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El empresario panameño y sueño de Almacenes La Riviera, Abdul Waked, interpuso una demanda en contra del estatal Banco Nacional de Panamá (BNP) por "daños y perjuicios, más intereses", en referencia a las acusaciones que derivaron en la inclusión de la compañía en la Lista Clinton.
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La demanda fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y busca una indemnización por US$1.268 millones.
En un comunicado, La Riviera argumentó que los señalamientos fueron injustos y que no había ningún cargo ni proceso en su contra. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de prohibir a sus ciudadanos hacer negocios con la empresa, dada a conocer en mayo de 2016, “fue avalada en todo momento por el gobierno de Panamá”.
La Riviera alega que dicha posición “ha provocado la pérdida de más de 1.300 empleos en varios países del continente, incluyendo a Colombia, el cierre de 105 establecimientos y un altísimo daño en la imagen del reputado empresario y su familia”. Además, relata que, tras la inclusión en la lista, al empresario le cerraron la puerta el sector financiero y diversos proveedores.
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por su sigla en inglés) del Tesoro estadounidense, señaló la supuesta existencia de la Waked Money Laundering Organization (Red Waked de Lavado de Dinero) en al menos 68 entidades de Abdul Waked y su sobrino Nidal Waked (Grupo Wisa S. A.), las cuales quedaron en la Lista Clinton.
El informe de la Ofac consigna: “El nacional panameño-colombiano-español Waked Hatum y el nacional panameño-libanés-colombiano Waked Fares administran conjuntamente la compañía Waked, la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, tales como facturas comerciales falsas; contrabando de efectivo; y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones…”.
Así mismo, una Corte del Distrito Sur de la Florida por lavado de activos, dijo que su red se consideraba una de las más especializadas, al tener un montaje de facturación falsa y de contrabando de dinero.
Sin embargo, a finales de 2016 el Ministerio Público de Panamá anunció que no seguiría investigando a los dueños de La Riviera porque no había suficientes pruebas para continuar con la indagación preliminar que había encargado a una fiscalía especializada en delitos relacionados con drogas. En su momento el organismo dijo que “los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados”.
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“Pero nunca ha presentado ningún cargo en ese sentido contra Abdul Waked o cualquiera de sus parientes o directivos”, argumenta la demanda. También refiere que la decisión puso en peligro el empleo de al menos unos seis mil panameños y las entidades que se liquidaron tras recibir sanciones extraterritoriales de Estados Unidos.