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Si antes una carretera se planeaba con la intención de satisfacer una necesidad presente de infraestructura, de ahora en adelante las obras deberán incorporar el riesgo climático. Esa será la nueva forma como el país planeará, construirá y operará su infraestructura de movilidad.
Ese es el objetivo del Ministerio de Transporte con la nueva resolución en que adopta el primer Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Transporte. Según la jefa de cartera, María Fernanda Rojas, “con este plan dejamos una hoja de ruta para que Colombia cuente con un sistema de transporte más resiliente, más limpio y preparado para responder a los retos ambientales sin perder competitividad ni conectividad”.
La resolución responde, además, a obligaciones de tiempo atrás, amparadas bajo la Ley 1931 de 2018, que ordenó que cada ministerio formulara un plan sectorial de gestión del cambio climático, mientras que la Ley 2169 de 2021 fijó metas para avanzar hacia una economía más resiliente y con menores emisiones de carbono.
El transporte representa el 13,9 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, según el Inventario Nacional de GEI del Ideam para 2021. De ese total, el transporte terrestre concentra el 84 %, impulsado principalmente por camiones de carga y buses pesados, responsables de 15 millones de toneladas de CO₂ equivalente, seguidos por los vehículos livianos y las motocicletas.
Hasta ahora, el sector transporte no contaba con un documento que reuniera, bajo un mismo paraguas, las acciones de mitigación y adaptación, pese a que el 86 % de la carga en Colombia se mueve por carretera y el 74 % de los pasajeros también.
De ese modo, las filas de vehículos estancados por un riesgo climático podrían reducirse en un futuro, siempre y cuando las obras prioricen la estrategia. Así, el impacto en las cadenas logísticas, el costo de transporte de mercancías, el abastecimiento y los tiempos de desplazamiento tendrían mayor previsión y más seguridad en la infraestructura.
El documento no se limita a plantear metas de reducción de emisiones. Como se explicó, eso ya lo tiene definida la Ley 2169 de 2021. Más bien, busca que la infraestructura sea capaz de soportar con mayor solidez inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas y otros eventos extremos que en los últimos años han golpeado corredores estratégicos del país.
El documento parte de una experiencia reciente. De acuerdo con el diagnóstico del plan, durante el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023, el Instituto Nacional de Vías reportó 3.236 emergencias, con afectaciones sobre 3.908 kilómetros de vías nacionales, además de daños en 48 puentes y 26 tramos terciarios. En la red concesionada, la Agencia Nacional de Infraestructura registró 1.474 emergencias, con impactos sobre 12 corredores viales, cuatro tramos férreos y nueve terminales aéreas. La evaluación oficial estimó daños por COP 530.000 millones, pérdidas por COP 280.000 millones y necesidades de recuperación cercanas a COP 3,3 billones, sin contar las pérdidas económicas derivadas de las interrupciones en la operación del transporte.
¿Cómo aplicará?
El diagnóstico elaborado por el Ministerio identifica varios problemas estructurales que explican la vulnerabilidad del sector. Entre ellos aparecen la fuerte dependencia del transporte carretero, la baja eficiencia energética, el envejecimiento del parque automotor, el uso intensivo de combustibles fósiles, la ausencia de información suficiente sobre emisiones y la escasa incorporación del riesgo climático durante la planeación de las obras.
Por eso, consideró dos líneas de trabajo. El primero consiste en reducir las emisiones del sector mediante una mayor eficiencia energética y la incorporación progresiva de tecnologías más limpias. El segundo busca que las futuras obras incorporen criterios de adaptación desde su etapa de planeación, de modo que carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y corredores férreos puedan responder mejor a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.
Para lograrlo, incorpora acciones para fortalecer la regulación, mejorar la disponibilidad de información técnica, promover investigación, definir mecanismos de financiación y establecer indicadores que permitan evaluar periódicamente el avance de las medidas adoptadas.
Por otro lado, la resolución autoriza su actualización cuando cambien las metas climáticas del país, evolucionen los riesgos o surjan nuevas obligaciones legales, con el propósito de que las decisiones del sector se ajusten a escenarios que seguirán transformándose durante las próximas décadas.
¿Quiénes lo deberán adoptar?
La implementación de la estrategia recaerá sobre las entidades adscritas al sector transporte, mientras que el seguimiento estará a cargo del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio. El plan también será comunicado a Cormagdalena por el papel que desempeña en la infraestructura fluvial del país.
La intención es que las futuras decisiones de infraestructura incorporen desde el diseño las condiciones climáticas que enfrentarán las obras durante su vida útil y, en paralelo, acelerar la transición energética mediante la promoción de energías limpias.
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