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Cada cierto tiempo los concesionarios del Canal Uno tienen que acudir a conceptos jurídicos, revisar las leyes que rigen la industria de la televisión y contratar servicios de asesoría para seguir con sus actividades. Un rito que se repite en las fechas cercanas a la expiración de su contrato, cuando surge la posibilidad de una prórroga del mismo.
Así ocurrió en 1996, cuando la Ley 335 eliminó la extensión del acuerdo que habían firmado con el Estado en 1992 por seis años; se repitió en 1997 y 2003, con los escenarios de licitación para explotar el servicio de televisión pública; y vuelve a producirse ahora, de cara al vencimiento, el 31 de diciembre de 2013, de las concesiones otorgadas un decenio atrás.
La decisión se encuentra en manos de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y no ha estado exenta de polémicas y confusiones. Algunas versiones en los medios la acusan de no actuar dentro del plazo fijado por la ley (antes del 30 de junio) para estructurar una nueva licitación; otras se refugian en el artículo 10 de la Ley 335 de 1996 y recuerdan constantemente que cualquier posibilidad de prórroga sería ilegal.
Pero los concesionarios, papeles en mano, no pierden la calma. NTC, productora junto a Colombiana de Televisión de espacios como Noticias Uno y Sweet, cuenta entre sus argumentos con un concepto jurídico de la firma Esguerra, Barrera, Arriaga (del exministro Juan Carlos Esguerra) que despeja toda duda: en 2007, el artículo 27 de la Ley 1150 dispuso que la duración de “las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será de diez años, prorrogables por lapsos iguales”.
“Esta ley derogó toda disposición contraria y le dio vía jurídica a la extensión del contrato. Nos devolvió el derecho que perdimos en 1996”, comenta Jorge Acosta, gerente de NTC.
Aquel concepto se ha convertido en la piedra angular de los cuatro concesionarios del Canal Uno (además de NTC y Colombiana, están CM&, RTI en conjunto con Programar y la unión de Jorge Barón con Sportsat), no sólo para negociar una prórroga sino condiciones más favorables de operación. Bajo el contrato actual, las empresas deben aportar una suma fija más otra variable de acuerdo con sus ingresos por ventas.
Con dicha fórmula, el canal ha desembolsado $132.299 millones en los diez años de funcionamiento de la adjudicación. Sus ingresos anuales proyectados para 2013 son de $35.000 millones, por lo que sus obligaciones (de $14.000 millones) cubren el 42,73% de los ingresos. El negocio hoy en día se sustenta bajo la medición del Ibope que distribuye la pauta publicitaria según la audiencia en pantalla. Los programas del Canal Uno no marcan más del 5,30%.
“Le hemos solicitado a la ANTV la prórroga de nuestra operación en conjunto con un cambio en las mediciones. Porque la televisión se consume hoy en día por otros medios, como internet y servicios para dispositivos móviles. Pedimos que se incluyan modelos como el de la firma Cifras y Conceptos, que les pregunta a los líderes de opinión los espacios más influyentes. En él tenemos 29% de participación”, dice Acosta.
La decisión sobre el futuro tanto del modelo como de las concesiones debe tomarla la ANTV. Se espera que lo haga en los próximos días, después de reunirse con los cuatro adjudicatarios. Su plazo vence el 31 de diciembre.
Por David Mayorga
