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A la Drummond se le acabaron las prórrogas. Su puerto carbonífero ubicado en la ensenada de Alcatraz, en Ciénaga (Magdalena) y operado por la compañía American Port Company, no podrá seguir operando hasta que esté funcionando el sistema de cargue directo de carbón, según anunció este miércoles la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, desde Santa Marta.
La compañía tendrá cinco días para sacar el carbón que le queda en el puerto, decidió el Gobierno.
El mismo presidente Santos había hecho la antesala para el anuncio: “en estas últimas 24 horas nos tocó tomar decisiones como mandar a la ministra de Medio Ambiente para arreglar una situación con una empresa muy importante, la Drummond, que está incumpliendo la ley y está manteniendo una forma de exportar carbón que está contaminando la Bahía de Santa Marta”.
Aunque la minera tuvo siete años para reemplazar el uso de barcazas —como las que hace un año provocaron el derrame de 1.857 toneladas de carbón en el mar Caribe— por un sistema de bandas transportadoras más seguro, no cumplió con el plazo que había fijado la ley para tener listas las obras (el 1 de enero de 2014).
El 20 de diciembre, los directivos de la Drummond anunciaron que debido a la huelga de 53 días protagonizada por sus trabajadores durante el año pasado, la compañía sólo tendría listas las obras de ampliación del muelle para marzo.
Este incumplimiento llevó a que la semana pasada la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunciara que abrirá investigaciones sancionatorias a American Port Company y a otras tres sociedades portuarias (Río Córdoba y Mamonal y Sociedad Portuaria de Barranquilla) que tampoco cumplieron con la adecuación del cargue directo.
La Anla aseguró que de estas investigaciones resultarán sanciones que irían desde multas (que podrían sumar hasta 5.000 salarios mínimos por día), hasta el cierre temporal o definitivo de las actividades de cargue.
El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, respaldó las decisión de su par de Ambiente a pesar del golpe que significa para la economía colombiana esta parálisis de la actividad de cargue.
“A los gobiernos les toca tomar decisiones a veces difíciles; unas que causan problemas, otras que causan alegrías (...)”, dijo el presidente Juan Manuel Santos después de haberle ordenado a la ministra Luz Helena Sarmiento viajar a Santa Marta y encargarse personalmente del caso Drummond.
En un comunicado, la ministra advierte que “en caso de que la Drummond vuelva a incumplir la ley, nos veremos obligados a actuar de manera policiva y eso agravará su situación. Los tiempos están dados para terminar el proceso técnico de cierre. Y son cinco días incluyendo el día de hoy (miércoles)”.
Recordó que “en diciembre 23 del año pasado ANLA recordó a todas las compañías que hacen cargue de carbón sobre la obligación de cumplir con la norma de cargue directo a partir del primero enero y se les advirtió de las consecuencias de infringir la ley” advirtió la ministra.
“Posteriormente entre el 28 y el 31 de diciembre este ministerio convocó, en coordinación con las autoridades nacionales, a Corpamag y a las autoridades ambientales distritales con el fin de definir la ruta para hacer presencia en la zona a partir del 2 de enero y verificar conjuntamente el cumplimiento de la norma”, indicó la ministra.
“Con base en esas visitas ANLA abrió investigaciones por el incumplimiento de la norma, el 2 de enero de 2014, actuaciones que fueron puestas en conocimiento de todas las autoridades que participan en este proceso y anunciadas ante la opinión pública el 3 de enero”, comentó la ministra.
La funcionaria destacó que “ese mismo 3 de enero, Corpamag expidió una Resolución que ordena la suspensión de actividades como medida preventiva. Sin embargo nos preocupa que hasta día de hoy no ha sido ejecutada y se continúan con las actividades de cargue a través de barcazas, incumpliendo la ley".
“La medida se mantiene, hasta tanto el puerto designado cumpla con las condiciones impuestas por la ley colombiana y es una decisión del Gobierno Nacional, en cabeza del ministerio de Ambiente, el Mintransporte, Minminas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Transporte, la Dimar - Capitanía del Puerto y las Corporaciones Autónomas Regionales”, puntualizó la ministra Luz Helena Sarmiento, según el comunicado de prensa.
Por El Espectador
