Grupo de transportadores propone actualizar regulación que los rige hace 17 años

Cortesía alcaldía de Sibaté

En el marco de la versión número ocho del Congreso de Transporte de Pasajeros, la Cámara Sectorial del Transporte de la Andi, agremiación compuesta por 11 grupos empresariales dedicados a esta labor, presentó al viceministro de transporte, Juan Camilo Ostos, una propuesta para mejorar la prestación de este servicio en el país.

El documento con la iniciativa, que también hicieron llegar a la ministra Ángela María Orozco, tiene más de 40 páginas y dentro de su contenido se encuentran diversas propuestas reglamentarias, como por ejemplo, la habilitación para la prestación del servicio de transporte, adquisición de pólizas de seguro, actualización de tarifas, capacidad transportadora y derechos, deberes y prohibiciones de las empresas frente a las terminales de transporte terrestre, entre otras.

Con la anterior apuesta, esta cámara propone actualizar la norma que los rige hace 17 años y que está fijada en el capítulo cuatro del Decreto 1079 de 2015, documento que, según el director ejecutivo de la Cámara de Transportadores de la Andi, Hernando Tatis, es una compilación de todas las normas que regulan el sector que antes se encontraban en el Decreto 171 de 2001. En resumidas palabras lo que se hizo en el gobierno Santos fue un ‘copy paste’ de la normativa, nada cambió.

Adicionalmente, este grupo de empresarios hizo llegar una carta a la ministra en la que tocaron otras propuestas que consideran necesarias para su sector.

Dentro de la lista de iniciativas, el documento habla de poner un tope de 20 años  para que las flotas que conforman su parque automotor sean renovadas, de igual forma el tema de la ilegalidad es algo que les preocupa al considerar que pone en peligro la sostenibilidad de la operación en su sector, para ello solicitan a la Superintendencia de Puertos y Transporte que se continúe con el proyecto de ley que busca adoptar un nuevo régimen sancionatorio del transporte, infraestructura y servicios conexos y complementarios.

“Esto permitirá ejercer control a empresas prestadoras del servicio que no están habilitadas y a los vehículos de servicio particular que prestan este servicio público”, afirma la misiva.

Sumado a lo anterior, piden que se reconozca al servicio de transporte de personas como uno público esencial, y como derecho fundamental, para entender por qué la necesidad de racionalizar los costos de los combustibles y lubricantes. “Hemos señalado la necesidad de mejorar la calidad del combustible, con el fin de reducir el impacto en el material particulado del aire”, también menciona la carta.