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El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que busca limitar quiénes pueden acceder a la exención de la sobretasa eléctrica, un recargo que pagan ciertos sectores productivos y los hogares de estratos altos para financiar los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3.
La propuesta concentraría el beneficio únicamente en las industrias manufactureras y dejaría por fuera a sectores como el agro, la minería y la construcción.
Con este ajuste, el Gobierno espera reducir el costo fiscal de las exenciones de cerca de $3 billones a $1,8 billones anuales, lo que significaría un ahorro de $1,2 billones para aliviar las finanzas públicas.
Los sectores que perderían la exención
De acuerdo con el documento, la modificación se apoya en la definición de industria de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que reconoce como industriales únicamente a quienes transforman materias primas en nuevos productos.
Bajo ese criterio, solo las manufacturas conservarían la exención de la sobretasa. En contraste, las empresas dedicadas a actividades como agricultura, minería, construcción, información y comunicaciones, así como el suministro de electricidad, gas y agua deberán volver a asumir este recargo en sus facturas de energía.
Según la justificación que acompaña a este proyecto de decreto, la eliminación de la exención de la sobretasa eléctrica tendría impactos distintos en cada rama de actividad.
Para calcularlos, el Minhacienda simuló un aumento del 20 % en los costos de energía con el fin de medir la sensibilidad de cada sector. Bajo ese escenario, el mayor efecto se daría en la industria manufacturera, que enfrentaría un alza de 0,31 % en sus costos de producción si tuviera que pagar el recargo. Precisamente por eso, el borrador mantiene la exención para este sector.
En contraste, los aumentos serían de 0,18 % para minas y canteras, 0,13 % para agro, 0,09 % para construcción, 0,06 % para información y comunicaciones, y 0,03 % para el suministro de electricidad, gas y agua.
Efecto en las finanzas del Estado
El Ministerio de Hacienda calcula que, al limitar la exención de la sobretasa eléctrica únicamente a las manufacturas, el costo fiscal de este beneficio se reduciría de unos $3 billones a $1,8 billones al año.
“Esto no solo tiene beneficios positivos para la Nación, sino que significa un mejor flujo de caja para las empresas comercializadoras, quienes son las encargadas de recoger estas contribuciones”, se lee en el proyecto de decreto.
En la práctica, esto representaría un ahorro cercano a $1,2 billones, recursos que hoy deben salir del Presupuesto General de la Nación para cubrir los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3.
Así las cosas, el Gobierno pretende aliviar las presiones sobre las cuentas públicas y disminuir el creciente déficit del Fondo de Solidaridad para Subsidios.
¿Por qué las manufacturas será la única actividad exenta?
El borrador señala que, si la manufactura llegara a pagar la sobretasa, sus costos de producción aumentarían en 0,31 %, el impacto más alto entre todos los sectores.
Esto se debe a que es una actividad intensiva en consumo de energía y con fuertes encadenamientos productivos. De ahí que, para evitar un golpe adicional a su competitividad, el decreto mantiene la exención únicamente a este sector.
El Ministerio de Hacienda argumenta, además, que la manufactura ha perdido peso en la economía, pasó de aportar el 22,8 % del PIB en 1975 al 11,1 % en 2024, por lo que requiere mayor protección.
En contraste, sectores como minería, agro y construcción presentan márgenes de rentabilidad más amplios o reciben otros beneficios tributarios, lo que les daría más espacio para asumir el recargo.
¿Cómo solicitar la exención en sobretasa de energía?
El proyecto de decreto también endurecería las condiciones para acceder al beneficio de exención en la sobretasa de energía. Los usuarios industriales deberán acreditar que su actividad principal corresponde a los códigos CIIU 101 al 332 en el Registro Único Tributario (RUT), presentar solicitudes formales ante las empresas de energía y actualizar su información cada seis meses.
Si no cumplen con estos requisitos, la exención será suspendida. Además, las prestadoras de energía tendrán que verificar la información y reportarla a la Superintendencia de Servicios Públicos, que será la encargada de vigilar la correcta aplicación del beneficio.
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