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Este jueves, la Procuraduría General de la Nación adelantó una inspección en las oficinas de Ecopetrol. Según lo informado por el ente, se trató de un ejercicio de vigilancia preventiva en el que se buscó recabar información sobre la gestión contractual de la empresa para atender la demanda del mercado del gas.
“La visita tiene por objeto recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre el asunto mencionado, para lo cual esta procuraduría delegada requerirá información y documentación, formulará inquietudes y preguntas, y presentará observaciones, recomendaciones y sugerencias”, detalló.
Sobre esto, Ecopetrol informó que había solicitado el acompañamiento de los entes de control para el desarrollo de este proceso de contratación, que entregará la información que le sea requerida, así como las aclaraciones a que haya lugar sobre el proyecto de regasificación.
“La empresa está entregando la información detallada de los procesos, de acuerdo con los principios de transparencia y oportunidad, que rigen sus actuaciones”, detalló Ecopetrol.
La compañía también dijo que el respeto a las autoridades y a la ley es una prioridad para la organización, por lo cual la inspección será atendida con toda la diligencia. Señaló que a la visita también asistió el presidente de Hocol, quien dio las declaraciones correspondientes a este proceso.
La Procuraduría, por su parte, puso de presente que el alcance y límites de esta actuación busca anticiparse y evitar hechos que afecten los derechos de las personas al detectar y advertir riesgos en la gestión pública.
El 23 de septiembre también se conoció que la Procuraduría adelanta una investigación contra dos directivos de Ecopetrol. Se trata de Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, ambos integrantes de la junta directiva.
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Como lo explicó este medio, estos dos altos funcionarios fueron vinculados a la investigación disciplinaria que se adelanta al presunto entramado criminal relacionado con un contrato celebrado con la firma Covington & Burling LLP.
Dicha contratación fue por un valor superior a cinco millones de dólares (cerca de $19.500 millones), y su objeto sería el de evaluar los impactos reputacionales derivados de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre las presuntas irregularidades en la contratación del transporte aéreo de la compañía.
Sin embargo, el alcance del contrato se amplió posteriormente para incluir la revisión de comunicaciones internas de más de 70 funcionarios, interviniendo la comunicación de dichos empleados. La situación encendió las alarmas en la Procuraduría, pues incluso se llegó a hablar de posibles “interceptaciones” irregulares a funcionarios.
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