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En el marco de la Jornada Día-D, liderada por la DIAN, la entidad realizó 452 visitas a domicilios fiscales de contribuyentes que habían solicitado devoluciones de saldos por un valor total de $42.139 millones.
En las diligencias adelantadas por la DIAN se encontró una serie de inconsistencias, como direcciónes y establecimientos comerciales inexistentes, predios desocupados y lugares en los que ya no opera la actividad económica o no reside el contribuyente.
Por lo anterior, la DIAN suspenderá el Registro Único Tributario (RUT) de estos contribuyentes y les negará la solicitud de devolución de saldos (algunos de ellos decidieron desistir de su pretensión de obtener estos recursos).
“Con esta estrategia integral de control, la DIAN busca proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia en los trámites tributarios y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de la entidad, por lo que es fundamental que los contribuyentes presenten información veraz y completa tanto en sus declaraciones como en las solicitudes de devolución”, indicó Luisa Rocío Reyes, directora de gestión de Impuestos de la DIAN.
Esta campaña se realizó en 14 direcciones seccionales de la entidad, en ciudades como Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Cartagena.
“La entidad ratifica que estas jornadas de control se mantendrán de forma permanente y derivarán en sanciones para quienes se vean involucrados en prácticas fraudulentas. La próxima jornada se realizará el 29 de septiembre y, de manera progresiva, se incluirán solicitudes de devolución por otros conceptos como ventas, IVA pagado, pago en exceso o de lo no debido”, informó la DIAN.
Para evitar este tipo de sanciones, la entidad recordó a los contribuyentes que es obligatorio presentar información correcta y sustentada con la realidad económica, tanto en las declaraciones como en las solicitudes de devolución.
Finalmente, la entidad invita a todos los contribuyentes a presentar de manera correcta y con información sustentada en su realidad económica, tanto las declaraciones como las solicitudes de devolución.
“De esta manera, se fortalece la cultura de la legalidad y se contribuye al propósito común de proteger los recursos públicos y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo”, concluyó.
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