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El deterioro laboral viene de la apertura y se agravó con el desplome de 1999, cuando el desempleo superó el 20%. En el desespero, las autoridades económicas corrigieron la dolencia con la revaluación, que abarató las importaciones industriales y agrícolas, propició la expansión del crédito y contribuyó a desplazar la mano de obra a la informalidad. Así mismo impulsaron la infraestructura física que favorece principalmente al capital y da lugar a enormes sobrecostos. De ese modo, la elevación de los ingresos del capital mantuvo con altibajos la actividad productiva, pero no corrigió la deficiencia de demanda efectiva de los sectores laborales. La mayoría de la fuerza de trabajo carece del ingreso para adquirir los bienes que está en capacidad de producir.
En realidad, estamos ante un serio fracaso profesional. Los gobiernos han girado alrededor de la creencia de que el desempleo se origina en rigidices laborales. En consecuencia, los esfuerzos se orientan a deprimir el salario por la vía de la flexibilización, la fijación del salario mínimo, la depresión de los salarios oficiales, la eliminación de los parafiscales y la elevación de los gravámenes a la mano de obra. El remedio ha resultado peor que la enfermedad.
La actual administración ha girado en torno al mismo diagnóstico. Sus esfuerzos se han orientado a reducir los gravámenes a la nómina e introducir exenciones tributarias para las empresas que se formalicen. La subvención no está claramente asociada con los trabajadores que ingresan al mercado formal, por lo cual favorece principalmente a las empresas e induce a generar empleo en el papel. Por lo demás, es inequitativa; los trabajadores de ingresos altos obtienen los mayores beneficios.
En síntesis, los elevados índices de desempleo e informalidad son el resultado de una demanda efectiva en que los trabajadores no pueden adquirir los bienes que están en capacidad de producir. El círculo vicioso sólo se rompe con la intervención abierta del Estado para crear empleos en forma directa en las empresas. La fórmula consiste en un subsidio de medio salario mínimo a las empresas registradas que amplíen la planta con respecto a una fecha determinada, lo cual permitiría crear un millón y medio de empleos formales por cada punto porcentual del PIB.