Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está investigando a 86 funerarias, a nivel nacional, para verificar las condiciones e información que se ha suministrado a los consumidores acerca de las modificaciones y restricciones en los costos en la prestación de los servicios funerarios, así como de los canales de atención.
Lee también: Banco de la República aprueba nueva operación para inyectar liquidez
La investigación se dio luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas irregularidades como: demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobro adicionales, aprovechando la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19.
Además, se requirió a los prestadores de servicios funerarios para que informen sobre los procedimientos de bioseguridad. De acuerdo con la Guía GIPG08 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los prestadores de servicios funerarios deben cumplir con las recomendaciones frente al manejo seguro, transporte y disposición de cadáveres infectados por el virus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación.
“En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor podrán imponerse multas hasta por 2.000 SMMLV”, indicó la SIC.
Y también podrán imponerse multas hasta por 1.000 SMMLV en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento de la entidad.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.
Por Redacción Economía.
