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La Superintendencia de Servicios públicos ordenó la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina (P&K), pues determinó que no tiene la capacidad estructural y financiera para garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los habitantes del archipiélago (Providencia y Santa Catalina).
El Gobierno explicó que la intervención es motivada en las deficiencias recurrentes en aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros que ponen en riesgo la prestación de servicio en estos dos municipios. Igualmente se identificó que se presentan incumplimientos normativos y regulatorios, baja cobertura en acueducto y aseo; y casi nula en alcantarillado.
La superintendente Natasha Avendaño García explicó que “el esquema de prestación actual de P&K no es sostenible debido a la insuficiencia financiera, ausencia de permisos ambientales para la actividad de disposición final de residuos; así como dificultades para obtener los insumos y equipos necesarios para el tratamiento del agua, y las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta expedidos por la alcaldía de Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota. A pesar de las medidas de inspección, vigilancia y control que adelantamos antes y después del paso del huracán, que causó daños en el 98% de la infraestructura en las islas, no se evidenciaron mejoras en la prestación de los servicios, lo que nos llevó a tomar posesión de la empresa para garantizar a sus habitantes la efectiva prestación de los servicios públicos”.
Esta intervención representa una innovación, pues la superintendencia designó como agente especial de naturaleza jurídica a las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se trata la primera vez que una empresa sirve como interventor.
“Designamos a EPM para adelantar el proceso de intervención de esta empresa teniendo en cuenta que se requiere un direccionamiento técnico de alto nivel, que actúe en conjunto con el Gobierno Nacional para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. El objetivo es atender las necesidades prioritarias de la comunidad, mejorando la prestación de los servicios en el menor tiempo posible”, explicó Avendaño.
La resolución emitida por el Gobierno establece un año de intervención pero el periodo podrá ser prorrogado en caso de ser necesario.
