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La denominada Ley Minera ha tenido un considerable preámbulo antes de su radicación. Según lo informado por el Ministerio de Minas y Energía, este proyecto de ley se ha socializado con congresistas de las comisiones quintas de Senado y Cámara, también con un importante grupo de ciudadanos y organizaciones.
La cartera precisa que se recibieron 266 comentarios provenientes de todos los sectores económicos, sociales y ambientales; también se contó con la participación de más de 20.000 personas en foros, mesa técnicas y audiencias públicas, en donde se incluyen 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas, así como cerca de 400 organizaciones afrocolombianas.
Este proyecto de ley será radicado el miércoles 1 de octubre.
“Queremos que los congresistas conozcan de primera mano esta iniciativa, que surge de un diálogo profundo con las comunidades, los mineros, empresarios, ambientalistas y autoridades territoriales. El objetivo es que todos participen activamente y que logremos la mejor ley minera para el país”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El jefe de cartera también resaltó que una parte importante de este proyecto es que el país pueda recuperar su soberanía sobre los minerales (tan atacada por la ilegalidad), así como ordenar la minería desde el territorio, garantizar la participación de las comunidades étnicas y superar el modelo extractivista.
Estos son los principales puntos que, según el Ministerio de Minas y Energía, incorpora este proyecto de ley:
- Planificación y ordenamiento minero: establece zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), con especial protección a áreas ambientales, culturales y socioeconómicas. Se prohíbe la minería en espacios marinos, costeros y de carbón térmico.
- Derechos de comunidades étnicas: reconoce un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación y contratos especiales.
- Transición energética y soberanía: impulsa un modelo que supere el extractivismo, fortalezca la economía productiva y garantice que el conocimiento geológico sea de utilidad pública.
- Responsabilidad empresarial: exige licencia ambiental desde la fase de exploración, establece un cierre progresivo integral (minero, ambiental y laboral) y mayores responsabilidades frente a los impactos sociales y ambientales.
- Régimen económico: ajusta las reglas de regalías y canon superficiario, incorpora pagos sobre ganancias bursátiles y prevé contraprestaciones ligadas a la producción y precios del mercado.
- Formalización y reconversión productiva: crea un marco especial para pequeños mineros y mineros tradicionales, con un registro abierto por tres años, contratación diferencial y medidas de reconversión productiva.
- Fiscalización y sanciones: fortalece la potestad sancionatoria con nuevas causales de caducidad, incluyendo daños al agua, violación de DDHH o uso de mano de obra infantil.
- Impacto regional: obliga a que al menos el 50% de la mano de obra contratada provenga de la región, fomenta encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología.
“La radicación del proyecto de ley abrirá la puerta a uno de los debates más relevantes del año en el Congreso, con impacto directo en la economía, el ambiente y la vida de millones de colombianos”, concluyó el ministerio.
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