Indagan detrimento por no construir la ALO

¿En qué está el proceso de responsabilidad por los radares que la Aerocivil compró y no sirvieron?

Costaban unos US$15 millones y realmente había fallas en los servicios, no estaban funcionando y hubo dobles compras. El proveedor es Lockeen Martin, organismo multilateral, y Colombia está haciendo esas reclamaciones. Obviamente, desde el punto de vista de seguridad aérea es un tema preocupante.

¿Qué piensan de la situación de los aeropuertos del Eje Cafetero, Barranquilla y Valle?

A la Contraloría le preocupa hace tiempo la no definición de qué pueden hacer las autoridades y qué el concesionario. No hay claridad sobre qué se puede hacer si aterriza una aeronave por ejemplo, del Ejército o de la Policía, si se debe cobrar la tasa aeroportuaria. Sin embargo, en muchos aeropuertos la cobran. Eso ha originado muchos inconvenientes a los concesionarios. La Contraloría ha intervenido. Por ejemplo, una funcionaria de la concesión de Bucaramanga tuvo que salir por ese cobro arbitrario.

Además del de las pensiones en el CSJ, ¿hay carruseles similares en otras entidades?

Por un lado, no se ha terminado la investigación del Consejo Superior de la Judicatura. La semana pasada fuimos a tomar más información, porque hay datos no concordantes . Por otro lado, ya se inicia respecto a los consejos seccionales. Hay otras entidades donde eventualmente suceden estos nombramientos, que impactan significativamente la mesada pensional. Una persona pasa de ganar $4 millones de mesada a $11 o $12 millones.

¿Qué entidades son esas?

Hay varias. No quisiera identificar nombres, porque quiero tener la información más precisa. Ahí hay dos cosas importantes que aclarar: hay conductas posiblemente imputables a los nominadores, pero también hay un vacío normativo y una jurisprudencia que abre el camino a ese impacto en el cálculo actuarial. Por ello la Contraloría actúa en todos los frentes y pidió a la Corte Constitucional modificar su jurisprudencia para establecer si la pensión se calcula con base en el promedio del salario de los últimos 10 años o con el del último año.

¿Ya decretó embargos en el caso de la vía Bogotá-Girardot?

Esos bienes ya se embargaron. El proceso se inició la semana pasada y el funcionario que tenía el tema a cargo accedió a una solicitud de suspensión en consideración a que los abogados tuvieron objetivamente un tiempo muy corto para preparar el expediente. Se reiniciará, pero las medidas de embargo ya se hicieron.

¿Y cuáles son los bienes objeto de embargo?

No le puedo decir, ni a quién, está en la reserva, pero eso se hizo.

¿Y en qué va lo del Túnel de La Línea?

Estamos próximos a establecer si esa concesión se puso al día, de lo contrario seguimos con el proceso. Y tenemos varias concesiones pendientes, como la de Bogotá-Tunja. Hay otro tema en Nariño. Al menos el 50% de las concesiones del país.

Si ya se avanzó en compra de predios, estudios y diseños, ¿habría detrimento patrimonial en Bogotá al no construir la ALO, como dice el alcalde Petro?

Sí, ese es un tema que la Contraloría va a investigar para ver de qué manera la idea de que no se continúe adelante con lo pactado puede afectar el patrimonio de la Nación. Estamos examinando el tema, pero como fue una noticia de la semana pasada, no puedo anticiparle si esa decisión es conveniente o inconveniente.

¿Tiene investigaciones sobre la responsabilidad del Estado en el despojo de tierras? ¿Dónde estaba, por ejemplo, Parques Naturales cuando se apoderaban de las tierras del Tayrona?

Primero, una de las grandes víctimas fue el Estado. El despojo de los baldíos de las tierras del Estado presenta unas cifras aterradoras, aparte de la situación de las víctimas propiamente dicha. El Estado estaba replegado, con un objetivo: el tema de orden público, y por otro lado, hay casos como el del Tayrona, en los que hubo una estrategia sistemática para hacerse a las tierras que legalmente no habían podido ser objeto de apropiación privada. Ahí seguramente hubo omisiones y negligencias. Hay que diferenciar los casos de, digamos, fuerza mayor y los de omisión del ejercicio de las obligaciones elementales del Estado.

¿Habrá otra intervención de predios en las Islas del Rosario?

En ese caso la Contraloría no había intervenido anteriormente, fue una actividad que adelantó la Procuraduría en su momento. ¿Qué ha encontrado la Contraloría en este momento? Que a las personas se les cambió su régimen de propiedad, entre comillas, por el pago de un arrendamiento. Ese arrendamiento lo pagan poquísimos arrendatarios, el retraso es muy grande y no hay gestión del Estado para el cobro. Eso origina una apertura de investigación de la Contraloría.

¿Cómo va la audiencia en el Valle por detrimento patrimonial?

Se adelanta un proceso por un detrimento patrimonial de $105 mil millones. Tiene que ver básicamente con el porcentaje de la producción dedicado a la promoción, con la no identificación de botellas como material de promoción, con el impacto tributario que eso tiene en la salud y con el cambio de manera posiblemente irregular de quien debiera ser el concesionario para la distribución de ese licor. El proceso se adelanta de manera verbal y el inicio tuvo muchos recursos de reposición, de apelación, solicitudes de nulidad. La semana pasada se oyeron los descargos de los imputados, se pidió la práctica de unas pruebas y pronto se podrá tomar una decisión en la primera instancia.

¿Por qué se habla de un control excepcional en Antioquia?

Mire, hay tres casos paradigmáticos en el país. Tenemos el control excepcional del Valle, de Antioquia, de Bogotá; no soy ordinariamente competente para asumir el control fiscal del tema de la 26. Parto de que hay recursos de la Nación, pero recuerde que lo solicitaron tanto el Concejo como la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en esa medida asumimos los procesos que tenía a su cargo el contralor Moralesrussi. En Antioquia han interpuesto todos los recursos posibles.

Hay una veeduría ciudadana, presidida por el señor Bustos, que tranquilamente dice que yo lo hago para pagarle mi elección al señor Óscar Marín, de la Comisión Legal de Cuentas.

¿Solucionó sus diferencias con el Minhacienda?

Sí, sí, sí, si.

¿De qué manera?

El tema quedó aplazado porque finalmente se decidió que la norma fuera aprobada en esta legislatura. Lo que ha hecho el Gobierno es hacer el presupuesto y allí se asigna una cifra para la Contraloría, que obviamente la entidad solamente podría usar si tiene una nómina para gastar estos millones que se le adjudicaron. Para eso necesita la creación de una planta.

Dentro de esa planta se están contratando personas que salieron del DAS y que no habían encontrado posibilidad de trabajo en otras partes...

Yo estuve hablando con el doctor Giraldo, del DAS, que me parece que ha hecho una liquidación ordenada, y me comentó que quedaba el tema de los 70 sindicalistas con fuero y por lo tanto se había procedido a interponer la demanda para el levantamiento del fuero y que esos eran los únicos que quedaban sin una solución laboral. Le dije que me parecía que eso no era conveniente para el país y que si ellos accedían, porque el fuero es una garantía de inamovilidad, con la intervención del Ministerio de Trabajo y del propio sindicato, podían irse a la Contraloría. No tenemos clara la solución jurídica, porque yo no estuve dentro de las entidades receptoras de funcionarios y por lo tanto toca buscar el sustento jurídico para que ellos estén en la planta en las mismas condiciones.

Resultados de la auditoría “Obras inconclusas”

Entre las investigaciones que adelanta el equipo de Sandra Morelli se identificó que hay un detrimento de más de $33.000 millones en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y Meta causados por irregularidades en la carencia de planeación en la ejecución de los recursos o por la modificación en los estudios y diseños de obras que debían hacerse con recursos de las regalías.

“Obras inconclusas” es el nombre de la auditoría realizada por la Contraloría, a través de una alianza entre la Contraloría Delegada para Minas y Energía, y su Dirección de Vigilancia Fiscal, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y su Subdirección de Regalías, donde se seleccionaron 28 proyectos ejecutados con dineros de regalías, de vigencias que van desde 2003 hasta 2010, los cuales corresponden al 80% de la totalidad de la muestra estudiada (35).

 *Directora Servicio Informativo de Caracol Radio.