Este Gobierno tendrá el reto de, como mínimo, dejar adelantada la gestión para aprobar dos reformas estructurales que deberían corregir algunos de los más grandes desequilibrios de nuestro país: la laboral y la tributaria. O por lo menos eso es lo que esperan más de un centenar de personalidades que se pusieron en la tarea de identificar hacia dónde debe ir el país para superar los daños de la pandemia.
“Es el momento de repensarse, de reconfigurar el país, porque en las crisis es donde hay que tocar los problemas más estructurales, pues en ellas se han gestado las más grandes transformaciones. No podemos dejar pasar esta oportunidad”, destacó Camilo Bueno, socio líder de estrategia, clientes y mercados de KPMG en Colombia, ahora que el país atraviesa por nuevas dinámicas de aumento de desempleo, deflación y baja inversión.
La multinacional, que tiene presencia en el país hace 65 años, reunió a 115 líderes de empresas, gremios, universidades, centros de pensamiento y entidades públicas para discutir durante dos semanas cuál es el mejor camino para reactivar la economía, y con base en ello construir una propuesta de agenda de políticas públicas que, en gran parte, retoma muchas de las viejas deudas de los diferentes gobiernos con el país, durante el evento ‘Reconfigurando el Futuro de Colombia’. “No es un tema solo del Gobierno, las empresas o la academia, si no aceleramos la reactivación ordenada de la economía a través de reconfiguración de capacidades, como sociedad, el coronavirus pasará a ser un problema mayor”, advirtió Bueno.
Producto de las discusiones salieron 75 propuestas transversales a todos los sectores que van desde hacer más competitivas a las empresas, hasta mejorar el gasto público en salud (del 7 % al 9 % del PIB, mínimo) y la calidad en la atención. Se habló, por ejemplo, de la necesidad de mejorar la calidad de la educación en Colombia, especialmente para la población más vulnerable, y corregir las inequidades en cobertura preescolar y superior, así como la deserción secundaria; “eso al final se refleja en el mercado laboral”, dijo Jairo Núñez, investigador asociado en Fedesarrollo.
Sobre la salud se planteó resolver las fallas del sistema que, según Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, se han acentuado y hecho más visibles en esta coyuntura, relacionadas con: formas de contratación “indignas” a los trabajadores del sector, suministro de elementos de bioseguridad, cálculo irreal de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), accesibilidad en la atención al público. “Hoy vemos una contención del gasto; el sistema se convirtió en algo solo para atender enfermos; la promoción acá nunca ha existido”, enfatizó Baquero.
Asimismo, se insistió en la urgencia de controlar la corrupción, porque esta afecta la reputación del país (que ocupa el puesto 96 entre 180 países en el índice de percepción de Transparencia Internacional), y la llegada de inversión extranjera, porque les implica a los empresarios sobrecostos del 20 %, según Ricardo Triana Soto, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA).
Para Camilo Bueno, socio líder de estrategia, clientes y mercados de KPMG en Colombia, de todas las propuestas planteadas las prioritarias son la reforma tributaria y la reforma laboral. La primera porque busca un equilibrio entre aumentar el recaudo y cerrar brechas fiscales, una ley que incentive la inversión extranjera, el crecimiento y la generación de empleo; “la crisis implicó al Gobierno asumir grandes inversiones y adquirir más endeudamiento, hay que ampliar la base tributaria y luchar contra la evasión”, señaló. La segunda, porque para dar un salto en generación de empleo y formalidad es necesario flexibilizar la normativa actual; “debemos ver lo que hacen los países desarrollados, como permitir el trabajo por horas, por eso tienen niveles de empleo tan altos”, indicó.
En relación con la tributaria, las propuestas de los líderes le apuntaron a aumentar el aporte de las personas naturales y no el de las empresas, a acabar con una serie de exenciones por las que se pierden cada año unos $80 billones, a simplificar el esquema de impuestos, a eliminar cobros que incentivan la informalidad por el 4x1.000 y a implementar medidas que atraigan inversión extranjera. “Una reforma tributaria es inevitable. Por una parte, porque ya sabíamos que para 2021 íbamos a estar desfinanciados y que era necesario saber de dónde iban a salir esos recursos, pero además porque los colombianos no deberíamos estar contentos con un sistema tributario regresivo”, declaró Marcela Eslava, decana de economía de la Universidad de los Andes.
Bueno también resaltó por su efecto la apuesta por la productividad y la aceleración de la apertura económica. En el primer caso, promoviendo el uso efectivo de la adopción de tecnologías de punta por parte de las empresas y aumentando la productividad de los trabajadores mediante educación de calidad, donde se incluya formación en innovación, ciencia y tecnología. En el segundo, aprovechando la crisis del comercio internacional como una oportunidad para aprovechar las cadenas regionales de valor. “Hoy las exportaciones como porcentaje del PIB son equivalentes a lo que se registró en la apertura económica, no puede ser que no hayamos evolucionado en tantos años cuando tenemos una posición geográfica privilegiada. Deberíamos asumir una política internacional más ambiciosa para aprovechar las exportaciones como motor de crecimiento económico”, sentenció.
Las apuestas del Gobierno en pro de la competitividad involucran nuevas formas de financiación microfinanciera con soluciones como las fintech y los cambios regulatorios que garanticen el crowdfunding. Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, reveló que aunque hay buenos indicadores en digitalización, en otros frentes hay un atraso que obliga a una reconfiguración o flexibilización, “uno de los enfoques para hacer empresas más competitivas debe ser el acceso a la tecnología, hay que buscar la facilidad de avanzar en ello y asegurar un reentrenamiento del capital humano para la nueva economía y realidad”. En ello coincidió Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, quien sumó además incentivar todos los mecanismos de comercio electrónico y marketplace.
Pero, ¿por cuál empezar? El consejo de Camilo Bueno es lograr un balance entre el inmediato plazo y el futuro cercano. “Hay que hacer una gran apuesta por el empleo que vaya acompañada con la reactivación prioritaria de los sectores que más ponen mano de obra directa, como vivienda e infraestructura. En otros sectores importantes, como el agro, hay que hacer ajustes y reformas más radicales. Paralelo a eso se debe llevar una agenda de priorización en actividades donde está el futuro del país. Sabemos que son apuestas de mediano o largo plazo, pero este es el momento de comenzarlas”. Mientras tanto, los líderes propusieron acciones de implementación inmediata, especialmente para los sectores más golpeados por las consecuencias de la pandemia, como el de turismo.
El documento ya está en manos del presidente Iván Duque y su gabinete, y el mandatario delegó a la vicepresidenta y a la alta consejera para la competitividad del sector privado para la revisión y selección de las propuestas que implementarán. KPMG y otros líderes que participaron en el proceso se pusieron a disposición del Gobierno para avanzar, específicamente la multinacional les prestará su sistema de gestión de proyectos para el seguimiento y control de los mismos.
El líder de KPMG en Colombia cree que la administración tiene la voluntad de sacar adelante estas propuestas que coinciden con su modelo de gobierno, “hay una convergencia con lo que ellos quieren, lo que estamos haciendo es acelerar la implementación de este tipo de propuestas”, dijo. Y aunque solo quedan dos años para que finalice el período, considera que se puede avanzar mucho en la tarea si se articulan las agendas del Ejecutivo y del Legislativo, dado que las reformas deben pasar por el Congreso de la República. Por esto advirtió que será necesario un gran trabajo de pedagogía para explicarle a la gente que las nuevas políticas no corresponden con ningún partido, sino que le apuntan al progreso del país.
Vale la pena mencionar que en el proceso participaron los gremios Andi, Amcham, BVC, Confecámaras, Anato, Cotelco, OIT, Asocolflores, Acolgén, ACP y SAC. El aporte académico lo pusieron las universidades Javeriana, Nacional, CESA e ICESI, así como el Consejo privado de competitividad, Fedesarrollo y la Fundación Empresarios por la Educación. Y las empresas presentes fueron Bancolombia, Terpel, Ecopetrol, Grupo Nutresa, Grupo Bolívar, ISA, J.P. Morgan en Colombia, Telefónica, Banco de Bogotá, Farmatodo, Corficolombiana, Decameron y Grupo Bimbo.
Durante las dos semanas de charlas los líderes del sector privado estuvieron acompañados por voceros de los ministerios de Comercio, Educación, TIC, Minas y Energía y Agricultura, además de entidades como la Procuraduría, el DNP, INNpulsa, la Superintendencia Financiera, la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Presidencia y la Vicepresidencia.