostienen con estas cifras es que el ingreso más básico que hoy reciben los trabajadores en Colombia está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como un umbral mínimo.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
