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No es usual que, en el marco de la concertación del salario mínimo, se desarrolle una audiencia pública sobre el tema. La iniciativa la tuvo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, así como las centrales obreras (CTC, CUT y CGT) con la intención de aportar argumentos a la discusión.
Justo el día en que legalmente se vence el primer plazo para que trabajadores y empleadores lleguen a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026, se realizó esta audiencia en la Universidad Nacional, a la que asistieron economistas y representantes del Gobierno y de las centrales obreras. Gremios o sectores con propuestas distintas a las que plantean un aumento sustancial del salario mínimo no participaron en el encuentro.
En este espacio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que, para el Gobierno, tras el hundimiento de la reforma laboral, un aumento significativo del salario mínimo se convierte en una política pública eficaz para combatir la pobreza. El Ministerio de Trabajo aún no ha puesto una cifra sobre la mesa, pues confía en que la discusión entre trabajadores y empleadores avance hacia un consenso. Si este 15 de diciembre no se alcanza un acuerdo, el proceso de concertación se extendería hasta el 30 de diciembre. En ese contexto, Sanguino también tiene previsto reunirse hoy con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y con el presidente Gustavo Petro.
“El Gobierno de Gustavo Petro ha incrementado nominalmente en un 37,6 % el salario mínimo. Recibimos un salario de un millón de pesos, ahora está en 1.423.500; una inflación del 14 %, que ahora tenemos una del 5,2 %, un desempleo por encima del 12 %, ahora es del 8,2 %; una informalidad del 58 %, ahora es del 55 %”, manifestó el ministro, al señalar que no es cierta la teoría de los gremios de que remunerar mejor a los trabajadores se traduce en un deterioro de estas variables macroeconómicas.
“Pero también debemos tomar una decisión con responsabilidad pública, porque tenemos que medir los impactos del incremento”, concluyó Sanguino.
Salario mínimo vital y móvil
Aunque este concepto no es nuevo, sí es uno que ha ganado protagonismo este año en la discusión. Se diferencia del salario mínimo en que este apunta a que los trabajadores tengan un real acceso a la canasta básica familiar.
Según lo explicado por el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, este año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó a la mesa de concertación un informe sobre el salario mínimo móvil y vital.
Se estableció que, como mínimo un adulto debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra llega a los COP 1.288.654.
En costos de vivienda (durabilidad, espacio, instalaciones y accesorios), tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.
Finalmente están los rubros de salud, educación y otros gastos esenciales (transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones). Por persona son COP 154.606, mientras que las otras necesidades del hogar son COP 827.549.
En suma, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960. La estimación de la OIT, puntualiza Garzón, es que hay 1,5 asalariados por familia, lo que da un salario neto de mínimo vital de COP 1.988.640 (en 2024, cuando el salario mínimo estaba en COP 1.300.000). El salario vital bruto, que es agregando los aportes a seguridad social, da COP 2.147.731.
Lo que el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras sostienen con estas cifras es que el ingreso más básico que hoy reciben los trabajadores en Colombia está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como realmente lo mínimo. Desde esta perspectiva, tener un incremento de dos dígitos para el año 2026 no suena algo caprichoso, como pudieran sugerir algunos representantes gremiales.
Las otras voces
Economistas afines a esta postura, como suelen Castiblanco, también señalaron que la concertación del salario mínimo debería apuntar a incluir a la población que devenga menos de un salario mínimo, que hoy son cerca del 45 % de los ocupados.
El presidente de la CGT, Percy Oyola, añadió que con el ánimo de preservar lo máximo posible el poder adquisitivo, desde la mesa también se avanza en ampliar el grupo de cobros a desindexar del del salario mínimo, especialmente en los rubros que más están teniendo peso en la inflación, como arrendamiento, servicios públicos y combustibles.
Otros economistas que participaron de esta audiencia pública también señalaron que la evidencia macroeconómica ha demostrado que aumentar sustancialmente los ingresos de los trabajadores no es sinónimo de destrucción de la economía.
Sin embargo, los gremios insisten en que el cálculo del aumento se debe hacer de forma mesurada, ya que una cifra desproporcionada se traduciría en mayores presiones inflacionarias (por el desequilibrio que habría entre la demanda y la oferta), así como mayores desafíos para que el tejido empresarial pueda contratar bajo los estándares que exige la formalidad.
Este lunes, las partes se vuelven a encontrar en la mesa y aunque pareciera que las probabilidades para llegar a un acuerdo son bajas (debido a la brecha que existe entre ambas propuestas) la esperanza que cada uno ha manifestado es que este año sí pueda haber concertación.
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