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La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) reiteró que el Decreto 0369, expedido por el Ministerio de Hacienda el pasado 7 de abril, pone en riesgo el ahorro pensional de los colombianos.
Esta decisión responde al interés del Gobierno de aumentar las inversiones en el territorio nacional y, con ello, estimular la industria y la economía local. El Ministerio de Hacienda argumenta que, según datos del DANE, la tasa de inversión de la economía en el tercer trimestre de 2025 fue del 19,7% del PIB, mientras que la tasa de ahorro nacional se ubicó en 8% del PIB.
Para la cartera, esta diferencia evidencia una brecha significativa, lo que implica que una parte importante de la inversión se financia con ahorro externo. En ese contexto, considera prioritario promover la movilización y permanencia del ahorro interno para contribuir a cubrir las necesidades de inversión del país.
Según el Gobierno, esta medida —lejos de generar efectos negativos, como advierte Asofondos— tiene el potencial de estimular el crecimiento económico, generar más empleo y aumentar los niveles de ingreso. En el largo plazo, para el Ejecutivo, esto podría fortalecer de manera progresiva el ahorro interno.
Puntualmente, lo que establece el decreto es que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) ahora tienen un límite para hacer inversiones en el exterior, el cual es del 30 % de la suma del valor de los fondos.
La norma también establece que se pueden presentar casos en los que existan razones objetivas para superar estos límites de inversión. Es decir, escenarios en los que los fondos determinen que no realizar tales inversiones repercutirá en afectaciones para los ahorradores. Si eso pasa, se lee en el decreto, las AFP deberán presentar a la Superintendencia Financiera un documento técnico soportando las razones jurídicas, técnicas y/o financieras que impiden dar cumplimiento al límite global en condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Ley 100 de 1993.
Desde Asofondos se insiste que, incluso con lo anterior, la ejecución de este decreto es nociva pues, de entrada, afecta el modelo de diversificación y multifondos que reduce el riesgo que enfrentan los afiliados.
“Limitar las inversiones de los ahorros de los trabajadores colombianos en activos del exterior se traduciría en menores rentabilidades para los afiliados y , por tanto, en menores prestaciones . Esto es una muy mala noticia para todos los afiliados. A un trabajador colombiano le costará más acumular el capital suficiente para comprar una renta vitalicia y hacerse una pensión y quienes alcancen estas metas tendrían pensiones más bajas, lo que va en su detrimento”, señala Asofondos.
Para el presidente del gremio, Andrés Velasco, el decreto parte de un diagnóstico equivocado: las AFP invierten en todo lo que se puede en Colombia, pero no hay una mayor inversión en lo local por la ausencia de proyectos idóneos, seguros y rentables que le ofrezcan a los afiliados las mejores condiciones de riesgo - retorno para sus ahorros.
“Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga, debido al desorden fiscal, el cual representa un alto costo de oportunidad para cualquier inversionista”, puntualizó Velasco.
Es por lo anterior que la postura de Asofondos, de cara al nuevo decreto, es asumir su disposición a financiar un banco de proyectos como el que plantea el decreto, pero siempre y cuando este se estructure de una forma en que cumpla con los requisitos de riesgo y de retorno. No obstante, insiste en que para esto no es necesario imponer un límite máximo.
“La Contraloría General de la República ha advertido que medidas que reduzcan la diversificación de los portafolios, como la limitación de inversiones en el exterior, pueden traducirse en menores rendimientos para los afiliados y, en consecuencia, en mayores presiones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas”, argumenta Asofondos.
El gremio concluye en que, si bien las AFP acatarán y respetarán las normas vigentes, también evaluarán las acciones judiciales necesarias para cumplir con el deber fiduciario y proteger el ahorro pensional de los afiliados.
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