Hacia dónde debe ir la infraestructura en Colombia

La Vicepresidencia de la República dio a conocer en el marco del XVI Congreso Nacional de la Infraestructura el informe de la comisión de expertos en infraestructura de transporte, un documento técnico que plantea una fórmula para impulsar el comercio exterior y la conectividad del país a través de la reducción eficaz de los costos de transporte en los próximos 30 o 50 años.

La Vicepresidencia de la República dio a conocer en el marco del XVI Congreso Nacional de la Infraestructura el informe de la comisión de expertos en infraestructura de transporte, un documento técnico que plantea una fórmula para impulsar el comercio exterior y la conectividad del país a través de la reducción eficaz de los costos de transporte en los próximos 30 o 50 años.

En los siete capítulos del documento de política pública se propone fortalecer la institucionalidad, extender el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), desarrollar nuevas formas de financiación, sacar adelante los proyectos pendientes en transporte público y accesos urbanos, optimizar la logística y asegurar el mantenimiento de las obras.

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Según el informe, si bien Colombia ha avanzado positivamente en la institucionalidad del sector, tras una serie de reformas estructurales, “el Ministerio de Transporte no tiene capacidad para planear, coordinar y dirigir el sector con una visión técnica y de largo plazo, y no cuenta con instrumentos para formalizar y visibilizar las instancias de interacción entre el Estado y el sector privado”.

La comisión detalló que es necesario fortalecer técnica e institucionalmente a las entidades para planear la red de transporte y promover la intermodalidad, específicamente la ANI (carente de capacidad de supervisión y gestión contractual), el Invías (técnica y presupuestalmente débil) y la Aerocivil (que debe especializarse), pero también mejorar la capacidad de las instituciones locales para que puedan gestionar las obras de su región de manera autónoma. Además, los expertos señalaron que las entidades sectoriales han de tener suficiente independencia y capacidad técnica “para que las decisiones sean objetivas y racionales”.

El presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, destacó los avances en la institucionalidad del sector que “hace unos años era muy precaria”, especialmente con la creación de la Agencia que recientemente lidera, la cual calificó como robusta y competente: “Este año hemos tomado decisiones importantes pese a los riesgos”. Sin embargo, reconoció que aún faltan muchos cambios para funcionar más eficientemente, “lo estamos haciendo bien y vamos avanzando”, dijo.

Otro de los retos tiene que ver con la necesidad de obtener financiación para desarrollar las obras que se compilaron en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2015-2035 y que suman más de $200 billones en un momento en que las restricciones fiscales amenazan con interrumpir el ritmo de la inversión propuesto en la hoja de ruta elaborada en el gobierno pasado.

Aquí la comisión de expertos recomienda encontrar nuevas fuentes de pago que no demanden tanto del presupuesto nacional, diseñar esquemas de participación para los sectores público y privado con el fin de diversificar el origen de los recursos y atraer financiadores internacionales sin descuidar el riesgo cambiario. Tradicionalmente, para financiar la infraestructura en Colombia se ha recurrido al presupuesto general de la nación (PGN), a recursos de regalías, a transferencias o impuestos locales y a cobros a los usuarios, principalmente peajes. Ambas han resultado insuficientes, pues no crecen a la velocidad de las necesidades.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el Gobierno debe ser creativo y esforzarse por encontrar la manera de financiar los proyectos de infraestructura. Si bien se contempla la posibilidad de vender algunos activos del Estado para obtener liquidez, para el jefe de la cartera la clave está en priorizar obras cuya fuente de pago sean los retornos que generan. Sobre este punto recordó que en la versión inicial se llegó a hablar de retornos del 40 % en algunos proyectos, pero en la práctica bajaron al 15 %, “no hemos sido capaces de traducir eso en la estructuración completa”, dijo.

Para Carrasquilla el desafío para el próximo año es combinar proyectos que generen retornos importantes con disponibilidad de liquidez, pues “caímos en el absurdo de no hacer proyectos de alto retorno porque existe un impedimento fiscal; aun así las condiciones están dadas para hacer cosas más ambiciosas de las que hemos hecho, el balón está del lado nuestro”, dijo.

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Lo que sí se mantendría sin duda es el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), que comenzó a implementarse en 2012, como mecanismo para obtener la financiación que requieren estos megaproyectos porque ha demostrado ser eficaz para expandir la infraestructura de transporte, de acuerdo con la comisión. “Las concesiones de cuarta generación (4G) han demostrado ser una potente herramienta para el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones; el balance general es positivo”.

Sin embargo, el informe advierte que el esquema de las APP debe profundizar su uso, mejorando aspectos como la disponibilidad de recursos en la etapa de preinversión, la gestión de predios, el licenciamiento ambiental, el aumento de la competencia en los proyectos, la remuneración, la reducción del costo de financiación, el proceso de elección y la expansión del esquema a otros sectores y a los territorios.

Además, para viabilizar una mayor cantidad de proyectos se sugiere recurrir a las APP de iniciativa privada, un segmento en el que, según Fernando Bravo, jefe de Infraestructura para América Latina de Golman Sachs, hay proyectos estratégicos e importantes, “pero se están demorando demasiado en implementar”. El desafío está en hacer de las APP una verdadera asociación entre los sectores público y privado, lograr un trabajo conjunto o, como dijo Estefanía León, vicepresidenta de Inverlink, “recordar que se trata de una discusión de socios y no de un memorial de agravios”.

Uno de los lineamientos más importantes de la propuesta es el papel de la logística en la promoción de la competitividad del país. En este frente los autores consideran que se requiere una visión renovada y conjunta para llegar a acuerdos que optimicen las cadenas de suministros y logísticas en el país, y proponen llegar a ella mejorando la institucionalidad, ahora que se han logrado tantos avances en la adecuación de la infraestructura multimodal, y actualizando la normatividad a las necesidades.

Rafael Flórez, director corporativo de Logyca, contó que vienen trabajando con el Gobierno para gestionar los corredores viales como activos para que aporten a la logística a través de torres de control donde diferentes actores puedan poner información importante para la operación de una vía de manera que se conforme una plataforma de acceso común donde, por ejemplo, se podrá en un futuro cercano visibilizar el movimiento de la carga en tiempo real y monitorear su tránsito con los registros de los peajes electrónicos; “así la eficiencia de esa infraestructura mejoraría de manera importante”, resaltó.

Respecto a la conexión entre la red vial nacional y las ciudades, el informe plantea resolver los problemas de acceso, la congestión y los cuellos de botella con la definición de una política pública que establezca lineamientos para mejorar su operación, considerando la normativa territorial en uso del suelo, los diseños funcionales, los sistemas de transporte masivo, el intercambio modal y el uso de tecnologías de gestión de la demanda.

De hecho, el informe dedica todo un capítulo a la necesidad de poner en marcha una reingeniería operacional de los sistemas de transporte público y de aprovechar el cambio de gobierno para incorporar nuevas tecnologías y encontrar soluciones mejor adaptadas a la estructura del territorio y a la evolución de la población en el largo plazo. Para ello se propone fortalecer institucionalmente las administraciones municipales en transporte público, establecer criterios de cofinanciación, incentivar a los municipios a viabilizar nuevas fuentes de pago y fijar nuevas normas técnicas para definir las tarifas y focalizar los subsidios.

En el documento participaron nueve expertos del sector, entre ellos el expresidente de la Financiera de Desarrollo Nacional Clemente del Valle, la expresidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Diana María Espinosa, el exgerente del Metro de Medellín Ramiro Márquez, el exministro de Hacienda Guillermo Perry, entre otros.