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Este miércoles, los ministerios de Hacienda y del Interior radicaron ante el Congreso un proyecto de ley de competencias, norma con la que el país busca avanzar en la descentralización de sus recursos. A grandes rasgos, esta ley debe fijar el reparto de funciones y recursos entre la Nación, los departamentos, los municipios y los territorios indígenas.
Contar con una ley de competencias es una tarea pendiente que tiene el país desde 2024, cuando el Congreso aprobó el acto legislativo que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo por el cual la Nación transfiere recursos a departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas para financiar principalmente salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
Esa reforma al SGP requiere una ley orgánica (es decir, presentada por el Ejecutivo) que defina los criterios de distribución de recursos y competencias entre los distintos niveles de gobierno. Precisamente, eso es lo que pretende el proyecto radicado este miércoles, el cual quedó consignado en el Legislativo en un documento de 356 páginas y 176 artículos.
Un primer intento por sacar adelante una ley de competencias, cuyo proyecto fue radicado en diciembre de 2025, se hundió en la pasada legislatura. Ahora, con la nueva legislatura, el Gobierno volvió a presentarlo.
En contexto: Gobierno radicó en el Congreso la ley de competencias, clave para aplicar la reforma al SGP
La plata que iría a las regiones
El gran objetivo del proyecto de ley de competencias radicado este miércoles es que el Sistema General de Participaciones llegue en un plazo de 12 años al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy esa cifra está en 29,5 %.
Ese aumento, según el artículo 27 del proyecto, sería paulatino: la diferencia entre el 29,5 % actual y la meta del 39,5 % (es decir, 10 puntos porcentuales) se repartiría en partes iguales durante los 12 años.
Está previsto, además, un ajuste puntual para 2027, cuando el Ministerio de Hacienda deberá revisar ese cálculo una vez se conozca el recaudo efectivo de los ingresos corrientes de 2026.
Cómo se repartirían los recursos
El proyecto, además de fijar que el SGP deberá llegar al 39,5 % de los ingresos de la Nación, también determina cómo se distribuiría esa plata entre los distintos sectores.
Como lo expone el artículo 29, el 96 % del llamado “SGP primario”, es decir, la porción base del sistema que resulta de aplicar el porcentaje vigente sobre la plata efectivamente recaudada por la Nación cada año, se destinaría así:
- 58,5 % para educación
- 24,5 % para salud
- 11,6 % para propósito general
- 5,4 % para agua potable y saneamiento básico.
El 4 % restante iría a asignaciones especiales, con destinos más granulares: 2,9 % para el Fonpet, el fondo que cubre el pasivo pensional de las entidades territoriales; 0,52 % para los resguardos indígenas legalmente constituidos; 0,5% para el Programa de Alimentación Escolar en distritos y municipios; y 0,08 % para los municipios cuyo territorio limita con el río Grande de la Magdalena, en proporción a la ribera de cada uno.
El proyecto también regula, en el artículo 30, cómo se repartiría el incremento anual del SGP a medida que avance hacia la meta del 39,5 %: primero se garantizaría un 1 % para los resguardos indígenas y un 5 % para un fondo de monitoreo y control del gasto territorial; del resto, un 80 % iría a cerrar brechas en salud, educación, agua y saneamiento, y el 20 % restante se dividiría entre los municipios y distritos, y el desarrollo económico de los departamentos.
Apoyos y críticas
La primera versión del proyecto, la que se hundió en diciembre de 2025, recibió el respaldo de parlamentarios, gobernadores y alcaldes, que vieron en la ley la forma de cumplir por fin la promesa de descentralización de la Constitución de 1991. Pero también generó objeciones de economistas y centros de investigación, que advirtieron riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En su momento, expertos señalaron que el texto se enfocaba más en definir hacia dónde debían ir los recursos que en transferir competencias reales a las regiones. Algunos llegaron a advertir que el Gobierno buscaba, con esta ley, una reforma a la salud “por la puerta de atrás”.
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