Gobierno, listo para asumir la Ruta del Sol 2

De a poco. Así se han venido dando las decisiones sobre el contrato de la Ruta del Sol sector 2, que resultó en el ojo del huracán después de que el socio mayoritario del concesionario encargado de la obra, la brasileña Odebrecht, confesara que dio sobornos por más de US$11 millones en Colombia a altos funcionarios públicos para lograr quedarse con millonarios contratos de infraestructura en el país.

Por un lado, los empresarios, banqueros y socios (Grupo Aval con Corficolombiana) de la corrupta firma brasileña han salido a declararse víctimas. La Procuraduría, la Fiscalía, tribunales, abogados, una exministra, un exviceministro, un excongresista y hasta las campañas presidenciales han tenido que ver con el escándalo. Y a este rosario de páginas escritas en un capítulo negro para el país se acaba de sumar una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que, por medio de medidas cautelares, exigió la terminación y liquidación del contrato.

Entonces, ¿qué pasará jurídicamente con la obra de más de 500 kilómetros, necesaria para que el país se desatrase de los 30 años que tiene perdidos en el desarrollo de infraestructura? Por ahora, y de acuerdo con un abogado especialista en el sector de infraestructura que pidió no ser nombrado, “la decisión de la SIC es la mejor para el país, porque deja en segundo plano la que había tomado el Tribunal de Cundinamarca, que tan sólo fue una suspensión, y corta de raíz el problema. Ya no hay nada que proceder. Se liquida y listo”.

Del otro lado está el tema operativo, y es donde aparece el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. “En paralelo a las investigaciones penales a las que haya lugar, en paralelo a cualquier acto administrativo que venga tras la nulidad o declaratoria de nulidad del proyecto, estábamos trabajando en un plan. Teníamos claro que podríamos concertar con el juez y la Procuraduría en la entrega parcial y tranquila por parte del concesionario y que en junio podríamos tomar el control e iniciar el proceso licitatorio. Sin embargo, y ante estas circunstancias, nos tenemos que adelantar en el tiempo”.

Eso quiere decir que la ANI e Invías ya venían trabajando con el interventor revisando cada tramo. El plan es tomar los tramos que tienen avance fuerte y acabarlos, luego de valorarlos.

Así que “si mañana nos tocara asumir el control, el Invías ya lo puede hacer. Estamos preparados para operar el peaje, la operación misma de la vía. Ya estaría antes de 10 días el proceso de selección abreviada y los recursos para hacerlo. Antes de un mes debe estar listo un traslado presupuestal de unos $400.000 millones (que si revisamos es un recurso igual o superior al que invirtió el concesionario el año pasado). Antes de dos meses y medio o tres estaríamos adjudicando, y en el segundo semestre ejecutando como debe ser el proyecto”. Rojas prometió que el Gobierno va a sacar adelante el proyecto y que los 3.000 empleados que tiene la obra serán prioridad.