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Los decretos de conmoción interior por la situación del Catatumbo han sido el tema a tratar durante la segunda emisión del Consejo de Ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante la transmisión, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, se refirió a los tres impuestos con los que se busca recaudar los recursos para atender la situación crítica de la región, recursos que llegarían a los $2,7 billones durante el tiempo de aplicación de los tributos, que van hasta el final de este año.
Los impuestos que se crearon para atender la crisis en el Catatumbo, mediante un decreto expedido hace un par de semanas, son:
- Juegos de azar en línea: actualmente no pagan IVA en Colombia y la intención del Gobierno es que estas transacciones queden gravadas con 19 %. Con este punto se espera un recaudo cercano al billón de pesos.
Esta era una de las previsiones claves de la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso y, de paso, fue uno de los puntos que más generó discusión entre los congresistas.
El decreto establece que estos servicios pagarán IVA, así sean operados desde el exterior, que era una de las preocupaciones de los empresarios del sector, pues si no se iguala esa cancha se termina privilegiando a una parte del sector.
Este sector ha tenido un comportamiento excepcionalmente bueno, pero no tributa como debería (y como sí lo hace la variante de esta actividad que se hace presencialmente). De acuerdo con cálculos del propio Ministerio de Hacienda, este renglón pasó de tener un crecimiento anual promedio de 4,4 % entre 2006 y 2020 a 26,8 % entre 2021 y 2023. Esto representa un crecimiento siete veces mayor que el PIB, si se miran las cifras de la pospandemia.
- Exportaciones de petróleo: se impone un impuesto de 1 % a “la exportación definitiva al resto del mundo y la primera venta dentro o desde el territorio nacional, de hidrocarburos y carbón”, se lee en el decreto.
El impuesto se causará sobre los siguientes productos, específicamente: “Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”. A todos estos bienes se les aplicará una tarifa de 1 %. Por cuenta de dicho renglón se reunirá un billón de pesos más.
- Impuesto de timbre: en la actualidad, este tributo solo aplica para los trámites notariales sobre bienes inmuebles cuyo valor está por encima de las 20.000 UVT (casi $996 millones para 2025).
La idea es que este impuesto se aplique a los trámites y servicios notariales, especialmente, cuyo valor esté por encima de los $298 millones, pero que no sean referentes a bienes inmuebles porque para estos aplica una tarifa distinta (aprobada desde la reforma tributaria de 2022). Este impuesto tendría un recaudo de $500.000 millones.
¿Cómo se va a usar el dinero?
Los recursos que vamos a recolectar únicamente pueden ser dedicados al Catatumbo. “Cada medida tiene el análisis respectivo en la región”, aclaró el ministro. Y añadió que las distribuciones buscan consistencia jurídica de proporcionalidad, temporalidad y conicidad.
De fondo, la administración Petro busca brindar seguridades y estabilidad en asuntos como producción agrícola, seguridad alimentaria y financiera, así como tenencia de la tierra, por mencionar algunos puntos.
El dinero de estos impuestos se usará, principalmente, para:
- Erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito: la meta del Gobierno es que 25 mil hectáreas de cultivo de hoja de coca pasen a economías lícitas de productos agroalimentarios. A este programa se destinarán $330 mil millones.
- Defensa y seguridad: se le asignarán $881 mil millones.
- Educación: tendrá unas adiciones presupuestales de $286 mil millones.
- Conexión vial: garantizar la transitabilidad entre La Mata (Aguachica, Cesar) y Convención durante el período de conmoción. Para ello se destinarán $200 mil millones este año. Ya para 2026 se buscará pavimentar El Tarra - Convención (Norte de Santander).
- Producción de alimentos y campesinos: se destinarán $26 mil millones para que el Banco Agrario garantice su funcionamiento en la región y $51 mil millones para garantías y fondos de solidaridad agropecuaria. Esto permitirá que los productores afectados acudan a los sistemas financieros para que tengan alivios y acceso a créditos para la reactivación.
- Subsidio a la vejez: se le pagará a los 38.237 adultos mayores, incluye indígenas y población migrante del territorio. El programa tendría un costo de 5.286 millones por un pago de una única vez. Aunque el Gobierno evalúa la posibilidad de hacer que el beneficio se gire todos los meses hasta finalizar el año (con un costo de unos $54 millones) de acuerdo con Gustavo Bolívar, presidente del Departamento Prosperidad Social (DPS).
De otro lado, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se refirió al Pacto Catatumbo, una ruta de 158 proyectos estratégicos creados por el Gobierno en diálogo con la comunidad y las entidades territoriales.
Se definieron varios ejes transversales para la transformación, entre ellos:
- La red educativa y universidad del Catatumbo
- Transformación económica
- Modelo regional de salud
- Conectividad e infraestructura vial
- Ordenamiento territorial
“La planeación estratégica va desde que se firme el pacto y hasta 5 y 10 años. En los próximos dos años están los recursos del Presupuesto, pero para los sectores que no alcancen a terminar, vamos a ubicar vigencias futuras”, expresó López.
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