Irregularidades fiscales por casi $15.000 millones halló CGR en plataformas tecnológicas

La Contraloría General de la República (CGR) informó de hallazgos fiscales por $14.823 millones (de un monto total auditado de $99.000 millones) como resultado de una actuación especial sobre le manejo de recursos públicos en plataformas tecnológicas de educación y salud, contratadas con dinero de regalías, en cinco departamentos: Risaralda, Cauca, Caquetá, Magdalena y Arauca.

Según el ente de control, las plataformas en cuestión son estratégicas y, “de haber estado en pleno funcionamientos, hubieran permitido superar las barreras del COVID-19. Así, por ejemplo, un proyecto de historia clínica centralizada en el departamento de Risaralda, que no ha resultado funcional, habría servido para monitorear de mejor manera los pacientes de COVID-19″, explicó.

Asimismo, en Caquetá y Magdalena, los estudiantes han sido afectados por la falta de funcionamiento de plataformas educativas en las que se invirtieron recursos públicos.

Por departamento, los resultados fueron los siguientes:

Risaralda, con hallazgo fiscal por $9.892 millones. Según la Contraloría, en 2018 y 2019, la Gobernación, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió tres contratos y un convenio administrativo con el fin de conformar la red pública de prestadores para la atención integral en salud del departamento. Esto, por medio de la articulación de la historia clínica centralizada en los 16 hospitales del departamento.

“Como resultado de la auditoría, se pudo constatar que no existe interoperabilidad entre los software contratados, es decir que la historia clínica centralizada no funciona. Si dicho servicio estuviera implementado, Risaralda tendría el mejor sistema de monitoreo de sus pacientes con ocasión de la pandemia”, explicó la CGR.

Arauca, con hallazgo fiscal por $ 2.406 millones. Según el ente de control, la Gobernación de Arauca suscribió en 2013 el contrato 366, con el fin de crear redes de conocimiento en áreas básicas pedagógicas y fortalecer procesos evaluativos en el departamento, a través de una plataforma digital conectada a través de internet.

No obstante, señala la CGR, “no se crearon tales redes de conocimiento ni tampoco se fortalecieron los procesos evaluativos para los estudiantes objeto del proyecto. Hoy tampoco funciona la plataforma digital ni mucho menos la conectividad a internet. A esto se suma el incumplimiento del contrato de interventoría asociado al Contrato 366 de 2013, por valor de $150 millones, puesto que el proyecto objeto de vigilancia y control no ejecutó las actividades para las cuales se contrató”.

Cauca, con hallazgo fiscal por $1.640 millones. De acuerdo con la Contraloría, la Gobernación del Cauca suscribió el contrato 1467 el 26 de julio de 2018, que está en ejecución, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, por medio del uso y apropiación de las TIC en las instituciones educativas públicas en el departamento.

“En la Actuación Especial se determinó que el contrato no fue suspendido en los periodos de receso estudiantil (vacaciones) del año 2019, ni tampoco en parte del 2020, incluso los periodos en los que el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia”, puntualizó la CGR.

En Caquetá y Magdalena hubo hallazgos fiscales por $734 millones. Según la Contraloría, estas gobernaciones suscribieron contratos en 2014 y 2015, respectivamente, para crea y ejecutar plataformas tecnológicas para los estudiantes de las entidades educativas públicas.

“A la fecha, dichas plataformas tecnológicas no están funcionando constituyéndose en “elefantes blancos virtuales”, o sea donde se paga por un software que nunca se utiliza, hallazgo que se suma a los ya encontrados en auditorías anteriores, puesto que los estudiantes no tienen cómo recibir sus clases de manera remota, cuando ya se había pagado para tener tales herramientas”, dice el ente.

Vale la pena mencionar que los hallazgos fiscales se trasladan a investigaciones y juicios fiscales, para determinar si hay mérito para abrir procesos de responsabilidad fiscal.

La Contraloría General de la República (CGR) informó de hallazgos fiscales por $14.823 millones (de un monto total auditado de $99.000 millones) como resultado de una actuación especial sobre le manejo de recursos públicos en plataformas tecnológicas de educación y salud, contratadas con dinero de regalías, en cinco departamentos: Risaralda, Cauca, Caquetá, Magdalena y Arauca.

Según el ente de control, las plataformas en cuestión son estratégicas y, “de haber estado en pleno funcionamientos, hubieran permitido superar las barreras del COVID-19. Así, por ejemplo, un proyecto de historia clínica centralizada en el departamento de Risaralda, que no ha resultado funcional, habría servido para monitorear de mejor manera los pacientes de COVID-19″, explicó.

Asimismo, en Caquetá y Magdalena, los estudiantes han sido afectados por la falta de funcionamiento de plataformas educativas en las que se invirtieron recursos públicos.

Por departamento, los resultados fueron los siguientes:

Risaralda, con hallazgo fiscal por $9.892 millones. Según la Contraloría, en 2018 y 2019, la Gobernación, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió tres contratos y un convenio administrativo con el fin de conformar la red pública de prestadores para la atención integral en salud del departamento. Esto, por medio de la articulación de la historia clínica centralizada en los 16 hospitales del departamento.

“Como resultado de la auditoría, se pudo constatar que no existe interoperabilidad entre los software contratados, es decir que la historia clínica centralizada no funciona. Si dicho servicio estuviera implementado, Risaralda tendría el mejor sistema de monitoreo de sus pacientes con ocasión de la pandemia”, explicó la CGR.

Arauca, con hallazgo fiscal por $ 2.406 millones. Según el ente de control, la Gobernación de Arauca suscribió en 2013 el contrato 366, con el fin de crear redes de conocimiento en áreas básicas pedagógicas y fortalecer procesos evaluativos en el departamento, a través de una plataforma digital conectada a través de internet.

No obstante, señala la CGR, “no se crearon tales redes de conocimiento ni tampoco se fortalecieron los procesos evaluativos para los estudiantes objeto del proyecto. Hoy tampoco funciona la plataforma digital ni mucho menos la conectividad a internet. A esto se suma el incumplimiento del contrato de interventoría asociado al Contrato 366 de 2013, por valor de $150 millones, puesto que el proyecto objeto de vigilancia y control no ejecutó las actividades para las cuales se contrató”.

Cauca, con hallazgo fiscal por $1.640 millones. De acuerdo con la Contraloría, la Gobernación del Cauca suscribió el contrato 1467 el 26 de julio de 2018, que está en ejecución, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, por medio del uso y apropiación de las TIC en las instituciones educativas públicas en el departamento.

“En la Actuación Especial se determinó que el contrato no fue suspendido en los periodos de receso estudiantil (vacaciones) del año 2019, ni tampoco en parte del 2020, incluso los periodos en los que el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia”, puntualizó la CGR.

En Caquetá y Magdalena hubo hallazgos fiscales por $734 millones. Según la Contraloría, estas gobernaciones suscribieron contratos en 2014 y 2015, respectivamente, para crea y ejecutar plataformas tecnológicas para los estudiantes de las entidades educativas públicas.

“A la fecha, dichas plataformas tecnológicas no están funcionando constituyéndose en “elefantes blancos virtuales”, o sea donde se paga por un software que nunca se utiliza, hallazgo que se suma a los ya encontrados en auditorías anteriores, puesto que los estudiantes no tienen cómo recibir sus clases de manera remota, cuando ya se había pagado para tener tales herramientas”, dice el ente.

Vale la pena mencionar que los hallazgos fiscales se trasladan a investigaciones y juicios fiscales, para determinar si hay mérito para abrir procesos de responsabilidad fiscal.