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Una solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión encendió un debate la semana pasada. La entidad pidió información sobre cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten. En ello se incluían aspectos como los criterios de valoración, las fuentes y los enfoques, así como documentos que den cuenta de las reuniones en las que se toman esas decisiones.
Hubo quienes (organizaciones y periodistas) consideraron que con esta solicitud la CRC se estaba extralimitando en sus funciones, ya que ponía en riesgo derechos fundamentales como la reserva de la fuente.
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En ese comunicado, firmado por la coordinadora ejecutiva Zoila Vargas Mesa, se advertía que “el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.
En una rueda de prensa que organizó la CRC días más tarde, la autoridad explicó que su intención nunca fue la de investigar o sancionar a los medios televisivos. En ese espacio reconoció que el párrafo que advertía de repercusiones a quienes no atendieran el llamado nunca debió ir.
En su lugar, resaltó que el objetivo es conocer cómo estos medios trabajan para elegir sus contenidos, y así elaborar un manual de buenas prácticas que pueda ser distribuido y adoptado por esta industria.
Por lo anterior, la petición de la CRC pasó a ser algo voluntario.
Recientemente se conoció que la comisión retiró su solicitud de información, por lo que el documento enviado el 8 de octubre queda sin efecto.
“Esta decisión, comunicada formalmente el 14 de octubre a los canales, busca dar inicio a un trabajo conjunto que permita construir, de manera participativa, los mecanismos adecuados para fortalecer el pluralismo e imparcialidad informativa, así como la protección de los derechos de las audiencias. Con este propósito, la CRC convocará a los canales de televisión a un espacio de trabajo colaborativo orientado a identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y la pluralidad informativa en el país”, señaló en un comunicado.
A este nuevo ejercicio que propone, añade la comisión, serán invitadas entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que desempeñen el rol de ser garantes del proceso.
“La Comisión reafirma que ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, orientadas a promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y proteger los derechos de las audiencias. Al mismo tiempo, reconoce y valora las inquietudes expresadas por distintos actores del ecosistema, asumiéndolas como una oportunidad para fortalecer la confianza, consolidar la cooperación con los canales de televisión y avanzar hacia una regulación más cercana, legítima y sustentada en la transparencia y el diálogo”, concluyó.
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