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La infraestructura de carretera suele plantearse como un sinónimo de desarrollo. Está en las promesas de campaña y en los balances de Gobierno, incluso en los últimos dos años ha sido bandera en la reactivación por su potencial de dinamizar la economía. Sus ventajas son bien conocidas: genera empleos, inversión, conectividad, disminución de costos logísticos, entre otras. Pero lo que no se puede negar (aunque a veces se discuta poco) es que tiene efectos en el medio ambiente.
Ahora bien, en Colombia la premisa de apostarle a una infraestructura sostenible está más que planteada en el papel y en el discurso. Los lineamientos de infraestructura verde, la inclusión en una buena cantidad de compromisos internacionales e incluso la política pública que marca las pautas para los proyectos de la quinta generación de concesiones son algunos ejemplos. La gran pregunta es si el compromiso se está materializando, si estamos dentro de un proceso de transición o si, definitivamente, estamos lejos de cumplirlo.