Opinión

La ruralidad en Colombia y la seguridad alimentaria en el marco de la pandemia

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El asunto implica abordar el comportamiento de los circuitos de comercialización, la conectividad y la posibilidad de que estos se adapten a la nueva realidad. Parece un desafío grande, a causa del rezago en el que han permanecido las comunidades rurales y sus territorios. El reto requiere de un gran pacto intersectorial por el desarrollo rural en el país.

Al abordar el tema de la ruralidad en Colombia, de los campesinos y de la seguridad alimentaria no puedo evitar plantear la discusión desde la perspectiva de la desigualdad y de la falta de voluntad política e institucional frente a un grupo de colombianos y a unos territorios que siempre se han quedado atrás y bien atrás en todo tipo de definiciones políticas e institucionales.

En el mundo actual, este tema se vuelve a poner sobre la mesa porque existe la percepción de que podemos estar en riesgo de inseguridad alimentaria como consecuencia del COVID 19. La seguridad alimentaria se da por sentada para muchos ciudadanos colombianos y solo vuelve al debate público cuando se percibe que existe un riesgo. Lo bueno que generan las crisis, es que son oportunidades excepcionales para dirigir el foco hacia un tema que es constitutivo del desarrollo, de la sostenibilidad y de la equidad, y del que, además, dependemos en aspectos fundamentales de la vida.

Colombia, como buena parte de los países de América Latina, desde la segunda mitad del siglo XX, viene presentado un crecimiento de la población en zonas urbana, que consolida las ciudades como polos del crecimiento económico. Esto, en parte, se debe a la desagrarización de la economía nacional, a los beneficios de la aglomeración en términos de provisión a escala de bienes y servicios y en términos generales a las oportunidades laborales que ofrece una economía diversificada; en síntesis, la transformación productiva del país.

No obstante, al tiempo que esto ocurría, las zonas rurales empezaron a tener cada vez más vínculos con las urbanas y de alguna manera, aunque tímidamente, se incorporaron nuevas actividades a la economía rural. De esta manera, hacia finales del siglo XX, al tiempo que la agricultura se enfrentó a un proceso de globalización en donde buena parte de los alimentos y las materias primas se tranzan a una escala global, los hábitos de consumo y la forma de acceder a los alimentos cambiaron significativamente. Se incorporaron nuevos actores como los supermercados y las grandes firmas productoras de alimentos, los canales de distribución se sofisticaron, haciendo que en la canasta de consumo de alimentos entraran productos que no necesariamente hacen parte de la oferta nacional de producción.

La literatura ha documentado bastante bien dos elementos de estas transformaciones. En primer lugar, el hecho de que los sistemas agroalimentarios hoy en día se configuran alrededor de grandes centrales de distribución de alimentos y redes de supermercados. En segundo lugar, que la oferta de alimentos está determinada por un conjunto de actores globales, que dominan la producción y distribución de alimentos. De acuerdo con estudios recientes de Rimisp (2018), en Colombia, en los territorios identificados como urbano rurales, más del 90% de la compra de alimentos se realiza en supermercados.

Sin embargo, al analizar con más detalles los datos se hace evidente que entender la ruralidad implica conocer cómo está configurado el territorio. Desde hace un tiempo se advierte que el espacio rural se caracteriza porque confluyen en él múltiples dinámicas económicas, culturales, históricas, ambientales cuyo aspecto más relevante es el fuerte nivel de interdependencia y funcionalidad con lo urbano, aproximadamente el 10,6% vive en subregiones funcionales predominantemente rurales y un poco más del 34% en subregiones rurales e intermedias.

Por su parte, de acuerdo con la información del Censo Nacional Agropecuario (2014), se encuentra que que el 63% de las áreas sembradas en alimentos (descontando café, azúcar y palma de aceite) se concentran en lo que se reconoce como municipios rurales y rural disperso y esta producción se destina principalmente a centrales de abasto, comercializadores y grandes superficies que se encuentran en ciudades y grandes aglomeraciones. Al respecto, es importante resaltar que estos son los territorios menos conectados, con bajos niveles de empresarización y bancarización y limitadas capacidades asociativas. La Encuesta Nacional Agropecuaria (2019, primer semestre) encuentra que solo el 3% de la UPA tienen acceso a internet y el 7% tienen bienes TIC. Estas características nos advierten que, de no contar con infraestructura robusta de almacenamiento y canales de distribución de alimentos más descentralizados que se puedan adaptar a una situación como la generada por el COVID 19, se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria, particularmente de las ciudades que depende mucho de los mecanismos centralizados de distribución.

Por lo tanto, hablar de seguridad alimentaria en estos momentos implica abordar el comportamiento de los circuitos de comercialización, la conectividad y la posibilidad de que estos se puedan adaptar a la nueva realidad. Esta capacidad de adaptación está muy relacionada con la posibilidad real que tengan los productores agropecuarios, especialmente de los pequeños, de adoptar nuevas tecnologías, de desarrollar redes y de producir en la calidad y cantidad requerida. Parece un desafío bastante difícil de llevar a cabo, pues la sistemática situación de rezago en la que han permanecido estas comunidades y sus territorios puede indicar que la brecha se va a profundizar al no poder contar con las condiciones para enfrentar este choque. Más aun, en escenarios dominados por grandes jugadores que pueden quebrar el comportamiento de los mercados de alimentos.

En consecuencia, puede ocurrir lo mismo que pasó en la segunda mitad del siglo pasado, cuando las transformaciones en las formas de consumo y el incremento del consumo de alimentos no necesariamente se tradujeron en un beneficio para los habitantes rurales y para un mejoramiento sistemático de la productividad y rentabilidad de actividad agropecuaria y por el contrario la brecha se puede ampliar.

Por lo tanto, la política para garantizar un abastecimiento suficiente y estable requiere de un gran pacto intersectorial por el desarrollo rural en Colombia, buscando proveer condiciones de conectividad y de infraestructura a los territorios rurales para que la producción de alimentos y la operación de los sistemas agroalimentarios operen adecuadamente y podamos enfrentar los posibles efectos del COVID con más grados de libertad de acción.

*Directora Oficina Colombia. Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

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