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La Ruta del Sol es el megaproyecto con el que Colombia pretende dar un salto de competitividad económica al conectar la Costa Atlántica y el centro del país mediante una vía de doble calzada. La obra, que estaba proyectada para ser entregada a finales de 2014, está dividida en tres tramos. El primero de ellos, adjudicado en diciembre de 2009, está ubicado en Cundinamarca y corresponde a la conexión de los municipios de Villeta y Puerto Salgar. Este, a su vez, está dividido en los tramos Villeta-Guaduas y Guaduas-Puerto Salgar. El primero de ellos no tiene ni un kilómetro construido, por una vieja pelea entre el concesionario y el Gobierno Nacional. Una discusión que se zanjó la semana pasada y que podría acarrear que la obra sea terminada, por lo menos, tres años después de lo previsto.
El encargado de la construcción es el consorcio Helios, que hizo la oferta económica más baja para quedarse con el contrato. Sin embargo, pese a que aceptó las condiciones de la concesión, el consorcio, al hacer el estudio de impacto ambiental, se encontró con que el trazado que presentó el Gobierno para la obra cruzaba por las reservas forestales de San Francisco y La Esmeralda. Además, cuando a finales de 2010 y comienzos de 2011 el país sufrió los estragos de la ola invernal que produjo el fenómeno de La Niña, el consorcio encontró que el invierno había “incrementado la inestabilidad geológica de la zona”. Así se lo hizo saber a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en marzo de 2011.
No obstante, al tiempo que le pedía a la ANI que redefiniera los pormenores del contrato ante las circunstancias encontradas, el consorcio avanzó en los trámites de licencias ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Y fue precisamente esa entidad la que en abril de 2012 sacó una resolución notificando que no puede conceder la licencia puesto que la construcción afectaría las reservas de San Francisco y La Esmeralda, además, certificó la inestabilidad del terreno en la primera de las reservas (tal fue el impacto del invierno, que el municipio de Guaduas estuvo en alerta naranja durante cuatro meses por temor a un deslizamiento de tierra sobre el casco urbano).
Ante el inconveniente, la ANI dijo a través de su presidente, Luis Fernando Andrade, en octubre de 2012, que “el trazado se mantiene. Los riesgos de construcción y ambientales los debe asumir el concesionario”. Es decir que, a juicio del Gobierno, que se sustentaba en los conceptos de la interventoría de la obra, Helios debía asumir los costos de reparación ambiental a los que tuviera lugar la obra como inicialmente estaba concebida. Mientras tanto, el contratista barajaba de 12 a 15 opciones de cambio de trazado que, finalmente, se tradujeron en dos ofertas concretas. Sin embargo, la discusión seguía. En ese escenario, con la garantía de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, contratista y Gobierno se sentaron a buscar la mejor alternativa. Al final, en junio de este año, las partes coincidieron en buscar un diagnostico independiente sobre la viabilidad del trazado inicial.
El pasado 5 de septiembre “la firma estadounidense GZ, contratada como perito técnico, concluyó que la fuerte ola invernal que azotó al país entre 2010 y 2011 afectó la estabilidad geológica de la zona, especialmente el deslizamiento de San Francisco, lo que obliga a hacer un nuevo diseño para ese tramo”, reportó la ANI a través de su página web. Y, como el concepto tiene fuerza vinculante, el tramo, que se viene discutiendo desde 2011 tendrá que ser redefinido luego de las negociaciones entre la ANI y Helios, que comenzarán hoy.
Son dos las opciones. La primera, que se hagan los estudios por parte del Gobierno, que se abra una licitación y se adjudique, con lo cual la obra, que debió comenzarse a construir en julio de 2011, si le va bien al país, comenzará a ejecutarse en un año y medio. Es decir, se entregaría por lo menos en 2017, tres años después de lo previsto. Y, además, habría que renegociar el contrato con Helios, puesto que lo contratado no correspondería con lo entregado.
La segunda, que se asuma una de las opciones presentadas por Helios o se les adjudiquen los nuevos diseños y haya una renegociación que, según abogados consultados por El Espectador, podría ser demandada por los posibles nuevos oferentes. Ahora está en manos de la ANI y el contratista buscar la solución para una vía que estará en más del 70% lista para el segundo semestre de 2014, pero que tendrá que esperar años para ser entregada en su totalidad.
Por Camilo Segura Álvarez
