Varios líderes del sector privado se manifestaron para advertir que, aunque reconocen el derecho a la protesta de manera pacífica, rechazan los actos vandálicos. También se mostraron preocupados por el desabastecimiento consecuencia de los bloqueos viales.
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El presidente del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez, quien también es cabeza de Confecámaras, dijo que los empresarios acompañan el diálogo abierto por el presidente de la República “es necesario atender los llamados a actuar con responsabilidad, construir consensos y aportar entre todos para sacar el país adelante. Destruir la confianza en el país y en sus instituciones solo contribuye a intensificar la crisis”.
Domínguez pidió respeto por la vida: “Condenamos, pedimos y hacemos un llamado a apoyar de manera contundente la defensa de las instituciones y a rechazar a quienes están usando la protesta pacífica para destruir las ciudades y sembrar el caos con fines políticos y delincuenciales”, concluyó.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) hizo un llamado al diálogo “con grandeza, a la defensa de las instituciones, rechazo de la violencia y el vandalismo organizado, y el restablecimiento del orden público” e insistió en que prevalezcan los intereses de la Nación sobre los particulares o de grupo.
Finalmente, dijo que es urgente restablecer el orden público y que respalda con contundencia a las autoridades legítimamente constituidas “en la aplicación de la Constitución y la Ley, en el marco de los derechos humanos”.
Del mismo modo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) pidió defender entre todos el Estado de derecho, la democracia y las instituciones que la respaldan, y a unirse para rechazar cualquier expresión violenta. “Creemos en la capacidad del Estado, las Instituciones gubernamentales, el gobierno Nacional y la ciudadanía para lograr acuerdos dentro de la institucionalidad; que permitan construir un país con más desarrollo social, empleo y bienestar, recuperar la estabilidad, el orden público y salvaguardar la vida de los colombianos en todo el territorio nacional”.
Lo propio hizo la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Su presidenta, Paula Cortés, divulgó una misiva en la que llama la calma y a la no agresión, “Es fundamental velar por la protección a la vida, la salud y seguridad de los ciudadanos y reconocer que los hechos violentos que han atentado a nuestro patrimonio y la institucionalidad, restringen la reactivación de los diferentes sectores de la economía, la conservación del empleo y el normal funcionamiento de la movilidad”.
Otros gremios que se han visto particularmente afectados por los bloqueos en las vías nacionales también se pronunciaron. Los productores de arroz de los Llanos Orientales, agremiados en Fedearroz, por ejemplo, manifestaron su “enorme preocupación por los actos violentos que se han apoderado de varias ciudades y el bloqueo de las vías nacionales que impiden el paso de alimentos e insumos para la producción de uno de los alimentos fundamentales de la canasta familiar”.
Aunque destacaron que no desconocen las dificultades sociales del país, rechazaron los actos de violencia desplegados contra la infraestructura de transporte en varias ciudades y el bloqueo de vías por parte de los transportadores. También dijeron que se trata de una situación de extrema gravedad, pues “de mantenerse los bloqueos, se pone en alto riesgo la cosecha de arroz que necesitará el país en los próximos meses y con ello la seguridad alimentaria nacional”.