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Uno de cada cinco hogares en Colombia siguió teniendo problemas para acceder a alimentos suficientes durante 2025. La cifra mejoró frente al año anterior, pero todavía deja a cerca de 12 millones de personas en inseguridad alimentaria. Y el mapa del hambre, cuando se cruza con el empleo informal, empieza a mostrar patrones bastante menos accidentales de lo que a veces se quiere creer.
Un análisis de ANIF, basado en datos del DANE y la FAO, encontró una relación directa entre inseguridad alimentaria y precariedad laboral. Los departamentos con mayores niveles de informalidad tienden a concentrar también los peores indicadores de acceso a comida.
Las brechas
A nivel nacional, el indicador bajó durante 2025 y pasó de 25,5 % a 21,1 %. También disminuyó la inseguridad alimentaria grave. “El 2025 fue un muy buen año para el país en la reducción de la incidencia”, dijo entonces la directora del DANE, Piedad Urdinola, al presentar los resultados de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), medición construida junto con la FAO.
Pero la reducción nacional esconde fracturas regionales fuertes.
Los peores registros volvieron a concentrarse en Chocó, Sucre y La Guajira. Chocó cerró 2025 con 56,8 % de hogares en inseguridad alimentaria. Sucre registró 50,1 % y La Guajira 47,8 %.
En esos mismos territorios, la informalidad laboral también siguió entre las más altas del país: 79,4 % en Chocó, 83,2 % en Sucre y 82,3 % en La Guajira.
Contexto: Cede el hambre en Colombia: ¿qué hay y qué falta para asegurar el derecho a la alimentación?
Bogotá, en cambio, reportó una inseguridad alimentaria de 9,6 % y una informalidad de 33,5 %. San Andrés cayó hasta 5,2 %, con una tasa de informalidad de 25,3 %.
En el caso de Chocó, Urdinola vinculó parte del deterioro a las dificultades de acceso y distribución de alimentos en zonas golpeadas por problemas de orden público. El departamento pasó de una inseguridad alimentaria grave de 6,4 % en 2024 a 17,9 % durante 2025.
ANIF advierte que la relación estadística entre informalidad e inseguridad alimentaria es alta. El centro de estudios encontró un coeficiente de correlación de 0,7 entre ambas variables. No prueba causalidad directa, pero sí una coincidencia persistente: donde el trabajo suele ser más inestable, el acceso regular a comida también tiende a deteriorarse.
La gente come mejor cuando tiene ingresos relativamente estables. Una conclusión bastante elemental, aunque todavía difícil de garantizar en buena parte del país.
Fuera de las ciudades el panorama siguió siendo más duro. En centros poblados y zonas rurales dispersas, la inseguridad alimentaria alcanzó 31,4 % durante 2025, aunque bajó frente al 34,2 % registrado un año antes. En cabeceras urbanas el indicador pasó de 23 % a 18,1 %.
Las diferencias también aparecieron según género, educación y vivienda. Los hogares con jefatura femenina registraron una inseguridad alimentaria de 23,1 %, frente a 19,4 % en hogares encabezados por hombres.
Entre hogares cuyo jefe no tiene ningún nivel educativo, la prevalencia escaló hasta 45,7 %. En aquellos con educación superior cayó a 9,1 %.
Las condiciones de vivienda también marcaron diferencias fuertes. En hogares con déficit habitacional, la inseguridad alimentaria llegó a 35,6 %. Entre quienes se consideran pobres, el porcentaje subió hasta 42,2 %.
El empleo mejora, pero la informalidad sigue alta
Las cifras coinciden con un mercado laboral que mostró algo de alivio durante los últimos meses. En marzo, el desempleo nacional cayó a 8,8 %, el nivel más bajo para ese mes desde 2001.
La informalidad también cedió, aunque todavía alcanzó a más de la mitad de los trabajadores ocupados: 55,6 %. Y ahí aparece parte del problema que señalan ANIF y el DANE. Tener empleo no siempre garantiza estabilidad económica básica, mucho menos en regiones donde buena parte del trabajo sigue dependiendo del rebusque diario.
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