La mala energía del Cauca

Una de las empresas más polémicas que ha tenido el departamento del Cauca en su historia ha sido Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca). Fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en 1999 y sólo hasta 2007, mediante un proceso de salvamento, fue entregada en licitación a la Compañía de Electricidad del Cauca (CEC), para que ésta operara el servicio de distribución y comercialización de energía en el departamento, pero por inconsistencias en la ejecución se le canceló el contrato. Posteriormente, Cedelca regresó a manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, encabezada por Eva María Uribe y con María Teresa Cabarico como agente especial.

No obstante, una gran parte de la opinión pública le solicitó al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, la devolución de la empresa y el manejo del negocio de la energía a los caucanos. La respuesta del presidente se conoció en un acto público en el aeropuerto de Popayán: allí, junto a Julio César Turbay Quintero, entonces contralor general de la República, cesó la intervención, devolviéndoles a los caucanos una empresa reestructurada, entregada al sector privado, que hoy se divide en tres empresas. Una de ellas es la Compañía Energética de Occidente, encargada de comercializar y distribuir la energía, cuyo mayor inversionista es Promigas, empresa que en 2011 fue adquirida por el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento.

La segunda empresa está conformada por algunos de los extrabajadores que constituyen la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN), cuya organización es el resultado del negocio que hizo el gobierno de Uribe con los sindicalistas de la entonces intervenida Cedelca, a quienes la empresa finalmente liquidó. La UTEN es la encargada de administrar y comercializar uno de los mayores activos de Cedelca: las plantas generadoras de energía.

La ultima parte del negocio la conforma la propia Cedelca, que aún existe y recibe mensualmente más de $110 millones por el canon de arrendamiento que le pagan.

Después de todo el revuelo que generó en el Cauca la crisis de Cedelca, María Teresa Cabarico le hizo entrega en enero de 2011 a Manuel María Mosquera, quien fue elegido como gerente por decisión de la junta directiva de la empresa y por recomendación del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, según las propias palabras de Mosquera.

Detrimento patrimonial

Entre las muchas actuaciones del gerente que han causado polémica se cuenta la venta de la microcentral Patico La Cabrera, ubicada en el municipio de Puracé, de la cual Cedelca tenía el 30% de las acciones. El resto era del grupo Sánitas (Colsánitas), que había hecho una sociedad con Cedelca, llamada en su momento Genelec.

Lo cierto de este asunto, que hoy podría sumarse a la lista de actos investigados por la Procuraduría General de la Nación, es que la microcentral Patico La Cabrera, cuyo potencial de generación es superior a los 12 megavatios, estaba avaluada, según consta en los libros de la propia Genelec, en $18 mil millones hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, después de que la Superintendencia de Servicios Públicos renunciara a los derechos preferenciales de Cedelca en 2010, se firmó con una sociedad llamada Gelec la promesa de compraventa por valor de $6 mil millones.

El proceso

Manuel María Mosquera es poco conocido en el Cauca; sin embargo, de quien sí se tienen bastantes referencias es de su padre, también llamado Manuel María, quien fuera el dueño de una de las minas de azufre más poderosas del departamento en su momento, la mina de azufre de Puracé.

Si bien en ninguno de los documentos aparece involucrada la firma del gerente en la venta de la microcentral Patico La Cabrera, lo que se sabe es que Mosquera supo del negocio el 23 de marzo de 2011, cuando en asamblea general de accionistas Sánitas le informó que la sociedad Genelec estaba en liquidación; diez días después de que el grupo Sanitas hubiera hecho el negocio a sus espaldas, según sus declaraciones, con Gelec, una empresa de tres payaneses de quienes también es el centro comercial Campanario, el más importante de la ciudad.

Se trata de Jorge Sair Naranjo, Francisco Salamanca y Hugo Eduardo Muñoz, quienes finalmente cerraron el negocio en octubre de 2011, siendo gerente de Cedelca Manuel María Mosquera, quien estaba enterado del asunto desde el mes de marzo del mismo año. Sin embargo, su pronunciamiento en defensa del patrimonio de la empresa salió a relucir apenas hace un mes, una vez el ingeniero civil Santiago Zambrano Simmonds hiciera la denuncia en una de sus columnas publicadas en el diario regional El Liberal.

Pero el asunto va más allá. Aparte de su silencio inusitado, Mosquera también le había firmado un contrato a uno de los socios de la empresa compradora de Genelec, Hugo Eduardo Muñoz, por $35 millones, para levantar un inventario de bienes de Cedelca S.A. ESP. Ese contrato fue ejecutado durante junio y agosto de 2011, tiempo en el que aún no se finiquitaba la venta de la microcentral Patico La Cabrera y en el que, según Zambrano Simmonds, Cedelca hubiera podido ofrecer comprar la microcentral a un mejor valor, para garantizarle al Cauca mayores recursos económicos por la generación de energía.

La defensa de Mosquera aduce que el negocio se hizo en la administración de María Teresa Cabarico, quien le dio el poder al entonces jurídico de Cedelca, Diego Fernando Muñoz Robles, para que asistiera a la asamblea de accionistas de Genelec en 2010, donde finalmente Cedelca le dio vía libre a Sánitas de que vendiera Patico La Cabrera al mejor postor.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, ha traído el tema a discusión y ha planteado una demanda contra el negocio y el consiguiente trámite conciliatorio. Así el panorama, Cedelca no sólo vuelve a estar en la mira de la Procuraduría, sino de la comunidad, la que hace unas semanas se movilizó en todos los municipios del departamento exigiendo el regreso de la empresa a manos de los caucanos.