Análisis

La Constitución del 91 y el panorama laboral: promesas no atendidas

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La Constitución ofreció el marco para impulsar los derechos laborales en Colombia. A pesar de esto, analistas aseguran que la situación del trabajador se ha erosionado en los últimos 30 años.

La Constitución de 1991 trajo consigo, además de un nuevo andamiaje en materia social, cambios estructurales en política económica. Por ejemplo, reformuló el papel del Banco de la República e influyó poderosamente en reforzar su papel en la estabilidad macroeconómica y financiera.

Además de esto, la nueva carta magna también introdujo un nuevo marco de referencia en temas de empleo y sistema laboral en Colombia. A grandes rasgos, la Constitución “reconoció como fundamental el derecho al trabajo en Colombia. Con base en esa declaratoria, paralelamente, se dio la orden de actualizar todo el código sustantivo del trabajo, que era de los años 50. Con ese principio como base, la idea era expedir un estatuto del trabajo. Esto, 30 años después, no ha sucedido”, cuenta Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Como sucede con otros asuntos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, algunas de las promesas constitucionales, aunque con objetivos claros y deseables, se han quedado sin una ejecución posterior.

Jorge Armando Rodríguez, decano de Economía de la Universidad Nacional, lo pone de esta forma: “El pleno empleo es un buen ejemplo de un objetivo de política económica consagrado en la Constitución que ha sido ante todo una declaración de buenas intenciones. Carece de los dientes y del andamiaje institucional que sí tienen el objetivo de control de la inflación, en cabeza del Banco de la República, y la regla fiscal ―enhorabuena suspendida temporalmente por la pandemia― por cuya implementación deben velar el Ministerio de Hacienda, las comisiones económicas del Congreso y un comité consultivo”.

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Tres décadas después de la promulgación de la Constitución, el panorama laboral ciertamente se ha ido modificando. Sin embargo, para algunos expertos, el balance de estos cambios resulta agridulce.

Para Jaramillo, uno de los problemas de no haber discutido un nuevo estatuto de trabajo radica en que los derechos que se han ido ganando a favor de los trabajadores ha sido a través de fallos de la Corte Constitucional y no por trabajo del Congreso. “No se discute el estatuto porque hay muchos intereses en la mitad. Es un problema de voluntad política”.

Antes de los cambios introducidos por la Constitución de 1991, la norma que regía las relaciones laborales en Colombia era el código sustantivo, promulgado en los años 50, “que no tiene el modelo constitucional que se diseñó en el año 91. Hay una incompatibilidad clarísima entre ambas normas. Por ejemplo, “el derecho al trabajo sigue siendo un derecho de privilegio, de excepción. La Constitución ordena la protección al trabajo en todas sus modalidades, pero el trabajo que está en el código es el trabajo subordinado. Por eso hoy en día encontramos que 66,3 % de la fuera laboral es informal y está por fuera de la promesa de la Constitución”, explica Jaramillo.

Ahora bien, según cuenta César Giraldo, profesor de la Universidad Nacional, el panorama laboral en el país ya estaba en proceso de transformación desde el año antes de la Asamblea Nacional Constituyente gracias a varias reformas impulsadas por el entonces presidente César Gaviria.

Giraldo se refiere a iniciativas como la Ley 50 de 1990, que introdujo los contratos a término fijo, “que dan pie a la prestación de servicios”. Así mismo, en ese momento, el expresidente Gaviria impulsó reformas para abrir más la economía del país hacia el mundo, que estaba en pleno proceso de globalización. “La Constitución está en esa ola de reformas, que comenzó a finales de los años 90 y que continuó, por ejemplo, con la Ley 100 de 1993, con la cual se crea un nuevo régimen que cambia la protección social a los trabajadores”.

“El problema de fondo es que la promesa fundamental de extender una garantía al trabajo en todas las modalidades sigue estando incumplida. El sistema de regulación sigue estando ligado al código sustantivo y no llega a los estándares trazados por la Constitución”, afirma Jaramillo.

Para Giraldo, las reformas impulsadas en los años 90 representan un cambio en la doctrina pública hacia el trabajo: antes de estas iniciativas, había una actitud más proteccionista hacia el trabajador. “Pero ese discurso cambió con el concepto de empleabilidad. Lo que se criticaba antes era que la economía era muy rígida, que el exceso de regulación no permitía generar empleo”, dice Giraldo.

En otras palabras, está hablando de algo que comúnmente se conoce como flexibilización laboral, una suerte de mantra que propende por la relajación de las normas laborales como una especie de estímulo a los empleadores para que se genere más empleo.

La tesis es ampliamente debatida y, la verdad, tiene resultados muy cuestionables. Según un reciente estudio de Cedetrabajo, “no existe evidencia seria de que precarizar el trabajo se traduzca en mayor inversión y vinculación al mercado laboral”. Y a renglón seguido concluye que: “Los resultados para el caso colombiano son contundentes, entre 2000 y 2020, después del choque de la crisis del 2008, que implicó un crecimiento del PIB en 2009 de apenas 1,1 %, la economía colombiana no ha tenido una recuperación sostenida y es un período en el cual se han aplicado ampliamente estas teorías. El crecimiento anual del PIB pasó de 7 % en 2011 a 1,4 % en 2017. En este sentido, la dinámica de la tasa de desempleo confirma la contracción de la actividad económica de los últimos años, pues para el 2019, el desempleo creció a un ritmo superior al de la última década”.

Por su parte, Giraldo concluye que “cuando uno mira la afiliación al sistema de pensiones como un indicativo de seguridad social, de tener empleo formal, uno encuentra que antes de la Ley 100 el 90,5 % y cotizaba y ahora sólo 40 % lo hace, o sea un 60 % no cotiza. Eso es resultado de que se ha perdido la estabilidad salarial porque la cotización nace de una relación salarial. Yo lo que veo es que hay un debilitamiento del vínculo salarial, que tiene consecuencias sobre la sociedad y los trabajadores”.

El estudio de Cedetrabajo apunta algunos datos sobre el deterioro de la ocupación al decir que este “así como el incremento del desempleo, han presionado a buena parte de la población desocupada a dejar de buscar empleo. Así lo evidencia el comportamiento de la inactividad, la cual ha evolucionado de manera proporcional a la contracción de la ocupación. Como resultado, la población inactiva se incrementó en más de dos millones de personas entre 2012 y 2019, con la particularidad de la sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado”.

Al final, la Constitución ofreció un marco de referencia para mejorar en la protección de los trabajadores. Pero, como en otros asuntos, hacen falta acciones legislativas y de política económica para impulsar los derechos laborales en un país con poca representación sindical y con problemas estructurales de empleo, como informalidad y sesgos de género.

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