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A partir de técnicas de analítica aplicada en los procesos de fiscalización, la Dian declaró a 506 empresas a nivel nacional como proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas. Además, la entidad inició las acciones penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación.
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También se instauraron denuncias penales contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica buscan disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e impuesto al valor agregado (IVA). De hecho, en el caso del IVA no solo constituye evasión, sino se estaría incurriendo en peculado.
Tan solo en Bogotá 850 sociedades que no atendieron en su momento el llamado de la administración tributaria en el sentido de subsanar voluntariamente esas irregularidades, se les inició proceso de investigación y determinación de impuestos, con el fin de recuperar los tributos defraudados a la Nación.
Situación que se convierte en un agravante frente a la Fiscalía, pues en su afán de sostener las operaciones simuladas, terminan incurriendo en otros delitos.
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La compra y venta de costos inexistentes constituye una conducta que puede verse incursa en delitos consagrados en el Código Penal, el cual establece como delito, entre otras prácticas, no consignar las sumas recaudadas por impuesto a las ventas, inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria; así como también, delitos de falsedad, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
