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Tras semanas de presión por parte del gremio arrocero y en medio de un paro que bloqueó el acceso al Llano por 11 días, el Gobierno expidió la resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, fijando un precio mínimo por tonelada en cinco regiones del país.
La titular de la cartera, Martha Carvajalino, explicó que el acto administrativo se inscribe en una estrategia integral que incluye la regulación del arroz blanco en libertad regulada; un plan de choque contra el contrabando coordinado con la DIAN y la Polfa; y posibles medidas de defensa comercial, evaluadas por el Ministerio de Comercio.
La decisión —técnicamente compleja, políticamente sensible y económicamente determinante— busca amortiguar la caída de ingresos de los productores y frenar distorsiones provocadas por el contrabando y la especulación. Uno de los puntos en que coincidían las sospechas del Ministerio de Agricultura y los productores, entre otros de vieja data como el contrabando y el exceso de áreas de siembra.
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¿Qué implica la medida?
En la práctica, establece un piso obligatorio para la compra de arroz paddy verde, es decir, el arroz en cáscara sin procesar, que constituye la base de la cosecha nacional.
La medida, en ese sentido, cumple con el punto más importante del acuerdo con los arroceros frente a la sobreoferta de arroz.
Este nuevo régimen no congela precios, pero sí limita el margen de caída, obligando a los compradores a reportar semanalmente en Siriarroz (la plataforma oficial) las condiciones de sus adquisiciones: precio pagado, volumen, lugar, molino o planta de destino y tipo de financiamiento.
Esta medida es transitoria y excepcional, pero abre un giro en el vaivén del sector arrocero, que pasó por un esquema de libertad total a un modelo regulado en costos reales, calculados por región.
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Así quedaron los precios mínimos por tonelada y por región:
- Centro: $1.589.489
- Santanderes: $1.555.398
- Costa Norte: $1.512.785
- Bajo Cauca: $1.491.478
- Llanos: $1.457.387
Estas cifras, que se ubican por encima de los precios pagados por el mercado en las últimas semanas, pretenden proteger la rentabilidad mínima del productor, en un momento en que los costos de insumos, fletes y mano de obra se mantienen al alza, pero el precio de compra venía en caída.
Según cifras de la ANDI, en 2024, las siembras alcanzaron un récord histórico de 631.000 hectáreas, lo que generó el mayor nivel de inventarios registrado.
En junio de este año, las existencias de arroz eran 92 % superiores en comparación al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Bolsa Mercantil de Colombia. Más del doble recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo de Arroz.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, señaló que su despacho ya evalúa instrumentos para frenar importaciones irregulares de arroz a precios artificialmente bajos, que distorsionan el mercado interno y agravan la situación del productor colombiano.
La resolución fue avalada previamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, que conceptuó favorablemente sobre su legalidad, siempre que sirva a fines constitucionales como la protección al campesinado, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural integral.
El precio mínimo queda fijado desde el momento en que se publica la resolución (1 de agosto), sin embargo, hay empresas de la industria que decidieron cerrar compras. Ese es el caso de Diana, pues este medio conoció que quedaron 200 carros afuera con producto.
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¿Y si no se cumple?
Los compradores que omitan o manipulen la información en Siriarroz podrían ser investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio, que será notificada de cualquier incumplimiento al régimen de precios mínimos.
Pero más allá de la fiscalización, lo que el Gobierno espera es que este mecanismo sirva de puente para reactivar un acuerdo de cadena que devuelva estabilidad y sostenibilidad al sector arrocero, hoy en estado de tensión.
Para vigilar la aplicación de la resolución, el Ministerio de Agricultura estará haciendo monitoreo desde temprano este sábado.
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