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De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) archivó la resolución que buscaba aumentar el segundo techo para la bolsa de energía. Hasta el momento, la Comisión no se ha pronunciado.
Como contó El Espectador, expertos y gremios han advertido que esta medida, que tanto ha defendido el presidente Gustavo Petro, no bajaría de manera significativa las tarifas en el corto plazo y, en cambio, puede afectar a los proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables, los mismos que quiere impulsar el gobierno.
La regulación establece que si la negociación en la bolsa supera el precio de escasez (que suele estar en $940 por kilovatio-hora), los generadores tienen la obligación de vender la cantidad de energía que comprometieron en el cargo por confiabilidad ―que es, básicamente, un seguro que pagamos todos los usuarios a los generadores para que siempre tengan disponible determinada cantidad de energía. Pero en diciembre de 2024, el Ministerio de Minas y Energía anunció (y celebró) una resolución de la CREG que estableció dos topes para los precios en la bolsa.
Con el cambio que hizo, básicamente, la bolsa pasó de tener un tope de precio a tener dos: uno para las plantas con precios altos, que son las que operan con gas o combustibles líquidos, y otro para las plantas que tienen precios bajos, las que operan con recursos renovables (sol, agua y viento) o con carbón, fijándolo en $359 por kilovatio hora.
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Posteriormente, la Comisión publicó una resolución que proponía aumentar el precio de escasez inferior, llevándolo a $540 por kilovatio hora, pero este miércoles Minminas informó que ese ajuste se archiva. Es decir: por ahora, el segundo techo seguirá siendo de $359 por kilovatio-hora.
Con esa noticia, se ciernen más nubarrones sobre los proyectos de energía renovable.
Es importante aclarar que las empresas podrán decidir si les aplica o no el nuevo techo para las asignaciones que estarán vigentes hasta 2028. Hasta ahora ninguna empresa ha querido acogerse a la medida, por eso se espera que en el corto plazo los efectos en las tarifas sean mínimos. Incluso, expertos han advertido que en el largo plazo el impacto no sería significativo, porque las negociaciones en bolsa pesan, en promedio, 6 % de la tarifa.
De todas formas, sí habría consecuencias para las empresas. A principios de este mes, Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, explicó que hay dos posibles efectos para las fuentes no convencionales de energías renovables.
La primera es que con un techo de bolsa bajo se eliminen los incentivos para establecer contratos de largo plazo. Como estar en la bolsa ya no sería tan riesgoso, las comercializadoras (que compran energía) podrían inclinarse por negociar más en el mercado de corto plazo. En ese escenario, las renovables estarán en aprietos, porque son esos contratos de largo plazo los que les permiten tener un ingreso fijo, atraer inversionistas y conseguir recursos. Dicho de otra forma: se está poniendo en riesgo la financiación de los proyectos.
La segunda consecuencia es que con un techo más bajo se espera que el cargo por confiabilidad, la especie de seguro que explicamos antes, se active con más frecuencia y las empresas tengan que entregar más seguido la energía que tenían comprometida y a precios más bajos. Entonces, los proyectos renovables que se presenten a futuras subastas de cargo por confiabilidad tendrán que cobrar primas más altas para que el negocio sea sostenible, por lo tanto, serán menos competitivas que otras tecnologías.
Así mismo, Ángela María Sarmiento, directora del Centro de Estudios de Energía Renovable y Agua (CEERA), el gremio que representa a las pequeñas centrales hidroeléctricas, explicó que con esta medida las iniciativas de este tipo ya no serían rentables.
Si vemos el panorama completo, la situación es aún más compleja. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), afirmó en febrero que “intervenir el mercado” pondría en riesgo nuevas inversiones, podría generar litigios internacionales por violación de tratados y, lo más importante, poner en riesgo la prestación del servicio, teniendo en cuenta que será más difícil que las térmicas entren a operar cuando haya poca agua.
A principios de marzo, el Ministerio de Minas y Energía respondió a este diario que el Gobierno estaba revisando el tema con la CREG y con los gremios, porque aunque la finalidad es bajar las tarifas, no se puede poner en riesgo la seguridad energética. Sin embargo, que se archive la resolución que subía el segundo precio de escasez deja todavía más preocupado al sector.
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