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Recientemente se conoció un documento en el que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) le hace una serie de requerimientos a los medios de comunicación televisivos, especialmente en las formas en las que estos definen qué tipo de contenidos informativos llevar.
El documento, firmado por la coordinadora ejecutiva Zoila Vargas Mesa, recuerda que los medios tienen el deber de separar información de publicidad. Establece, por ejemplo, que los programas periodísticos y noticiosos no podrán incluir en sus emisiones clase alguna de publirreportajes o televentas.
“Cuando algunos de los socios o accionistas de un operador privado de televisión, de un concesionario de espacios o contratista de canales regionales tengan intereses empresariales o familiares directos en una noticia que vaya a ser difundida, deberá advertir a los televidentes de la existencia de tales intereses”, seele en el documento.
Ante esto, se solicitó a los medios que informen cuáles son sus políticas internas, directrices o prácticas destinadas a garantizar que los contenidos publicados en espacios periodísticos cumplan con los criterios de imparcialidad (acciones para evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa), objetividad (procedimientos que aseguren la separación entre hechos y opiniones, así como la inclusión de diversas fuentes para ofrecer un análisis equilibrado) y veracidad (mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su publicación).
Además, se les solicitó informar si han desarrollado actividades relacionadas con este propósito, como programas de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra práctica que contribuya a fortalecer su cumplimiento.
En la lista de pedidos, también figura el reporte de manejo de documentos internos que estén vigentes, como manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales. A esto se suma el que los medios televisivos deben describir cómo eligen los contenidos informativos o noticiosos que emiten.
En esto último se debe incluir los criterios de valoración en la sección de temas, fuentes y enfoques. Se ordena anexar soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones.
Finalmente, que se informe sobre las medidas que aplican para diferenciar la información de la publicidad en su programación.
Las reacciones al requerimiento
Voces como la del periodista Julio Sánchez Cristo señalan que este tipo de actuaciones podrían catalogarse como censura. Parte de los argumentos subrayan que los medios simplemente no pueden compartir cualquier tipo de información, pues de fondo hay otros derechos, como la reserva de las fuentes.
Declaraciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), publicadas en Caracol Radio, apuntan a que la CRC se estaría excediendo en sus funciones al pedir documentos internos sobre cómo se toman decisiones editoriales, tocando otros derechos constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
“Sí se puede considerar como censura indirecta”, detalla, al explicar que en los consejos de redacción se suelen discutir temas que son sensibles y que, como ya se dijo, puede afectar la protección de las fuentes.
Un experto consultado por El Espectador precisa que catalogar esta actuación como un intento de censura es algo más interpretativo, pues pedir información sobre las políticas que tiene un medio no necesariamente se cataloga como tal.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema y aseguró que no solo se busca censurarlo a él, sino también a los medios de comunicación. “Esa entidad —en referencia a la CRC— ha rechazado al delegado que envié conforme a la Constitución”, afirmó.
En una rueda de prensa que ofreció la CRC para aclarar las dudas alrededor de este tema, la comisionada de Contenidos Audiovisuales Andrea Muñoz, detalló que todos los requerimientos que se le hicieron a estos medios están fundamentados en el marco de las funciones que tiene la entidad.
Precisa que la intención no es hurgar en la intimidad de los consejos de redacción, sino más bien identificar cuáles son las buenas prácticas que se están aplicando para promoverlas.
“Queremos conocer cómo es el ecosistema mediático, cómo se está garantizando ese pluralismo informativo y cómo se están protegiendo a las audiencias”, dijo.
Explicó que solo se le pide a los medios televisivos porque solo en ellos tiene alcance su despacho, y que el envío de esta tiene un carácter más voluntario, pues no se van a adelantar investigaciones o sanciones a quienes no colaboren con el llamado.
“Es más una invitación a la colaboración. Se hace en protección de los televidentes y no se puede considerar como un elemento de censura”, dijo.
Sin embargo, en el requerimiento enviado a estos medios de comunicación se lee que “la información solicitada deberá remitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del presente requerimiento (...). El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.
La comisionada Muñoz concluyó diciendo que los medios deberían sentirse orgullosos de compartir con otros las buenas cosas que están haciendo, y que no encuentra razones por las cuales no debería enviarse la información que se está solicitando.
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