Asegura ministro de Minas y Energía

“Hay activismo político en las protestas”: Germán Arce

El jefe de la cartera minera manifiesta su preocupación por la oposición que se ejerce, incluso frente a proyectos de infraestructura que buscan llevar servicios públicos esenciales a las comunidades.

Germán Arce, ministro de Minas y Energía, resalta que, pese a que los precios del petróleo cayeron 76 % el año pasado, la producción lo hizo 11 %. / Mauricio Alvarado

Las protestas populares crecen mientras la producción petrolera del país y la autosuficiencia se mantienen a la baja. Este escenario preocupa al Gobierno y el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, considera que en las protestas hay un “activismo político muy importante”. En diálogo con El Espectador sostiene que oponerse a la actividad de la industria se ha convertido en un instrumento políticamente rentable.

¿Los descubrimientos del mar Caribe son noticias buenas para el país o pueden ser gaseosas?

Costa afuera es un proceso largo que empezó hace ya un tiempo, yo diría desde hace ocho años. No sabíamos nada del Caribe. Hace tres décadas descubrimos Chuchupa Ballenas en La Guajira, que ha sido un yacimiento muy importante para garantizar el abastecimiento del país, pero las campañas exploratorias pararon allí. Cuando empezó Ronda Caribe, lo que empezamos fue a adquirir conocimiento de una cuenca que estaba inexplorada. Lo que estamos viendo hoy es un poco el resultado de una campaña de sísmica, la más grande del mundo que se ha hecho en los últimos años en Colombia. Nunca habíamos tenido US$700 millones en inversión exploratoria costa afuera en la historia.

¿Podemos tener noticias desagradables al final del proceso?

En esto lo que sucede es que no hay noticias absolutas. Nosotros podríamos llegar a la conclusión de que tenemos una gran cantidad de recursos, es decir, que desde el punto de adición de reservas sea muy importante, pero que la señal de precios de largo plazo no los haga económicos, eso es un riesgo. ¿Qué hace distinto ese desafío? La profundidad a la cual hemos encontrado estos hallazgos. Nadie se gasta US$7 millones para entregar un libro bonito de estudios. El potencial de recursos pareciera indicar que vamos a tener el desarrollo de una nueva provincia. Esto es un salto importante.

¿En hallazgos de crudo podemos tener buenas noticias este año?

Nosotros tenemos una meta, entre pozos exploratorios y perforatorios, de 503, que es muy por encima de lo logrado el año pasado; en eso hay una combinación de campañas exploratorias y de pozos de desarrollo en recuperación secundaria que es donde creemos que, en el corto plazo, va a haber mejores resultados. Ahí es clave la campaña de exploración y perforación de Ecopetrol, que ha hecho un esfuerzo enorme. Las discusiones más grandes están asociadas a cuál es el potencial de desarrollo del CPO 09 (Llanos Orientales), que en su fase exploratoria mostró resultados.

¿Cómo frenar la caída de las reservas petroleras?

La caída de precios entre finales de 2015 y 2016 detuvo los planes de inversión y eso son los resultados del balance de reservas y de la caída en la producción. Si el ritmo de inversión no se mantiene, no hay forma de conservar el número de barriles en producción. Nosotros tuvimos un descenso de casi el 11 % el año pasado, que es una caída importante, pero los precios se cayeron en 76 %.

¿No le preocupa al Gobierno que las reservas caigan y que la autosuficiencia petrolera se vaya perdiendo?

Estamos preocupados desde el año pasado cuando cayeron los precios y por eso la decisión de concentrarnos en trabajar. La caída de precios nos cogió con las reservas que eran económicamente viables hasta esa fase de producción. El balance de reservas sobre producción quedó en cinco años. Lo clave es cómo recuperamos la inversión y qué tipo de señales le mandamos a la industria que nos permitan recuperar el ritmo de inversión, porque lo único que sirve para adicionar reservas y recuperar niveles de producción es aumentar el número de dólares que se le va a meter a la economía. El balance estimado en un informe de la ACP es que podríamos esperar US$5.000 millones en inversión entre exploración y pozos de desarrollo para recuperación secundaria.

¿La producción petrolera no repunta?

La producción (petrolera) se ha logrado mantener muy cerca de los niveles de la meta de este año. La única sorpresa negativa que tuvimos fueron los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas en marzo, que nos aplazaron casi 60.000 barriles en un mes.

¿Para alejar el peligro de perder la autosuficiencia petrolera es necesario insistir en los hidrocarburos no convencionales y el “fracking”?

Desde 2011, en el primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos, se definió cuáles eran esas fronteras que íbamos a explorar. Una era costa afuera y se están viendo los resultados, y la otra el desarrollo de rocas fuentes o rocas generadoras. Una de las actividades que conllevaría al desarrollo de esas fronteras es el fracturamiento hidráulico (fracking), que es uno de los mecanismos técnicos que se utilizan para hacer productivos algunas de esas fuentes de hidrocarburos.

¿Y la presencia de los medioambientalistas?

La evidencia científica da un poco las guías de qué es viable y qué no en el desarrollo de esa tecnología. Cusiana, que es uno de los desarrollos más importantes de las últimas décadas, se hizo con estimulación hidráulica. Algunas de las quejas que hay de afectación es en zonas donde no hay potencial. Aquí hay un campo entre la verdad y esa otra verdad de las redes sociales. Nosotros estamos en una fase muy temprana, en la que apenas estamos empezando a hacer actividades exploratorias en algunas regiones del país para determinar el potencial. Nosotros no estamos desarrollando no convencionales en este momento, porque no hemos llegado a ese punto todavía.

¿Hay solicitudes?

La primera campaña que se está desarrollando es la de San Martín (Cesar), donde todavía no hemos perforado, donde lo que se va a perforar no es un fracturamiento hidráulico (fracking), es una toma de un corazón que es lo mismo que hacemos en hidrocarburos convencionales. Esa es una frontera que desde 2011 dijimos como Estado que la íbamos a explorar. Todavía no sabemos si tenemos recursos que se puedan desarrollar en esa frontera. Gran parte del debate público está asociado a actividades que ni siquiera hemos entrado en la fase de perforación, porque apenas estamos estudiando el potencial geológico.

¿Por qué las protestas en San Martín y otras regiones?

Ahí ha habido un activismo político muy importante, porque oponerse a la actividad de la industria se ha convertido en un instrumento políticamente rentable. Hay varias campañas territoriales que están fundadas sobre opóngase a quien llegue; a pesar de que el que llegue no ha hecho nada, ¡opóngase! Y bajo esa lógica es que se ha armado un poco este ruido. Hay un municipio del Meta cuya protesta está basada en el aumento de la actividad sísmica de una empresa que no tiene autorización ni recursos para hacer fracturamiento hidráulico, sin embargo hay protestas. Hay protestas en regiones donde están acusando a la industria petrolera de haber acabado fuentes hídricas donde no se ha tomado la primera muestra. Creo que el debate en este momento es muy rentable políticamente pero con poca evidencia científica de lo que se está alegando.

¿Cuál es la propuesta?

Hay que tener una discusión informada con los actores locales y territoriales, pero sobre todo con la evidencia científica del potencial de recursos que hay y de los impactos de la actividad sobre cómo se mitiga y cómo las autoridades son responsables de garantizarles a las comunidades de qué se puede hacer y se puede hacer bien.

Esos movimientos de protesta, ¿qué son?

Eso es parte de esta evolución que el país ha tenido. Que la gente se sienta en libertad de opinar es ganancia para el país. En el pasado al que alzaba su voz lo mataban, ese era el mundo de la guerra, el mundo en que las diferencias se resolvían a tiros. Es un avance grande de que la gente se sienta con la libertad de opinar, de preguntar y me parece que todos tenemos que aprender en esa nueva realidad del país que dialoga, que va a empezar a escuchar; poder oír a las comunidades y a las empresas.

¿Lo que está pasando con las consultas populares no le preocupa al Gobierno, cuando hay proyectos frenados y otros en peligro?

Claro que nos preocupa. Incluso ahora hay consultas para oponerse a proyectos de infraestructura a carreteras y proyectos que les llevan servicios públicos esenciales a las comunidades. Hay comunidades que le están exigiendo al Estado presencia del Estado pero que no quieren que pongamos un poste para llevarles electricidad.

¿Y qué hacer?

Ahí vamos a tener que encontrar la manera de que la gente entienda que el progreso lleva consigo el desarrollo de unas actividades. Parte de esa cosa que estamos todos entendiendo y aprendiendo, de cómo lo hacemos, es cómo somos capaces de contarle a la gente que un porcentaje muy importante del gasto social del país se financia con la industria de hidrocarburos y de minería. Casi la mitad de la inversión pública territorial se hace con recursos provenientes de esta industria. Cuando se le exige al Estado cobertura plena en salud, servicios públicos, agua potable y a las actividades legales que generan las regalías, los impuestos con los cuales se financian esas actividades, le dice no, un poco la consecuencia que tiene de fondo es que hay que encontrar una fuente para reponer esos ingresos.

¿Cómo va la reglamentación de las consultas?

Hay varios frentes de trabajo. Uno liderado por el Ministerio de Gobierno de consulta previa que es de reglamentación del acuerdo de la OIT. Hoy uno de los grandes vacíos que tenemos es que al no tener un procedimiento definido en la ley se vuelve aleatorio. Entonces, en algunas regiones se convierte en el poder de veto que no permite que los proyectos se desarrollen y en otras se convierte en un mecanismo de negociación que tampoco es lo correcto. Esto se resuelve sí somos capaces de ser propositivos en cómo resolvemos esos vacíos legales y normativos que nos permitan tener unas reglas claras de juego, empresa, comunidades, autoridades locales y nacionales.

 

 

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