“Gobierno quiere estimular el agro, pero da garrotazos”: Jens Mesa

Jens Mesa, presidente ejecutivo de Fedepalma. / David Campuzano

La próxima semana se llevará a cabo la edición 44 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Uno de los temas centrales del encuentro serán los 25 años del Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), que en su momento fue creado para combatir la enfermedad que pudre los cogollos de la palma. Es un problema devastador para los cultivos que, a través de la investigación, está cada vez más cerca de ser resuelto.

El presidente del gremio de los palmicultores, Jens Mesa, aseguró que las discusiones del encuentro apuntarán a cómo aumentar la productividad, promover la asociatividad para generar economía de escala y buscar la sostenibilidad, algo que cada vez más exige el mercado internacional. En entrevista con El Espectador esbozó las críticas que tiene a la política comercial y de tierras del Gobierno.

¿Cómo evalúa hasta ahora la apuesta más grande que hoy tiene el Ministerio de Agricultura, el plan Colombia Siembra?

Hemos señalado algo que algunos no les gusta: la realidad es que la decisión de sembrar no es del gremio sino del productor, quien pondrá el dinero y lo arriesgará, porque es esta es una actividad a 30 años y no hay garantías sobre qué pasara en el futuro. La inversión se mueve en función de las expectativas y éstas a su vez se derivan de las condiciones del entorno productivo. Allí hay muchos nubarrones. Antes que seguir sembrando de forma indiscriminada, necesitamos intensificar esta actividad, consolidarla. Hay cultivos con bajas o medianas productividades, hay que ver cómo se ayuda a que reduzcan sus costos y sean viables. Estamos en una campaña para que antes de sembrar, el productor haga sus cuentas y vea si el negocio es viable. Hay más de 50.000 hectáreas que se perdieron con la enfermedad de pudrición del cogollo y no se han recuperado, esencialmente porque hay productores que lo perdieron todo y requieren apoyo del Estado. Se recuperaría el progreso de municipios como Puerto Wilches, Cantagallo o Tumaco. Si no se recuperan, mal haríamos en seguir promoviendo siembras indiscriminadas. Estamos con el Gobierno y confiamos en que se viabilizarán los paquetes de medidas para recuperar esos cultivos. Entonces tendremos cabeza para pensar en otras cosas.

¿Cómo se ha discutido la medida que hace poco desmontó el arancel para importar aceites y grasas?

El Gobierno tomó esa medida unilateralmente. Nos parece que es un rompimiento abrupto frente a la política de gradualidad que desde hace más de veinte años se ha venido trabajando para la desgravación arancelaria. Este sector ha estado comprometido con la apertura económica, porque corresponde con nuestra apertura productiva y comercial. Venimos aumentando volúmenes de producción, creciendo en exportaciones. Tiene que haber un balance entre mercado local y exportación y por eso hemos participado en los TLC que tiene el país. Si ya está pactando cómo se dará el desmonte, nos parece mal que el Gobierno de forma unilateral y abrupta desmonte lo que quedaba de los programas. A pesar de que la medida aplica seis meses, la cuenta que hemos sacado es que los productores en más de 125 municipios, muchos que son los más necesitados, perdieron cerca de $220.000 millones. Confiamos en que el Gobierno retorne las reglas de juego. Uno no puede calificar menos que contradictorio el que por un lado se quiera estimular al sector productivo y por otro se den garrotazos como este.

Está por salir la reglamentación de las zidres. ¿En qué trabajan como gremio para cuando salga?

El monitoreo lo hemos tratado de hacer de la mano de otros gremios en la Sociedad de Agricultores de Colombia para que esa ley salga adelante. Confiamos en que el fallo de constitucionalidad será favorable, porque la ley se necesita. En el país sigue una problemática sobre las tierras rurales. Hay gran inseguridad jurídica sobre ellas. Hoy un predio rural difícilmente se compra o se vende, porque hay una interpretación que a todas luces es de lo más absurdo que a uno se le puede ocurrir, pero, como dicen, estamos en la viña del señor, donde cosas como esas suceden: sobre la Ley 160 de 1994, a alguna Corte se le ocurrió que se puede aplicar con retroactividad. Nadie entiende esa lógica ni desde lo jurídico ni desde lo económico.

Hemos visto que otros gremios tienen un posición clara sobre la política de restitución. ¿Qué opina Fedepalma?

No hay ninguna duda de que el Estado tiene que propender por restituirles los bienes a quienes fueron despojados, más si los fueron de forma violenta y arbitraria. Pero eso no puede constituirse en un pretexto para poner a todo el país en vilo y a la expectativa de que todos podemos ser sujetos de procesos que en muchos casos se vuelven arbitrarios, incluso frente a los que somos actores de buena fe en las zonas rurales. Como se ha demostrado, ha habido fallos contrarios a los hechos, porque en esto también se empiezan a ver los falsos testigos. Si bien uno puede estar de acuerdo con el espíritu de la ley, también hay una parte de esta y de su aplicación que la vemos inconveniente.

Fallos recientes, como en el caso de Argos, muestran que el empresariado no ha estado exento de responsabilidades en el despojo. ¿En Fedepalma estarían dispuestos a asumir el papel que hayan tenido en la problemática?

Esas responsabilidades hay que impartirlas en cabeza de los presuntos actores que pudieron haber cometido algún ilícito. Lo digo con respeto y cariño, a veces la prensa ha sido ligera en la forma como ha cubierto esto y termina por casos aislados comprometiendo todo un sector productivo. Es lo mismo que pasa cuando un colombiano delinque en el exterior y la prensa en esos países habla de Colombia como si fuera un país de bandidos. Fedepalma ha sido claro en que, en los casos en que esto se pueda presentar, hay que establecer los hechos con claridad. Ha habido una falla protuberante del Estado en la titulación de predios en Colombia. Ese es el origen real de mucho de la problemática. Recientemente tuvimos una nueva visita a Mapiripán, asediado por lo ilícito, por décadas su economía se ha movido por los cultivos de coca, la gente ha estado asediada por los grupos armados de todo tipo, ha habido baja presencia del Estado, y cuando se quieren dedicar a actividades legales resulta que la mayoría de las tierras no están tituladas. El Estado tiene que resolver eso. No es tarea de los gremios y tampoco de los empresarios.