Investigadores de la U. Nacional enumeran los errores de la Emergencia Social

Las medidas del Gobierno tomadas al amparo de la Emergencia Social “resultan nefastas para la salud de la población”. Esa es la conclusión de un estudio que el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional, le acaba de enviar a la Corte Constitucional —la cual tiene la última palabra en la aprobación de los decretos expedidos para hacerle frente al déficit de la salud—.

Emergencia Social para lucro financiero es el título de este documento, elaborado por investigadores del Grupo de Protección Social de la Nacional, quienes plantean “una nueva organización del sistema de salud”. Ante sus ojos, el Gobierno ha incurrido en un error tras otro en la reforma al sector, que ayer fue rechazada por más de 45 mil colombianos que protestaron en las calles de Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta y Armenia pidiendo la derogación de los decretos. Aquí, un resumen de la cadena de desaciertos gubernamentales hallados en el estudio.

Emergencia inconstitucional

Ya lo han dicho expertos de todas las áreas —constitucionalistas, médicos, científicos, economistas— y ahora la academia lo reitera: “La declaratoria de Emergencia es equivocada e inconstitucional”.

Las razones: el desborde de los gastos del sistema (según el Gobierno por los servicios no POS) no es un hecho intempestivo o sobreviniente, “se trata de problemas estructurales del sistema, tanto de organización como de funcionamiento, anunciados y demostrados por sectores académicos y sociales desde hace varios años”, reza la misiva.

Sistema sin recursos

El estudio argumenta que las razones reales que llevaron al desfinanciamiento de la salud son “tres decisiones políticas”. La primera es “la precarización del empleo, que ha producido un estancamiento de la afiliación al régimen contributivo en un 39% y de los recursos de solidaridad que apoyan el régimen subsidiado”.

La segunda decisión fue el recorte de recursos a los entes territoriales, como consecuencia de dos reformas que disminuyeron “en 5% la proporción de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) dirigidos al gasto público en salud entre 1999 y 2007”.

La última fue la medida del Ejecutivo de invertir los recursos del Fosyga en títulos de deuda pública o TES, “supuestamente como ahorro o previsión”. Según esta investigación, a diciembre de 2009 un total de $5,9 billones del Fondo se encontraban invertidos en portafolio financiero.

Recomendaciones

“Si se quiere superar el problema estructural del actual sistema, es necesario un amplio debate nacional”. Las últimas líneas de la misiva están dedicadas al qué hacer para salir de esta crisis.

Propone una nueva forma de financiamiento que integre en un “fondo público único” los recursos de cotizaciones con los de impuestos. Y para finalizar enfatiza en que la administración de los recursos debe ser territorial y que el sistema debe privilegiar “la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención integral y la participación efectiva de la población”.

Regaño presidencial

“Parece uno hablando con paredes”,  reclamó el presidente Álvaro Uribe al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quejándose ayer durante un acto público por los deficientes canales de comunicación entre el Gobierno y los pacientes, y de éstos con las EPS, y recordó que cuando atendió llamadas en el ‘call center’, apenas recibió 250 comunicaciones al día. “Lo que se ha hecho es mediocre”, afirmó Uribe, quien también le jaló las orejas al Ministro por no incluir en la Emergencia Social el tema de la maternidad como enfermedad general.