Los daños que deja la Ruta del Sol más allá de Odebrecht

Más de 14 municipios vieron afectada su economía cuando la concesionaria suspendió las obras. Nueve años después del contrato la población no se recupera del golpe y la vía sigue inconclusa.

Paula Delgado Gómez ENVIADA ESPECIAL.
01 de septiembre de 2019 - 02:00 a. m.
Trabajos en el primer tramo de la Ruta del Sol sector 2. / Nelson Sierra - El Espectador
Trabajos en el primer tramo de la Ruta del Sol sector 2. / Nelson Sierra - El Espectador

La Ruta del Sol es por mucho la vía más conocida de Colombia, pero por nombre. En 2010 la autopista, dividida en tres sectores desde Villeta hasta Santa Marta, se vendió como uno de los grandes proyectos de infraestructura vial de la tercera ola de concesiones (3G). Siete años más tarde el proyecto ocupaba titulares en todos los medios por cuenta de uno de los mayores escándalos de corrupción: el gigante de la construcción que tenía mayor participación en el segundo sector de la obra, la brasileña Odebrecht, había pagado sobornos en toda América Latina para que le adjudicaran licitaciones, y Colombia no escapó de su alcance.

Mapa interactivo: La Ruta del Sol, paso a paso

Sin embargo, más allá de las demandas, las investigaciones, las amenazas, las coimas y la complicidad se ha hecho una inversión millonaria entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Curumaní (Cesar) que aún no llega a feliz término y hoy está deteriorada y cubierta de polvo. Y aunque todos nos podemos calificar como afectados, hay una población de más de 600.000 personas en 14 municipios que lidia cada día con el fracaso de la Ruta del Sol sector 2 y las malas decisiones de las autoridades.

Cuando Guillermo Delgado supo que su amigo Pablo Carrascal se había suicidado ahogado por las deudas en sus restaurantes tomó una decisión radical para su vida como comerciante: se declaró en quiebra. “Había entrado en crisis, tuve depresión, me sometí a tratamientos médicos”, señaló. Guillermo le prestaba servicios de hidratación a la Concesionaria Ruta del Sol, conformada por Odebrecht, Episol (del Grupo Aval) y CSS Constructores (del Grupo Solarte) suministrándoles agua y hielo para 2.000 trabajadores en Cesar. Durante años facturó un promedio de $100 millones mensuales y vio la oportunidad de expandir su negocio proyectando esas cifras, así que compró a crédito su propia fábrica y la adecuó. “Al ver que era una empresa sólida, tenía respaldo del Gobierno y daba muestras de trabajo sentí que no me arriesgaba a que me fueran a quedar mal”.

Guillermo ya había perdido dinero con Conalvías Construcciones, que se declaró en insolvencia y se fue de la región sin pagar, según cuenta. Ruta del Sol se convirtió en su mejor cliente y en su seguro económico. “Me endeudaba para responderles a ellos y prácticamente fiarles porque pagaban a 45 días”. Pero en 2016, cuando estalló el escándalo de corrupción, se paralizaron las obras y comenzaron los rumores de que la concesionaria se iba, y así fue. Los ingresos de Guillermo cayeron considerablemente y lo que vendía ni siquiera cubría sus gastos de operación. Llegó a contar 12 órdenes de embargo y le congelaron todas las cuentas bancarias. A pesar de que contrató un abogado y se fue hasta Bogotá a buscar respuestas, solo le pagaron año y medio después. “Estaba muy alcanzado y ellos me pagaban de a poco, fue una especie de gota a gota”.

Pablo Carrascal también había visto en la Ruta del Sol su oportunidad para recuperarse económicamente. Su esposa, Norma Serrezuela, contó que tenían deudas por $1.600 millones entre contratos fallidos e inversiones pasadas. Aunque no tenían un negocio como tal con la concesión, había una expectativa por la afluencia de más personas en la zona, de hecho, llegaron a duplicar sus ventas. Cuando el concesionario llegó a los municipios no había suficiente infraestructura hotelera ni de servicios, muchas personas que vieron una posibilidad de ingreso se endeudaron para ampliar sus negocios o para volver sus casas hoteles, restaurantes, parqueaderos, etc. La mayoría de los que fracasaron quebraron de un día para otro.

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Una experiencia similar tuvo William Ordoñez, también propietario de un restaurante en Sabana de Torres llamado Casa de piedra. La recesión petrolera amenazaba con quebrarlo y Odebrecht le permitió volver al ruedo. Le vendía entre 230 y 250 almuerzos diarios a la concesión a pesar de que los pagos se demoraban 45 o 50 días, “hicimos hasta lo imposible y dimos el servicio completo por un año largo, pero si había angustia porque llegaba el día de pago de servicios y no había con qué, tocaba rebuscar, endeudarnos con tarjetas, pedir prestado, fue bastante duro”.

Historias como las suyas se repiten a lo largo de la Ruta del Sol. En Puerto Boyacá (Boyacá) los más perjudicados fueron los constructores. Mario Patiño, gerente de Mexcol, les arrendaba volquetas, les vendía materiales y les hacía cunetas desde 2015 hasta que “se fueron retrasando y le quedaron mal a todo el mundo”. A raíz de esto tuvo que hacer una importante inyección de capital con su patrimonio para no declararse en quiebra y ponerse al día con sus compromisos. Por su parte, Heliodoro Andrade, representante legal de la empresa Lanka S. A. S., hizo obras de arte (cunetas, alcantarillas, disipadores, drenajes, etc.) para la concesión por 36 meses y la demanda fue tal que contrató más de 100 trabajadores en la región. “Teníamos la aspiración de que el proyecto durara de 5 a 6 años y la sacáramos del estadio. El único problema fue cuando suspendieron las obras en febrero de 2017, porque me quedaron debiendo como cuatro facturas y de mí dependían otras familias. Se demoraron más o menos ocho meses en cancelar; eso fue un daño económico, porque ahí se fue la poca utilidad que esperábamos, perdimos plata en vez de ganar”.

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Dada la situación de Odebrecht, los pagos de estas personas y los demás contratistas y trabajadores de la concesión debían ser autorizados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que disponía de los recursos de una subcuenta especial de reversión a la que iba el recaudo de los peajes, las vigencias futuras del presupuesto nacional, lo obtenido por la gestión predial y los rendimientos financieros, y que se creó para pagarles a los terceros de buena fe y a los que la empresa les debía tiempo atrás. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Carlos García, le dijo a este medio que se pagaron $245.000 millones a trabajadores y proveedores con este dinero entre 2017 y 2019. “Reconocimos todas las facturas menos condones, servicios de lavandería, servicio a la habitación en hoteles, expatriados y oficinas”, rechazos que suman $13.000 millones.

Con todo y la amarga experiencia de los cobros y las demoras, la mayoría de las personas consultadas se mostraron agradecidas por la oportunidad de trabajar con una multinacional, la generación de empleo en las regiones, las oportunidades de contratación y la dinamización de su economía; pero al mismo tiempo las comunidades tienen molestias porque las obras están inconclusas, por lo que no se ha cumplido la promesa de reducir el tiempo del recorrido y los costos del mismo.

De los 123 municipios de Boyacá, la Troncal del Magdalena solo pasa por uno, Puerto Boyacá. El alcalde del municipio, Óscar Botero, aseguró que la Ruta del Sol les dio esperanza para que Puerto Boyacá se convirtiera en el principal centro de carga, logística y transporte del país, pero el desarrollo de este sector que prometía dinamizar la economía nunca llegó. “Nos íbamos a ver muy beneficiados, pero la obra se frenó”, dijo; de hecho, quedaron inconclusos el intercambiador, los retornos y desvíos de varios centros poblados que hacían parte del contrato, aunque el primero de ellos comenzará a construirse en dos meses. Gracias al boom de la construcción, sumado al petrolero, el municipio pasó de quinta categoría a tercera y el proyecto le dio trabajo a alrededor de 600 personas de las 50.000 que viven ahí.

Solo se tiene la mitad de la vía

El Espectador recorrió la vía a principios de agosto para comprobar el estado de la obra y conocer de primera mano que el mayor trayecto con dobles calzadas será el primero, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y el corregimiento de Puerto Araújo (Santander), que hoy tiene 89 kilómetros no continuos, a los cuales se sumarán 41 adicionales en cinco meses. En este tramo está la mayor cantidad de frentes de obra del contrato más reciente. Sin embargo, es aquí donde está el punto más crítico de todo el proyecto, cerca del peaje de Zambito, con por lo menos un kilómetro de ondulaciones y huecos de grandes proporciones (ver gráfico).

Por el contrario, entre Puerto Araújo y San Alberto (Cesar) la doble calzada es más bien escasa, solo hay seis kilómetros y con los contratos en ejecución habrá 23 adicionales que están casi terminados, según pudimos comprobar. Finalmente, la doble calzada más larga a la fecha está ente San Alberto y el caserío de San Roque (Cesar), en donde las obras son más de rehabilitación, pues solo habrá seis kilómetros nuevos.

Según el Ministerio de Transporte, cuando el Estado obligó a la concesión a devolver la vía de $2,4 billones a la nación y la decisión se hizo efectiva, en octubre de 2017, los informes de la interventoría que vigilaba la obra daban cuenta de un avance de 52 %, pues solo se habían construido 223 kilómetros de dobles calzadas de los 529 kilómetros que debían hacer y la mitad de la vía antigua que debían adecuar estaba en mal estado. El avance debe llegar a 59 % en febrero del próximo año, según estimaciones del Instituto Nacional de Vías (Invías), cuando finalicen los cinco contratos que firmó la entidad en mayo de 2018 para hacer construcción, rehabilitación y mantenimiento en la Ruta del Sol sector 2 por $368.767 millones, en su mayoría provenientes del recaudo de los cinco peajes del corredor, y se entreguen 70 kilómetros nuevos de doble calzada para completar 293 kilómetros.

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Hace dos años el Gobierno advirtió que el corredor, conocido también como la Troncal del Magdalena, estaba en un estado avanzado de deterioro por falta de mantenimiento durante dos años que hacía la vía intransitable y peligrosa, recordó el director del Invías, Juan Esteban Gil. “Cuando la recibimos era una vergüenza, estaba destruida por completo”, situación que atribuye a las regulares especificaciones del espesor de la carpeta asfáltica (9 centímetros, cuando en la vía antigua eran 16). “Eso hace que las rutinas de mantenimiento sean más periódicas y toque invertir más dinero. Por eso falló tan rápido”, explicó.

Respecto a la variable Ocaña-Gamarra, que se adicionó al contrato en marzo de 2014 y contemplaba el mejoramiento de 82 kilómetros en los dos tramos desde Aguachica (Cesar) hacia Puerto Capulco y Río de Oro por $676.807 millones, la ANI tiene registro de que se rehabilitaron al menos 18 kilómetros y se mejoraron otros 25.

A principios de este mes, se declaró la nulidad absoluta del contrato del sector 2 de la Ruta del Sol. El Ministerio de Transporte aseguró que el próximo año se sacará adelante una nueva licitación para terminar el proyecto y que por el momento se está en proceso de estructuración del mismo.

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Por Paula Delgado Gómez ENVIADA ESPECIAL.

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