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El 2017 dejó varios pendientes con el sector agropecuario. La incertidumbre de los arroceros, cuya afectación por la sobreoferta del cereal desató protestas durante el segundo semestre, y el futuro de la ley de tierras, proyecto que el Gobierno no ha radicado aún, se suman a la inseguridad que empiezan a sentir los productores por cuenta de las alteraciones en el estado del tiempo y el comportamiento de la tasa de cambio.
Las buenas noticias
La agricultura ha sido el gran jalonador de empleo en los últimos meses. En el trimestre móvil septiembre-noviembre creció 5,9 %. La cifra del año completo se conocerá este miércoles. En cuanto a producción, sectores como el cacaotero trajeron buenas noticias, pues llegó al récord de 60.500 toneladas producidas, y Fedecacao espera que ese ritmo y el de las exportaciones se mantengan este año.
Los cafeteros, que en los últimos días de 2017 iban perdiendo la esperanza de superar los 14 millones de sacos en producción, sumaron una cosecha anual superior a los 14,1 millones de sacos. Los cultivadores del grano también se dieron un respiro con los $45.000 millones ($27.000 millones del presupuesto nacional y $18.000 del fondo parafiscal) que el Comité Nacional de Cafeteros aseguró para la renovación de cafetales este año. Eso, en pocas palabras, es combustible para que la producción no se desacelere y para que la meta de alcanzar los 20 millones de sacos anuales en 2020 se vea más alcanzable.
De otro renglón relevante, el floricultor, el Ministerio de Agricultura espera que sólo en San Valentín se exporten cerca de 600 millones de tallos de 1.600 variedades, principalmente a Estados Unidos, adonde se va casi el 80 % de las flores y follajes colombianos. Según una encuesta de la Sociedad Americana de Floristas, el 67 % de ellos espera un incremento en las ventas por la fiesta de los enamorados, debido a que este año se celebra un miércoles, en la mitad de la semana.
Factores de riesgo
Sin embargo, el dólar puede aguar el panorama. Entre noviembre y enero ha pasado de un máximo de $3.065 a un mínimo de $2.790, una caída de casi 9 %. Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), empieza a haber señales de preocupación, sobre todo para los productores de la canasta exportadora: flores, banano, café y algunas frutas. “Esto puede llevar a situaciones complejas. Se ha solicitado atención del Ministerio de Hacienda respecto a la cobertura a la tasa de cambio”, afirmó.
Pero lo más preocupante en el corto plazo para la SAC es el recorte de 91 % en el presupuesto para el seguro agropecuario del que habló el Gobierno en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, para un total de apenas $4.000 millones. Para Bedoya, es una caída irresponsable en los recursos, y hasta el momento “no ha habido respuesta del Gobierno” al respecto, al tiempo que se han visto lluvias torrenciales, altas temperaturas y heladas en diferentes partes del país.
La legislación pendiente
En cuanto a lo estructural, para la SAC es clave el proyecto de ley de tierras. El Gobierno lo había anunciado para el año pasado, pero en diciembre, el nuevo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que la radicación del articulado quedaría para 2018, junto con el anuncio de las tres primeras zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres), cuya delimitación debe hacerse en un Conpes.
Para la agroindustria, sobre todo, la nueva ley de tierras debe dar garantías de seguridad jurídica para afianzar la inversión, mientras que otros sectores, como las organizaciones étnicas y campesinas, insisten en que el documento no puede dar lugar a sanear la acumulación indebida de baldíos, como en repetidas ocasiones han denunciado.
En todo caso, se trata de una norma fundamental, que cambiaría aspectos de la ley de reforma agraria de 1994, y que tendría apenas cerca de cuatro meses para discutirse, una vez comiencen las sesiones del Congreso de la República en marzo. A algo similar se enfrenta la esperada ley de adecuación de tierras, cuyo debate no alcanzó a concluir en el marco del fast-track, pero que pretende solucionar la carencia de riego y drenajes que padecen 67 % de los agricultores en el país.
Lo que está en marcha
El mayor éxito legislativo para el Gobierno que dejó el 2017 en este sector es probablemente la ley de innovación agropecuaria. Según Juan Lucas Restrepo, director de Corpoica, esta norma busca orientar y articular la investigación y el desarrollo de acuerdo con las demandas y necesidades reales y prioritarias del agro. El 2018 será clave para expedir la reglamentación de la ley, que está pendiente, así como para que los departamentos empiecen a diseñar sus planes de servicio de extensión, con miras a que se ejecuten en 2019, antes de que los gobernadores dejen sus cargos.
Otro punto de la agenda que con seguridad se moverá este año es la licitación para escoger al administrador de la Cuenta Nacional de Carne y Leche, el fondo parafiscal de los ganaderos, creado después de la liquidación del Fondo Nacional del Ganado y que está temporalmente en manos del Ministerio de Agricultura, a través de Fiduagraria.
El proceso de selección fue revocado en octubre pasado a la espera de un concepto del Consejo de Estado, que ya se conoce. La consulta que el exministro de Agricultura Aurelio Iragorri elevó al alto tribunal (antes de dejar el cargo) era si Fedegán puede o no participar en una nueva licitación, a lo que el Consejo de Estado respondió que, a priori, no hay nada que le impida participar al gremio que desde 1993 hasta 2015 administró los recursos.
Algunas expectativas
En general, el desempeño del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha destacado, muy por encima de las demás actividades. En el tercer trimestre, la variación anual fue del 7,1 % y 6,3 % en el año corrido. El aporte al PIB durante 2017 no ha sido una sorpresa, pues fue en gran parte resultado del plan Colombia Siembra, la bandera del exministro Iragorri, que buscaba un millón de hectáreas sembradas más, con respecto a 2015. El problema fue que el escenario para comercializar no fue tan bueno como lo fueron las cosechas.
Para Óscar Gutiérrez, líder de Dignidad Agropecuaria, el caso más “doloroso” fue el del arroz, que sumó más de 500.000 hectáreas sembradas. Lo que comenzó como un positivo autoabastecimiento para el país terminó en una preocupante sobreoferta. Para este año, el Consejo Nacional del Arroz recomendó no aumentar el área durante 2018. “El 2017 fue un año de muchas dificultades para el sector y aspiramos a que en 2018 se maneje de manera más responsable y no tengamos los mismos hechos del año anterior”, dijo el ministro Zuluaga, quien aseguró que mantiene el compromiso con los giros pendientes con los arroceros de $33.000 millones de 2017 y de $60.000 millones de la vigencia 2018.
Los algodoneros, un sector con una realidad que contrasta con la de los arroceros –pues sufren por la poca área sembrada que queda en el país–, esperan también lo propio: el apoyo a la comercialización para las cosechas de 2017 de la costa y del interior; el plan de asistencia técnica gremial, y que, entre muchos otros, se mantenga el 10 % de arancel a la importación de hilos. El objetivo es no dejar morir un cultivo que en los años noventa contaba unas 280.000 hectáreas y hoy, apenas cerca de 10.000.