Las actividades que permiten que a las mesas de los colombianos lleguen los alimentos —como la agricultura, ganadería y pesca— han sido protagonistas del desarrollo económico del país desde los días de pandemia.
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Sin embargo, en medio de la abundancia de las cifras macro, el crecimiento y las bonanzas no han llegado de forma equitativa al campo, en donde muchos de sus habitantes tienen problemas para salir de la pobreza y alimentarse de forma adecuada y regular.
Un síntoma de esta realidad es que el país atraviesa el segundo paro arrocero del año, con bloqueos viales en ocho departamentos. Los productores piden, principalmente, un precio justo para el arroz y que su actividad sea rentable.
Esta es, quizá, la gran paradoja del campo: quienes sostienen la seguridad alimentaria y son protagonistas del crecimiento en el PIB son, a su vez, los más vulnerables.
Es en la ruralidad en donde se presentan las peores condiciones en temas como alimentación, pobreza monetaria, multidimensional, desempleo, informalidad laboral…
📊 Crecimiento, ¿para quién?
Para entender esta dualidad vale la pena revisar qué ha pasado con la economía del sector agropecuario. Para 2024 el renglón fue el que más creció —con 8,1 %— y el que más aportó al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que fue de 1,7 %. Para el primer trimestre de este 2025 se mantiene en el segundo lugar de aumento, con 7,1 %, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos del segundo trimestre serán revelados a mediados de agosto.
Al revisar en detalle los números, los renglones del agro que más crecieron en los tres primeros meses del año dentro del agro son: cultivo permanente de café (31,3 %), ganadería (8,9 %), seguido por silvicultura (11,4 %) y pesca y acuicultura (18,2 %).
Los principales mecanismos que explican el dinamismo del sector son el incremento de los precios (especialmente en el café) y la mayor demanda de los hogares.
Para el caso del café, Ángela María Penagos —directora de la oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Bogotá— explica que la combinación entre altos precios internacionales del café y la depreciación del peso colombiano llevaron a precios internos históricos del grano. Aunque ya se han ido estabilizando.
Al desagregar los cultivos, los granos de cacao y el café pergamino son los que más crecen con un 33,3 % y 32,9 %, respectivamente en el primer trimestre del año. Esto se explica gracias a la bonanza en precios que llegó luego de que los mayores productores en el mundo tuvieran problemas de producción por cuenta del clima.
Aquí es importante decir que, como lo ha mostrado la historia varias veces, depender de una bonanza no es una estrategia de país, por un lado. Y, por el otro, estos tampoco son cultivos que aporten a la seguridad alimentaria.
Otra razón que da Penagos para el dinamismo del sector es que los hogares también están aumentando su demanda de productos. Esto “llevó a un crecimiento del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas de 4 % para el primer trimestre del 2025”, agrega.
Aunque estas son buenas noticias para el renglón agropecuario, no todos se benefician porque el crecimiento llega de manera desigual. Hay una concentración de los ingresos y gran parte de las ganancias van a los monocultivos de la agroindustria, con la notable excepción del café, ya que 96 % de los productores son pequeños, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
Para los demás casos la realidad es otra. “Cerca del 80 % son pequeños campesinos y son los que están por fuera del sistema, enfrentan restricciones económicas y de seguridad para lograr un buen nivel de vida”, destaca Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.
🍽 Producir no alcanza para comer
La brecha es amplia entre la agroindustria y los pequeños productores rurales, que son los responsables del 70 % de la producción de alimentos frescos en Colombia, de acuerdo con la UPRA (Unidad de Planeación Rural Agropecuaria). Muchos de ellos cultivan alimentos incluso en el límite de la rentabilidad, con el riesgo latente de generar pérdidas, como ha sido el caso de los yuqueros en los últimos años o de los arroceros.
El DANE apunta a que 43,6 % de las personas que se reconocen como campesinos se dedican a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Y aunque el sector creció económicamente, permanecen las dificultades para generar ingresos. Esto se expresa en las brechas de la calidad de vida de las personas en ruralidad, en comparación con las ciudades.
Una muestra de ello es lo que sucede con la pobreza multidimensional, que mide las carencias de los hogares respecto al acceso a la educación, salud, trabajo, bienestar de la niñez y condiciones físicas de la vivienda. Mientras que en los centros urbanos el indicador fue de 7,8 % en 2024, para la ruralidad de ubicó en 24,3 %: una diferencia de más del triple, según las cifras del DANE.
Al respecto, Felipe Roa-Clavijo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, sostiene que hay pobreza en el campo porque no hay suficiente desarrollo socioeconómico, inversión pública y privada. “Son territorios que hemos dejado atrás”, resalta.
El panorama es más desalentador cuando se revisan los datos de inseguridad alimentaria, que para 2024 dio cuenta de la gran paradoja: descenso del indicador en las ciudades, pero aumento en el campo, según cifras del DANE y la FAO.
Entre 2023 y 2024, la inseguridad alimentaria moderada y grave pasó de 32,5 % a 34,2 % en el campo. Mientras que en las áreas urbanas pasó de 26,8 % a 23 %.
Las razones detrás de dicho incremento tienen que ver con los efectos climatológicos extremos, como el fenómeno de El Niño y con el impacto del conflicto y los desplazamientos en las zonas rurales. “En lo rural sigue siendo sumamente prioritaria la inversión en resiliencia para hacerle frente a los choques climáticos y trabajar en la consolidación de procesos de paz”, asegura Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia.
La posibilidad de conseguir alimentos, por obvio que suene, está vinculada a los ingresos de un hogar para comprarlos. Pero, si una familia es productora de comida, debería tener mejor acceso a ella. Aunque también suena obvio el asunto, la ecuación ni es tan sencilla, ni produce el resultado que se antoja como evidente.
“No es cierto que todos puedan tener una huerta, la situación de los pobres de la ruralidad es que no tienen ningún activo, son prácticamente indigentes, jornaleros que viven de vender su mano de obra”, explica Penagos.
A ello Roa-Clavijo agrega que muchas de las tierras en las que se cultiva son arrendadas, por lo que a los productores no les sale rentable invertir en cultivos permanentes (como frutas) que se demoran años en ser productivos. En cualquier momento el dueño puede solicitar que regresen la propiedad o no renovar el arrendamiento y el campesino habría perdido su inversión.
🚜 Empleo rural: informalidad e inseguridad
Son varios los factores que explican por qué los pequeños agricultores se han quedado al margen de la dinámica productiva, pese a su gran importancia alimentaria. Pero hay uno que resulta central: el empleo.
El 54,9 % de la población que se reconoce como campesina trabajó por cuenta propia durante el primer trimestre de 2025, según el DANE. Esto implica un alto nivel de informalidad, que se consiga empleo “dos o tres días a la semana y el resto del tiempo lo dedica a su parcela realizando algunas otras labores”, relata Nilson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Los números hablan del primer trimestre del año, pero esa realidad cubre un espectro de tiempo tanto más amplio.
Liz añade que los pequeños cultivadores no pueden acceder a asistencia técnica y crédito, por lo que su subsistencia depende de los jornales que consigan. Eso representa entre $300.000 y $400.000 mensuales, menos de la mitad del mínimo. En la tierra propia se siembra lo que se puede (yuca, plátano y café), pero no hay capacidad financiera para ampliar esta operación.
A esto se le suma el hecho de que es un sector que funciona por temporadas, por lo que la contratación del personal es necesaria en momentos puntuales de cosecha, lo que afecta la generación de ingresos permanentes de esas personas, apunta la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
Además, los ejercicios de transformación de la materia prima son los que más valor le dan a la mercancía, pero para ello se necesita agroindustria exportadora, que puede ser cooperativa. Y la informalidad es mayor porque las políticas han tenido como benefactores a la industria y al encadenamiento productivo de gran tamaño, pero no han sido exitosas en generar valor a partir de las industrias campesinas, puntualiza Duarte.
A las pocas fuentes de ingresos que hay en la ruralidad se le suma la presión que generan los cultivos de uso ilícito. Liz recuerda que en los momentos de bonanza de este tipo de sembrados pagaban los jornales entre $120.000 y $150.000 al día, precios contra los que era muy difícil competir, pues los agricultores podían pagar entre $40.000 y $60.000.
“El campesino que vio esperanza en la hoja de coca porque le pagaban bien, ya no la tiene”, sostiene. Y reconoce que la crisis de inseguridad en los territorios es muy compleja.
Esa inseguridad es otro obstáculo para el acceso de alimentos porque implica que las poblaciones sean desplazadas o confinadas, afirma el docente de Los Andes. También dificulta la comercialización de la comida porque afecta su tránsito y hasta impide que el Gobierno pueda llegar a los territorios con programas que alivien las condiciones de producción y alimentación de la población.
En últimas, los habitantes del campo son más vulnerables que los más vulnerables de la ciudad, en palabras de Duarte.
👩🏼🌾 ¿“Descampesinar” el campo?
Las barreras, brechas y dificultades que tiene el campo colombiano no son una novedad. Son consecuencia de unas deudas históricas que el Estado no ha podido —o querido— pagar y los indicadores rurales reflejan la necesidad de políticas públicas acordes con la deuda que se tiene con el campesinado, considera Liz.
Si bien desde la ANUC dicen que un logro es haber reconocido al campesinado como sujeto de derechos e incluirlo en el plan de desarrollo, el proceso está a medias porque no se ha reglamentado ni se le asignaron recursos.
Y es que las necesidades de la población pasan por la reforma agraria, la articulación de la producción en las cadenas de mercado, transformación de productos, inversión en vías terciarias, acceso a créditos, asistencia técnica, entre otros.
“El problema no es solo del empleo, hay que fortalecer la economía campesina que produce a pérdidas para alimentar a las grandes ciudades. El Gobierno debe mirar cómo subsidiar la producción porque el campesinado cada día tiene menos opciones. No se puede producir a pérdidas porque así se va a descampesinar el campo y tendremos que importar más productos para alimentarnos, desde lugares que sí la subsidian”, sentencia el líder campesino.
De hecho, la migración de los jóvenes del campo a la ciudad es una de las mayores preocupaciones del sector agropecuario. Pero es difícil retenerlos si no hay oportunidades laborales, conectividad y acceso a servicios básicos.
💸 Pagar la deuda con el campo
La brecha que hay en la ruralidad abarca el acceso a educación, empleo, salud, conectividad, vías de acceso, seguridad... en otras palabras, la presencia del Estado.
Para lograrlo, Roa-Clavijo asegura que no hay que inventarse nada más, pues todas las soluciones ya están plasmadas en la Reforma Rural Integral (RRI), que es el primer punto del Acuerdo de Paz que firmó el Gobierno con las extintas FARC.
Tras más de 8 años —de los 15 que tiene de plazo la implementación—, los 9 pilares de la RRI presentan un avance del 55,29 %, según datos del Departamento Nacional de Planeación. Este es el progreso de cada uno, con corte al 31 de mayo de 2025:
- Planes Nacionales para la RRI (46,7 %)
- Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo (50,6 %)
- Infraestructura y adecuación de tierras (67,7 %)
- Salud (24,8 %)
- Educación (56,8 %)
- Vivienda (39,2 %)
- Producción agropecuaria (58,4 %)
- Garantía progresiva al derecho a la alimentación (74,4 %)
- Planes para la transformación regional (78,5 %)
El docente de Los Andes considera que falta mayor compromiso con la implementación de dicho plan y que es necesario que los gobiernos locales y departamentales también se comprometan.
De otro lado, Penagos apunta a que una forma de generar ingresos para la población rural es fortaleciendo la industria de alimentos. Se debe tecnificar la actividad de modo tal que los pequeños productores se inserten en ese sistema porque muchas veces no tienen tierra suficiente para producir a escala.
De fondo, los problemas del campo no se solucionan en una administración. Pero también resulta evidente que la paradoja entre ser motor económico y sede de las peores desigualdades en el país ha sido una constante de toda la vida republicana de Colombia, prácticamente.
¿Se quiere un país diferente? Bien vale la pena empezar por repensar el campo.
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