La histórica sanción en contra de Carlos Slim

El multimillonario Carlos Slim, catalogado por las listas de Forbes y de Bloomberg como el segundo hombre más rico del mundo —sólo superado por el genio del software Bill Gates, creador de Microsoft—, dueño de equipos de fútbol, de cadenas de retail, de medios de comunicación, de empresas de hidrocarburos y de la multinacional Claro, una de las reinas de las telecomunicaciones en América, tendría que abrir su gruesa billetera y girar un costoso cheque que bordea los US$31 millones para pagarle una sanción histórica al gobierno colombiano.

El monto, por la cantidad que representa, sería la multa más grande que se le impondría a una empresa de esta naturaleza en el país, tras concluirse que Comcel, ahora Claro, incurrió en una serie de movidas estratégicas que no eran acordes con la legislación nacional: prácticas de monopolio y abuso de su posición dominante en el mercado de la telefonía móvil celular, con una afectación directa sobre las empresas competidoras y, en segundo lugar, sobre los usuarios de este modelo de comunicación.

La investigación, adelantada por un extenso equipo de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, perteneciente a la Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), reúne en un informe motivado de 176 páginas, con lujo de detalles, las pruebas suficientes con las que corroboran cómo Comcel obstruyó, por ejemplo, los procesos de portación de usuarios que querían abandonar su red y cambiarse a Movistar o Tigo. O, más grave aún, torpedeaba la apertura de bandas de los teléfonos, cuando estaban obligados a hacerlo.

En la recolección de pruebas aparecen entrevistas con representantes de las tres grandes compañías que prestan el servicio de telefonía móvil en Colombia, como parte afectada y parte acusada; con los fabricantes de los teléfonos, con los distribuidores y vendedores de las tarjetas sim card y hasta se copian correos electrónicos enviados por Juan Carlos Archila, presidente de Comcel, ahora Claro, en donde felicitaba a su equipo por las cifras obtenidas en materia de portabilidad prepago, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la investigación, muchas de ellas fueron fraudulentas.

Una historia de prácticas comerciales restrictivas

El primer capítulo de esta novela comenzó el 15 de junio de 2012 cuando, formalmente, se inició la investigación en contra de Comcel por prácticas comerciales restrictivas y en el que Telefónica, dueña de Movistar, se presentó como un tercero interesado y, además, afectado. Desde ese momento empezaron a reunirse las quejas de usuarios de Comcel que aseguraban no poder hacer uso de la Portabilidad Numérica Móvil (PNM). Luego, encontraron que la compañía del empresario mexicano estaba obstruyendo la entrega del Número de Identificación Personal (NIP), necesario para migrar a otro operador.

Detectaron que había problemas con la apertura de bandas de los teléfonos, algo que ya era permitido en el país gracias a una resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y, para completar, que Comcel estaba distorsionando las cifras sobre el número de personas que habían, aparentemente, dejado a Movistar y Tigo porque estaban inconformes con el servicio, para irse a su red, conocida públicamente como la más grande del país.

 Por eso, exactamente un año después, Germán Enrique Bacca Medina, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, redactó el informe motivado en el que le recomienda a Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio (SIC), “sancionar a la sociedad Comcel bajo el contexto de actuar, por la infracción del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009”.

 Eso, en castellano, significa que el líder del equipo que adelantó la búsqueda de la información le sugiere a su jefe, Pablo Felipe Robledo, el SIC, que le imponga la sanción a Comcel, sustentado en todas y cada una de las pruebas encontradas. Entonces, si el SIC acoge la petición de su delegado para la competencia, podrá usar sus herramientas para imponer, por la calidad de las infracciones, una sanción de hasta $60.000 millones, unos US$31 millones al cambio del viernes. Decisión que, de acuerdo con una fuente de alta fidelidad de El Espectador, se tomará esta semana, pasando a la historia como la más alta de su tipo y la más onerosa para Claro, que ya ha tenido varios casos de sanciones, pero ninguna por este monto.

Los 10 puntos definitivos

El documento, en sus últimas páginas, revela los 10 puntos concretos en los que se resume la investigación de un año y 176 folios con este encabezado: “Conforme a las pruebas legalmente recaudadas y obrantes en el expediente de la referencia, esta Delegatura constató la existencia de una sucesión de eventos concatenados que derivó en una práctica comercial restrictiva de la libre competencia económica por parte de la investigada sociedad Comcel, al haber abusado de sus posición dominante”.

Y, acto seguido, detalla: “Comcel obstruyó los procesos de portación de aquellos usuarios que deseaban migrar de su red”. Apunta en el mismo enunciado que “se encontró que dicha compañía no enviaba el NIP de confirmación a los usuarios solicitantes de la migración. Asimismo, les suministraba información errónea sobre el agente encargado de enviar dicho código”.

 Luego, explica que la “sociedad investigada ordenaba a todos los centros de atención al cliente del país, que las solicitudes de apertura de bandas de usuarios incursos en procesos de portación debían cumplir con una serie de requisitos que nada tenían que ver con las disposiciones regulatorias”. Argumenta la investigación que Comcel incumplió las directrices de la CRC y realizó pedidos de teléfonos bloqueados, además de continuar vendiendo aquellos que se encontraban en sus inventarios con las bandas cerradas, “causándole perjuicio tanto al usuario como a la libre competencia”.

Cuenta el superintendente delegado que se probó que Comcel manipuló las cifras de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) a su favor, “a través de una estrategia consistente en la generación de incentivos perversos hacia su red de distribución, quienes ante comisiones monetarias y sin la exigencia de requisitos que garantizaran que las migraciones eran de usuarios reales, se generó un despliegue masivo de procesos de portación ficticios hacia la red Comcel, mediante la compra de sim cards prepago de la competencia para su posterior portación” (ver facsímil).

Para sumar, demuestran que Comcel era consciente del comportamiento de uno de sus distribuidores desde donde se activaron migraciones fraudulentas y que, teniendo la posibilidad de tomar cartas en el asunto, no lo hizo, “y bien por el contrario, toleró dicha práctica, pues se evidenció que la misma fue la estrategia que la propia compañía llevó a cabo para abultar las cifras de Portabilidad Numérica Móvil”.

Y ahí no para: “La investigada en aras de aumentar las portaciones recibidas de su compañía, desplegó una serie de agentes comerciales en las vías públicas del país, conocidos como ‘tropas’, quienes abordan a los usuarios en la calle ofreciéndoles sim cards gratis de Comcel, para obtener la línea telefónica del usuario y posteriormente realizarles procesos de portación sin la autorización ni el más mínimo conocimiento por parte del dueño de la línea”. En la misma ruta “se comprobó que la sociedad investigada utilizó numeración que el regulador les había asignado inicialmente a las sociedades Colombia Móvil (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones (Telefónica-Movistar) para comercializar sim cards”.

Toda esta exposición de argumentos fue comprobada con los usuarios, quienes con casos puntuales verificaron que jamás autorizaron ningún tipo de traslado. O, también, con los fabricantes de los teléfonos, quienes confirmaron que habían entregado las herramientas necesarias para que Comcel pudiera liberar los equipos y dejarlos con las bandas abiertas, tal como lo indicaba la ley. Y, entre las muchas entrevistas hechas a vendedores de sim cards en varias zonas del país, también se corroboró que la fuerza de venta de Comcel adquiría estas tarjetas de Movistar y de Tigo, con las que se hacían los procesos ficticios de portabilidad para engordar la cifras de la empresa investigada.

Una larga exposición de motivos, de pruebas, de testimonios que van en contra de la operadora de telefonía celular más grande de Colombia —tiene el 61,9% de la torta y muy de lejos Movistar, con el 23,85%—. Sin embargo, y en respuesta a uno de los casos descritos, la misma vicepresidenta jurídica de Comcel, Hilda María Pardo Hasche, ante la pregunta del equipo investigador sobre ¿qué responsabilidad tiene Claro en este proceso de portación irregular?, respondió: “Yo creo que ninguna. Absolutamente ninguna. Nosotros hemos hecho la tarea, la hemos hecho bien, hemos hecho todo lo que nos indica la regulación que debemos hacer”.

La lista de indagaciones y procesos a los que ha tenido que someterse en Colombia la empresa del magnate mexicano es larga. Tan solo la SIC le abrió 464 investigaciones el año pasado; recientemente le ordenaron indemnizar a Tigo por prácticas de competencia desleal y actualmente mantiene vivo un pleito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), en el que están en juego $152.925 millones. Ahora, en manos de Pablo Felipe Robledo, el SIC, está la decisión histórica, después de que su superintendente delegado cerrara la investigación y le recomendara seguir adelante pero, en esta ocasión, con la que será catalogada como la multa más fuerte de la historia contra una compañía de telecomunicaciones y, más aún, por un tema de competencia.

El multimillonario Carlos Slim, catalogado por las listas de Forbes y de Bloomberg como el segundo hombre más rico del mundo —sólo superado por el genio del software Bill Gates, creador de Microsoft—, dueño de equipos de fútbol, de cadenas de retail, de medios de comunicación, de empresas de hidrocarburos y de la multinacional Claro, una de las reinas de las telecomunicaciones en América, tendría que abrir su gruesa billetera y girar un costoso cheque que bordea los US$31 millones para pagarle una sanción histórica al gobierno colombiano.

El monto, por la cantidad que representa, sería la multa más grande que se le impondría a una empresa de esta naturaleza en el país, tras concluirse que Comcel, ahora Claro, incurrió en una serie de movidas estratégicas que no eran acordes con la legislación nacional: prácticas de monopolio y abuso de su posición dominante en el mercado de la telefonía móvil celular, con una afectación directa sobre las empresas competidoras y, en segundo lugar, sobre los usuarios de este modelo de comunicación.

La investigación, adelantada por un extenso equipo de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, perteneciente a la Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), reúne en un informe motivado de 176 páginas, con lujo de detalles, las pruebas suficientes con las que corroboran cómo Comcel obstruyó, por ejemplo, los procesos de portación de usuarios que querían abandonar su red y cambiarse a Movistar o Tigo. O, más grave aún, torpedeaba la apertura de bandas de los teléfonos, cuando estaban obligados a hacerlo.

En la recolección de pruebas aparecen entrevistas con representantes de las tres grandes compañías que prestan el servicio de telefonía móvil en Colombia, como parte afectada y parte acusada; con los fabricantes de los teléfonos, con los distribuidores y vendedores de las tarjetas sim card y hasta se copian correos electrónicos enviados por Juan Carlos Archila, presidente de Comcel, ahora Claro, en donde felicitaba a su equipo por las cifras obtenidas en materia de portabilidad prepago, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la investigación, muchas de ellas fueron fraudulentas.

Una historia de prácticas comerciales restrictivas

El primer capítulo de esta novela comenzó el 15 de junio de 2012 cuando, formalmente, se inició la investigación en contra de Comcel por prácticas comerciales restrictivas y en el que Telefónica, dueña de Movistar, se presentó como un tercero interesado y, además, afectado. Desde ese momento empezaron a reunirse las quejas de usuarios de Comcel que aseguraban no poder hacer uso de la Portabilidad Numérica Móvil (PNM). Luego, encontraron que la compañía del empresario mexicano estaba obstruyendo la entrega del Número de Identificación Personal (NIP), necesario para migrar a otro operador.

Detectaron que había problemas con la apertura de bandas de los teléfonos, algo que ya era permitido en el país gracias a una resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y, para completar, que Comcel estaba distorsionando las cifras sobre el número de personas que habían, aparentemente, dejado a Movistar y Tigo porque estaban inconformes con el servicio, para irse a su red, conocida públicamente como la más grande del país.

 Por eso, exactamente un año después, Germán Enrique Bacca Medina, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, redactó el informe motivado en el que le recomienda a Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio (SIC), “sancionar a la sociedad Comcel bajo el contexto de actuar, por la infracción del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009”.

 Eso, en castellano, significa que el líder del equipo que adelantó la búsqueda de la información le sugiere a su jefe, Pablo Felipe Robledo, el SIC, que le imponga la sanción a Comcel, sustentado en todas y cada una de las pruebas encontradas. Entonces, si el SIC acoge la petición de su delegado para la competencia, podrá usar sus herramientas para imponer, por la calidad de las infracciones, una sanción de hasta $60.000 millones, unos US$31 millones al cambio del viernes. Decisión que, de acuerdo con una fuente de alta fidelidad de El Espectador, se tomará esta semana, pasando a la historia como la más alta de su tipo y la más onerosa para Claro, que ya ha tenido varios casos de sanciones, pero ninguna por este monto.

Los 10 puntos definitivos

El documento, en sus últimas páginas, revela los 10 puntos concretos en los que se resume la investigación de un año y 176 folios con este encabezado: “Conforme a las pruebas legalmente recaudadas y obrantes en el expediente de la referencia, esta Delegatura constató la existencia de una sucesión de eventos concatenados que derivó en una práctica comercial restrictiva de la libre competencia económica por parte de la investigada sociedad Comcel, al haber abusado de sus posición dominante”.

Y, acto seguido, detalla: “Comcel obstruyó los procesos de portación de aquellos usuarios que deseaban migrar de su red”. Apunta en el mismo enunciado que “se encontró que dicha compañía no enviaba el NIP de confirmación a los usuarios solicitantes de la migración. Asimismo, les suministraba información errónea sobre el agente encargado de enviar dicho código”.

 Luego, explica que la “sociedad investigada ordenaba a todos los centros de atención al cliente del país, que las solicitudes de apertura de bandas de usuarios incursos en procesos de portación debían cumplir con una serie de requisitos que nada tenían que ver con las disposiciones regulatorias”. Argumenta la investigación que Comcel incumplió las directrices de la CRC y realizó pedidos de teléfonos bloqueados, además de continuar vendiendo aquellos que se encontraban en sus inventarios con las bandas cerradas, “causándole perjuicio tanto al usuario como a la libre competencia”.

Cuenta el superintendente delegado que se probó que Comcel manipuló las cifras de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) a su favor, “a través de una estrategia consistente en la generación de incentivos perversos hacia su red de distribución, quienes ante comisiones monetarias y sin la exigencia de requisitos que garantizaran que las migraciones eran de usuarios reales, se generó un despliegue masivo de procesos de portación ficticios hacia la red Comcel, mediante la compra de sim cards prepago de la competencia para su posterior portación” (ver facsímil).

Para sumar, demuestran que Comcel era consciente del comportamiento de uno de sus distribuidores desde donde se activaron migraciones fraudulentas y que, teniendo la posibilidad de tomar cartas en el asunto, no lo hizo, “y bien por el contrario, toleró dicha práctica, pues se evidenció que la misma fue la estrategia que la propia compañía llevó a cabo para abultar las cifras de Portabilidad Numérica Móvil”.

Y ahí no para: “La investigada en aras de aumentar las portaciones recibidas de su compañía, desplegó una serie de agentes comerciales en las vías públicas del país, conocidos como ‘tropas’, quienes abordan a los usuarios en la calle ofreciéndoles sim cards gratis de Comcel, para obtener la línea telefónica del usuario y posteriormente realizarles procesos de portación sin la autorización ni el más mínimo conocimiento por parte del dueño de la línea”. En la misma ruta “se comprobó que la sociedad investigada utilizó numeración que el regulador les había asignado inicialmente a las sociedades Colombia Móvil (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones (Telefónica-Movistar) para comercializar sim cards”.

Toda esta exposición de argumentos fue comprobada con los usuarios, quienes con casos puntuales verificaron que jamás autorizaron ningún tipo de traslado. O, también, con los fabricantes de los teléfonos, quienes confirmaron que habían entregado las herramientas necesarias para que Comcel pudiera liberar los equipos y dejarlos con las bandas abiertas, tal como lo indicaba la ley. Y, entre las muchas entrevistas hechas a vendedores de sim cards en varias zonas del país, también se corroboró que la fuerza de venta de Comcel adquiría estas tarjetas de Movistar y de Tigo, con las que se hacían los procesos ficticios de portabilidad para engordar la cifras de la empresa investigada.

Una larga exposición de motivos, de pruebas, de testimonios que van en contra de la operadora de telefonía celular más grande de Colombia —tiene el 61,9% de la torta y muy de lejos Movistar, con el 23,85%—. Sin embargo, y en respuesta a uno de los casos descritos, la misma vicepresidenta jurídica de Comcel, Hilda María Pardo Hasche, ante la pregunta del equipo investigador sobre ¿qué responsabilidad tiene Claro en este proceso de portación irregular?, respondió: “Yo creo que ninguna. Absolutamente ninguna. Nosotros hemos hecho la tarea, la hemos hecho bien, hemos hecho todo lo que nos indica la regulación que debemos hacer”.

La lista de indagaciones y procesos a los que ha tenido que someterse en Colombia la empresa del magnate mexicano es larga. Tan solo la SIC le abrió 464 investigaciones el año pasado; recientemente le ordenaron indemnizar a Tigo por prácticas de competencia desleal y actualmente mantiene vivo un pleito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), en el que están en juego $152.925 millones. Ahora, en manos de Pablo Felipe Robledo, el SIC, está la decisión histórica, después de que su superintendente delegado cerrara la investigación y le recomendara seguir adelante pero, en esta ocasión, con la que será catalogada como la multa más fuerte de la historia contra una compañía de telecomunicaciones y, más aún, por un tema de competencia.