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Nuevos ajustes en el desarrollo energético. Durante el “8.º Encuentro y Feria Renovables Latam”, el Gobierno anunció que los proyectos de energía renovable de hasta 100 megavatios podrían quedar exentos del requisito de licencias ambientales. Al menos, por el avance de un estudio al respecto que pretende destrabar los retrasos en la ejecución de proyectos en favor de la transición energética.
Durante años, las energías limpias han chocado con un cambio en la voluntad política inversamente proporcional a la velocidad con que se aprueban los trámites. Mucha emoción, pocas firmas. Hoy, 52 % de los proyectos de energías renovables permanece detenido, aseguró el ministro de Energía, Edwin Palma, lo que atrapa en el limbo a las corporaciones autónomas regionales.
“Hay dos rutas, una porque puede haber corrupción en estas corporaciones, pues vamos a pedir a la Procuraduría General de la Nación que haga lo que le corresponde, y otras porque han señalado que no tienen recursos para hacer el trabajo y para proceder a licenciamiento”, dijo Palma.
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En 2023, los efectos de las trabas causaron la suspensión indefinida de la construcción del parque eólico Windpeshi, en La Guajira. Después, la empresa EDF Renewables retiró dos proyectos renovables en Cundinamarca por los retrasos en los permisos.
El año siguiente, el Grupo de Energía de Bogotá señalo que las barreras burocráticas en temas de licenciamiento ambiental no permiten aprovechar el potencial del país. “No tiene sentido que una regulación que estaba hecha para prevenir el derrame de petróleo o la contaminación de la minería, se le aplique a un proyecto eólico, solar o a una línea de transmisión. Bloquear lo que puede solucionar los problemas es castrarnos la posibilidad de aprovechar la oportunidad que tenemos”, mencionó presidente Juan Carlos Ortega.
Sin embargo, la carrera por la energía renovable se mantiene en pie. En abril, Celsia, la filial energética de Grupo Argos, adquirió un portafolio de 675 megavatios (MW) a la multinacional Mainstream Renewable Power. Se trata de cinco proyectos: tres solares y dos eólicos, distribuidos entre Sucre, Córdoba, Casanare y La Guajira. Con ellos estará más cerca de cruzar la meta de 1.000 WM de energías renovables no convencionales antes de que termine 2027.
Una semana atrás, Ecopetrol anunció que entraba al negocio eólico en La Guajira para construir el parque Jemeiwaa Ka’l con AES Colombia. La petrolera adquirió 49 % de la participación de un portafolio de seis parques eólicos que suman 1,1 gigavatios. Una cifra que equivale al consumo promedio de cerca de un millón de hogares colombianos.
Ayer, la petrolera señaló la compra de nueve proyectos (en manos de 10 compañías), de los cuales tres son de energía eólica y seis solares.
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Este tipo de posibilidades se debe a un problema de vieja data, aunque ha tomado más fuerza en años recientes debido a las reiteradas trabas en los trámites ambientales. En marzo de 2024, la Procuraduría convocó al viceministro de Energía, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
El objetivo, por supuesto, revisar los cuellos de botella de estos trámites y sus dificultades normativas. La reunión concluyó en que falta más articulación de las instituciones públicas, “teniendo en cuenta el papel relevante que cumplen para la puesta en operación de los proyectos para energías alternativas a la eléctrica y a la de hidrocarburos, como el carbón, que tradicionalmente se ha utilizado en el país”.
Con este escenario, la exoneración de licencias ambientales para proyectos de hasta 100 MW es una desbloqueo a una arteria clave para que fluyan las inversiones y ejecuciones de los proyectos energéticos.
Cada día de espera truncado, sin la firma que corresponde, cuesta millones para las empresas. Además, la presión climática exige un sistema de energía robusto.
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La decisión de levantar licencias ambientales para ciertos proyectos podría ser la llave para liberar más de 100 iniciativas que hoy no producen ni un kilovatio, pero que ya están en planos y acuerdos financieros.
Esto podría estabilizar las tarifas de energía en regiones donde hoy duplican el promedio nacional, y donde los apagones son una amenaza latente, como en la región Caribe.
Las licencias ambientales, pese a su burocracia, existen por una razón: evitar que el desarrollo energético pase por encima de ecosistemas sensibles o comunidades vulnerables.
Aquí, sin embargo, entra en juego la estrategia del gobierno 6G plus, un equipo creado por orden presidencial para identificar los cuellos de botella y, de ser necesario, cortar de raíz lo que no esté justificadamente detenido.
“Nosotros, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos donde tenemos los recursos, vamos a ver cómo apoyamos a esas corporaciones para poder destrabar estos proyectos que están detenidos. Hay operadores de red que se oponen a que podamos ingresar proyectos”, afirmó el ministro Palma.
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Según la cartera de Energía, el país tiene más de 100 proyectos de energías limpias actualmente paralizados, y el rango de capacidad hasta 100 MW, si bien no es una megaobra, sí es lo suficientemente grande para abastecer decenas de miles de hogares.
La Unidad de Planeación Minero Energética, encargada de la expansión eléctrica, trabaja ahora en una “liberatón” para identificar qué proyectos son viables, cuáles son humo y cuáles necesitan reubicación.
Por último, Palma llamó a construir una gran mesa nacional con expertos del sector para pensar colectivamente cómo garantizar tarifas justas y un sistema sostenible.
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