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El 24 de octubre de 1929 la Bolsa de Valores de Nueva York cayó estrepitosamente. Ese día y los siguientes el mercado perdió US$30 mil millones en valor, 10 veces más que el presupuesto estadounidense.
Fue el fin de una era y el comienzo de la Gran Depresión estadounidense. En 1933 cerca de 11 mil de los 25 mil bancos habían colapsado, millones de inversionistas estaban arruinados y 25% de la fuerza laboral estaba desempleada.
A partir de 1933 el nuevo gobierno demócrata de Franklin Roosevelt estableció el New Deal. Su finalidad: generar empleo, reformar las prácticas de negocios y finanzas y rehabilitar la economía. Ello inició la recuperación, reforzada después de la Segunda Guerra Mundial. Marcó también la generalización de la regulación de los mercados y la intervención estatal en la economía; la línea keynesiana.
El esquema duró hasta el gobierno republicano de Ronald Reagan. En 1981, bajo la influencia monetarista, implantó la supply side economics basada en la desregulación de mercados, recorte de impuestos y desmonte de programas sociales.
Dicha etapa también llegó a su fin. Desde mediados de 2007 se han sucedido graves problemas financieros que han inducido una creciente intervención estatal.
Varias instituciones financieras estadounidenses, gigantes, han desaparecido o sido estatizadas: Bear Stearns (absorbida por J.P. Morgan con un crédito de US$29 mil millones de la Reserva Federal), Freddie Mac y Fannie Mae (garantizadoras de US$4 millones de millones en hipotecas, intervenida por el Gobierno), Lehman Brothers (quebrada), Merril Lynch (absorbida por Bank of America), AIG (la más grande aseguradora mundial, el Tesoro le dio un crédito de US$85 mil millones y la intervino), Washington Mutual (el colapso bancario más grande de la historia, intervenida y sus restos vendidos a J.P. Morgan). Las pérdidas superarían US$500 mil millones (casi 3 veces el PIB colombiano).
Adicionalmente, en estos meses, la Reserva Federal redujo sus tasas de interés de 6 a 2% e inyectó liquidez por US$700 mil millones. Por su parte, el gobierno federal ejecutó ayudas fiscales por US$150 mil millones que recuperó el consumo en el segundo trimestre; su efecto ya desapareció. Mientras tanto, diez de los bancos más grandes crearon un fondo de US$70 mil millones para apoyarse mutuamente.
Finalmente, hace pocos días el gobierno solicitó autorización al Congreso para gastar US$700 mil millones en la compra de activos “tóxicos”. El programa ha suscitado un gran debate entre los que consideran inadmisible rescatar bancos a costa de contribuyentes (los amigos de la desregulación) y los que dudan a qué precio se deben comprar para no generar un premio a banqueros abusivos o una insuficiencia de capital que derrumbaría el sistema (los amigos de la intervención).
Seguramente llegarán a un acuerdo y el precio de dichos activos resultará intermedio. Ello significará, de todos modos, una pérdida importante en los balances bancarios y una reducción significativa del crédito, en un país que vive del crédito. A su vez, una necesidad tan grande de recursos significará un crecimiento notable del déficit fiscal. Financiarlo implicará bonos con tasas de interés elevadas con la consecuente repercusión sobre tasas y créditos comerciales.
Mejor dicho, es muy poco probable que esta gimnasia financiera resuelva el problema de fondo: vivir más allá de las posibilidades. En otras palabras, la recesión mundial se acerca. Se traducirá en una reducción sustancial de precios de materias primas y remesas de migrantes latinoamericanos y, por lo tanto, una caída de los ingresos externos, que significará una contracción en ventas y producción en toda Latinoamérica.
Y como hace casi ocho décadas, un nuevo gobierno demócrata presidirá una nación que volverá a un New Deal en términos de regulación.
Es que el problema no ha sido suscitado por banqueros codiciosos; los productores están para maximizar sus utilidades. Pero si los mercados tienen fallas (información asimétrica, fidelización forzosa, opacidad en los precios) que impiden su comportamiento eficiente, competitivo, los productores generan rentas no competitivas que conducen a la crisis.
Esas fallas no se superan con autorregulaciones, códigos morales o regulaciones que desconocen los problemas principales. Se superan con una regulación adecuada que proporcione al mercado una estructura competitiva. La crisis actual, como en 1929, emergió porque las autoridades fallaron como reguladores.
Más aún, no todas las fallas son eliminables (como los monopolios naturales). De tal manera, reconociéndolas, se requiere forzar soluciones próximas a las competitivas y eso puede exigir introducir otras fallas “compensadoras” como impuestos y subsidios.
Esto no es nuevo en la teoría económica; aunque fue convenientemente olvidado por los partidarios del laissez-faire. En 1956, Richard Lipsey y Kelvin Lancaster desarrollaron la “teoría del segundo mejor”, que demuestra que en presencia de mercados con imperfecciones no eliminables es necesario introducir otras distorsiones para alcanzar niveles superiores de bienestar. Es la justificación teórica de la regulación e intervención estatales.
¿Aprenderá el mundo y los gobiernos lograrán políticas económicas que apliquen regulaciones e instrumentos monetarios y fiscales para que las soluciones económicas sean competitivas, para que generen sostenidamente pleno empleo de hombres y máquinas, con estabilidad de precios y equidad? Ojalá.
(*) Ph.D. en Economía
Profesor, Pontificia Universidad Javeriana
Por césar ferrari (*)
