Hubo sobrecostos en obras de torre de control de Eldorado

Las explicaciones del director de la Aerocivil, Santiago Castro, al senador Juan Manuel Galán, en septiembre del año pasado, sobre presuntos sobrecostos en la contratación para la modernización del aeropuerto Eldorado, no fueron tan contundentes para la Contraloría, que encontró un presunto sobrecosto por $23.000 millones en la adjudicación de la nueva torre de control.

Según el organismo de control, en 2010 la firma Opaín hizo una oferta de construcción de la torre por $20.124 millones, garantizando una altura de 89 metros, con un fuste de 12 metros, un espesor de 50 centímetros y una cimentación y pilotaje de 45 metros; sin embargo, en diciembre la Aerocivil adjudicó al consorcio colombo-español FCC la obra por casi $45 mil millones y con características muy inferiores a las proyectadas.

Frente a estas denuncias el director encargado de la Aerocivil, coronel Carlos Silva, salió al paso y refutó las afirmaciones de la Contraloría al señalar que lo que entregó el concesionario Opaín fue una propuesta preliminar sin estudios de detalle, como sí lo hizo el consorcio ganador, y que la propuesta de la contratante no fue por $20.124 millones como lo recalca la Contraloría, sino por $35.425 millones, que no incluía el requerimiento como que la estructura tuviera forma de un poporo muisca, lo que subió el valor de la obra.

Señaló que la entidad contrató al consorcio Ineco+GOP, que realizó el estudio que determinó que la obra costaba $44.900 millones, que fue por lo que se adjudicó.

Silva explicó que la Aerocivil pone a disposición todos los documentos que demuestran que todo se contrató de acuerdo con la ley.

De otro lado, el funcionario señaló que están a la espera de que el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaren nulo el cobro que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por $13 mil millones por concepto de valorización, ya que esta figura se emplea es para aumentar el valor de los bienes con la venta.

Por su parte, el gerente de la concesión Juan Pulido señaló que se expidió la Ley 1430, con la cual se designó a las concesiones como sujetos pasivos de valorización, dentro de las cuales entraría Opaín, además, que en materia de impuesto predial para 2012 el concesionario efectuó un pago de $3.100 millones.

Las explicaciones del director de la Aerocivil, Santiago Castro, al senador Juan Manuel Galán, en septiembre del año pasado, sobre presuntos sobrecostos en la contratación para la modernización del aeropuerto Eldorado, no fueron tan contundentes para la Contraloría, que encontró un presunto sobrecosto por $23.000 millones en la adjudicación de la nueva torre de control.

Según el organismo de control, en 2010 la firma Opaín hizo una oferta de construcción de la torre por $20.124 millones, garantizando una altura de 89 metros, con un fuste de 12 metros, un espesor de 50 centímetros y una cimentación y pilotaje de 45 metros; sin embargo, en diciembre la Aerocivil adjudicó al consorcio colombo-español FCC la obra por casi $45 mil millones y con características muy inferiores a las proyectadas.

Frente a estas denuncias el director encargado de la Aerocivil, coronel Carlos Silva, salió al paso y refutó las afirmaciones de la Contraloría al señalar que lo que entregó el concesionario Opaín fue una propuesta preliminar sin estudios de detalle, como sí lo hizo el consorcio ganador, y que la propuesta de la contratante no fue por $20.124 millones como lo recalca la Contraloría, sino por $35.425 millones, que no incluía el requerimiento como que la estructura tuviera forma de un poporo muisca, lo que subió el valor de la obra.

Señaló que la entidad contrató al consorcio Ineco+GOP, que realizó el estudio que determinó que la obra costaba $44.900 millones, que fue por lo que se adjudicó.

Silva explicó que la Aerocivil pone a disposición todos los documentos que demuestran que todo se contrató de acuerdo con la ley.

De otro lado, el funcionario señaló que están a la espera de que el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaren nulo el cobro que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por $13 mil millones por concepto de valorización, ya que esta figura se emplea es para aumentar el valor de los bienes con la venta.

Por su parte, el gerente de la concesión Juan Pulido señaló que se expidió la Ley 1430, con la cual se designó a las concesiones como sujetos pasivos de valorización, dentro de las cuales entraría Opaín, además, que en materia de impuesto predial para 2012 el concesionario efectuó un pago de $3.100 millones.